Informe de Criminalización a defensores y defensoras de DDHH y de la naturaleza
Martes, 27 de Diciembre de 2011 21:04

El Dr. Fernando Gutiérrez concluyó la semana pasada sus funciones como Defensor del Pueblo del Ecuador con la presentación del informe temático titulado "Los Escenarios de la Criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un Estado Constitucional de derechos".A continuación encontrarán  sus conclusiones y el link para descargar libremente el informe completo.

 

icon LOS ESCENARIOS DE LA CRIMINALIZACIÓN: DESAFÍOS PARA UN ESTADO DE DERECHOS (1.44 MB)

 

CONCLUSIONES:

1. La Defensoría del Pueblo, a través de esta investigación, ha determinado la existencia de una política de criminalización que surge desde diferentes actores, tanto estatales como privados, frente a las omisiones del primero. La existencia de la política de criminalización se evidencia a través de tres elementos concurrentes:


a)  La intencionalidad del Estado: que se materializa a través de la criminalización primaria, es decir, mediante la construcción de un marco normativo que permite ejecutar acciones de disuasión, intimidación y deslegitimación de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

 

Otra de las formas que evidencia la intención del Estado es la apertura de procesos judiciales penales, en su mayoría, desde el Estado y la militarización, policialización y represión a las protestas de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. El sólo hecho de iniciar un proceso de investigación coloca a las personas en condición de sospechosas, que es un primer paso hacia la criminalización. Cabe destacar que en el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza esta sospecha se da por acciones tomadas en legítima defensa de los derechos humanos y de las naturaleza a las que se les atribuyen características y tipos penales criminales. Esta intencionalidad se concreta también a través del discurso que pretenden encasillar y estigmatizar a quienes mantienen posiciones críticas a la política imperante.

 

b)  Acciones de diferentes funciones y organismos del Estado: en los procesos de criminalización secundaria intervienen varias Funciones y actores del Estado. Así, por ejemplo, el Ejecutivo, a través del discurso define a los actores y a las acciones objeto de la criminalización, y busca deslegitimar el accionar de los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

 

La Policía y las Fuerzas Armadas, mediante el uso de la fuerza y represión de la protesta, vulneran los derechos de las y los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Adicionalmente, la Policía Nacional a través de la elaboración de Partes informativos y policiales, dan inicio a los procesos de investigación judicial, independientemente de la situación de la legitimidad de las actividades de defensa de derechos humanos y de la naturaleza. La Función Judicial mediante dos actores: la Fiscalía, que inicia los procesos de investigación preprocesal y procesal penal, y los órganos jurisdiccionales, que son los encargados de juzgar y, de ser el caso, emitir las sentencias cuando los defensores y defensoras de derechos constitucionales son sometidos a procesos de judicialización.

 

Cabe señalar que, además de las acciones concretas del Estado, éste incurre en omisiones que permiten a personas naturales y jurídicas particulares ser actores de la criminalización secundaria. Principalmente en los procesos judiciales penales, en los cuales son los particulares son los denunciantes y criminalizan el ejercicio de los derechos inherentes a la labor de los defensores.

 

c)  Acciones sistemáticas: La Defensoría del Pueblo ha encontrado que existe una serie de constantes en los casos de criminalización secundaria en contra de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Se evidencia que se disuade a quienes se oponen a actividades extractivas que causan perjuicios a la naturaleza y la sociedad.

 

La sistematicidad de las acciones del Estado es observable también en la recurrencia de los tipos penales como el sabotaje y terrorismo. Otro elemento de esta sistematicidad es la presencia de militares en distintas actividades vinculadas al desarrollo de proyectos extractivos e hidroeléctricos. Esta fuerza no interviene en otras protestas o manifestaciones de defensa de derechos, como por ejemplo laborales, pero su presencia es recurrente en estos casos por su condición de sectores estratégicos para el desarrollo, zonas de seguridad o zonas declaradas en emergencia

 

2. El marco normativo penal, especialmente en lo relacionado a la tipificación de los delitos de sabotaje y terrorismo, se enmarca en una visión de seguridad nacional que respondía al contexto interno de dictadura y al contexto internacional de la Guerra Fría. Estos acercamientos no encajan con las realidades actuales del país, los principios de la Constitución vigente y el marco normativo internacional. Esta construcción de tipos penales permite que manifestaciones en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza sean llevadas a procesos judiciales recurriendo a las figuras penales de terrorismo y sabotaje, disuadiendo a las personas de tomar parte en ellas.

 

3. La Asamblea Constituyente, en 2008, reconoció mediante resoluciones de amnistía, la legitimidad de las acciones de resistencia y protesta de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Por ello estableció que estas actividades no pueden ser sometidas al juzgamiento como delitos comunes. A pesar de este reconocimiento, formulado por un organismo dotado de plenos poderes, a partir del mismo año se iniciaron otros procesos judiciales y persiste la conducta de recurrir a aparatos estatales para disuadir y deslegitimar las acciones de estos defensores. Esto evidencia que el Estado no ha adoptado acciones que permitan la aplicación de las resoluciones de amnistías como precedente jurídico para casos similares que se han suscitado posteriormente.

 

4. La criminalización de las actividades de las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, por acción u omisión del Estado, vulneran su derecho a la libertad de expresión, manifestación pública y pacífica, de asociación, el derecho a la honra y a la dignidad y su derecho a la integridad física y psicológica, todo lo cual afecta el tejido familiar y social y el sistema económico en el que este se sustenta.

 

5. El informe evidencia que la criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza no es un tema jurídico que se resuelve con reformas legales ni en el espacio judicial. Más bien constituye un hecho político en cuanto se recurre al uso del aparato estatal, a través de órganos jurisdiccionales, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, para disuadir las diversas formas de expresión de quienes defienden los derechos constitucionales en contra de las políticas del gobierno.

 

6. El informe evidencia que los procesos de criminalización en contra de las diferentes formas de expresión de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza responden a una lógica que privilegia un concepto obsoleto de seguridad nacional, en desmedro de los derechos y garantías que tienen las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y la naturaleza.