México: Detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el Estado de Guerrero PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 29 de Febrero de 2012 17:58

ACCIÓN URGENTE

Miércoles, 29 de febrero de 2012

Referencias:

MEX 002 / 0112 / OBS 013.1

Caso MEX 210212

 

Sr.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,

Presidente de la República de México

Residencia Oficial de los Pinos

México D.F.

 

Señor Presidente:

 

Reciba un cordial saludo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, CEDHU, donde buscamos expresarle nuestra preocupación por información recibida de organizaciones de derechos humanos de México e internacionales, sobre dos situaciones que evidenciarían graves violaciones por la que solicitamos su intervención.

 

Primera Situación:

 

Del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" se conoció de la muerte de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por impactos de bala, ocurridas el 12 de diciembre de 2011, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron reprimidos violentamente por la policía federal y estatal, cuando realizaban una protesta pacífica en Chilpacinco, capital del Estado de Guerrero, para exigirle el cumplimiento a varias peticiones en materia de educación.

 

En el mismo contexto se detuvieron a 24 personas quienes recibieron malos tratos. En el caso de Gerardo Torres Pérez, de 21 años, afirmó haber sido torturado para inculparse de la muerte de los otros dos estudiantes. Fue detenido por miembros de la Policía Ministerial mientras permanecía acostado en el asfalto de la carretera, fue golpeado, posteriormente trasladado en una camioneta blanca tipo Pick Up, a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) donde fue golpeado violentamente en todo el cuerpo, azotado contra un lavabo, insultado y amenazado por miembros de la policía judicial del Estado. Luego es trasladado a una casa en las afueras de Chilpancingo, donde aparentemente fue violentamente golpeado, amenazado con un cuchillo y le obligaron a disparar con un arma de grueso calibre para implicaron en los disparos que provocaron la muerte de los dos estudiantes de Ayotzinapa. Finalmente fue liberado junto a las otras 23 personas detenidas, el 13 de diciembre de 2011.

 

Gerardo Torres presentó una denuncia ante el PGJE el pasado 19 de enero de 2012, por el delito de tortura cometida por miembros de la Procuraduría. Se solicitaron medidas cautelares en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las mismas que no han sido aplicadas. La CNDH, en las conclusiones preliminares de su investigación preliminar, documentó las torturas contra Gerardo Torres, además de los tratos crueles e inhumanos aplicados a las otras 23 personas. Así mismo, el indebido uso de las armas de fuego y uso excesivo de la fuerza pública en contra de los manifestantes.

 

De la información publicada en la prensa mexicana se conoce además que las balas que cegaron la vida de los estudiantes de Ayotzinapa son de armas la policía ministerial1, comunican además de irregularidades que pondrían al caso en riesgo de impunidad.

 

Así mismo la OMCT en declaración pública del 23 de febrero de 2012 exhortó a la CNDH a identificar todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante los hechos objeto de la investigación, deslindar las responsabilidades de los autores materiales así como de los cargos políticos que intervinieron en los hechos y orientar a las autoridades pertinentes a asegurar una amplia participación de las víctimas en las indagatorias penales, además hacer amplia difusión de los resultados de la investigación ante la opinión pública y, subsecuentemente, dar seguimiento a sus recomendaciones, denuncias y quejas2.

 

Segunda situación:

 

Del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se conoció de la detención de Maximino García Catarino, defensor de derechos humanos del pueblo Na Savi (Mixteco), miembro de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuando el 21 de enero de 2012, elementos de la Policía Investigadora Ministerial de la PGJ del Estado de Guerrero se introdujeron de forma violenta a su domicilio, y se lo llevaron detenido sin dar explicaciones y sin mostrar la orden de la autoridad competente.

 

En el trayecto del camino hacia Ayutla, Maximino fue golpeado en diferentes partes del cuerpo a puñetazos y patadas por los elementos de la Policía Ministerial al no proporcionar información sobre el paradero de otros indígenas de la comunidad y otros dirigentes de la OFPM. El 23 de enero de 2012, García Catarino fue presentado ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Lic. Inocente Orduño Magallón, donde se le informó que en dicho órgano judicial se había dictado en su contra una orden de aprehensión dentro de la causa penal 04/2012, instruida por el delito de homicidio en contra del Sr. Juan Teodoro García. Cabe añadir que el Sr. García Catarino fue puesto a disposición judicial dos días después de su detención, lo que retrasó injustificadamente el momento en que efectuó su declaración preparatoria y se le puso a la vista la acusación.

 

El día 27 de enero de 2012 terminaba el plazo constitucional de 144 horas dentro del cual el juez competente debía resolver la situación jurídica de Maximino García Catarino, ese día el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Lic. Inocente Orduño Magallón, determinó ordenar la prisión preventiva del Sr. García Catarino, a pesar de los elementos de prueba que acreditan que el día en que se cometió el crimen que se le imputa, éste se encontraba en la ciudad de Ayutla realizando gestiones para su comunidad.

 

El 23 de febrero estaba prevista la audiencia de vista dentro del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión ante una de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, en Chilpancingo.

 

La Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a la que pertenece Maximino García, ha venido denunciando junto a Organización del Pueblo Indígena Mep´haa (OPIM), desde 1998, violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano, desde la masacre de El Charco. Anteriormente los miembros de esta organización Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron desaparecidos forzadamente en febrero de 2008, otro de sus miembros, Álvaro Ramírez Concepción, ha sido objeto de intento de asesinato. Por estos hechos Maximino García es beneficiario de medidas provisionales ordenada por la CoIDH.

 

Por los hechos descritos en ambas situaciones, la Cedhu expresa su total rechazo ante la violencia perpetrada en contra de la defensa de los derechos humanos, temiendo que sean estas actividades las que motiven las agresiones, ya sea en una manifestación o en la defensa formal desde las organizaciones. México ha registrado numerosos ataques a defensores, que ya ha cobrado la vida de muchas personas, solicitamos comedidamente a usted y a las autoridades del gobierno que preside, y a las del Estado de Guerrero, tomen las siguientes medidas urgentes:

 

  1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Gerardo Torres Pérez, de todos los demás estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, y de los testigos y sus representantes legales, quienes son integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan". De igual manera, tomar estas medidas en favor de Maximino García Catarino de todos los integrantes de la OFPM, de los defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y más generalmente de todos los defensores de derechos humanos de México;

  2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a la ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús y los actos de tortura sufridos por Gerardo Torres Pérez, de igual manera las agresiones llevadas a cabo contra Maximino García Catarino, conforme a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

  3. Ordenar de inmediato la liberación del Sr. Maximino García Catarino en la medida en que su detención es arbitraria y pretende meramente sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos;

  4. Otorgar a las víctimas de tortura en Ayotzinapa y familiares de los dos estudiantes asesinados, una adecuada reparación que incluya una rehabilitación y una compensación;

  5. Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, contra de Maximino García Catarino, los integrantes de la OFPM, contra los demás defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y más generalmente en México;

  6. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" (Art.1) y a "garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración" (Art. 12.2);

  7. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los pactos y convenciones regionales e internacionales de Derechos Humanos, ratificados por México.

 

Atentamente,

 

Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva

CEDHU

 

Carta con copia a:

 

Dr. Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior)

Lcda. Omeheira López Reyna, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB.

Lcda. Marisela Morales Procuradora General de la República, Procuraduría General de la República

Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero

Lic. Humberto Salgado Gómez, Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero

Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum)

Lic. Juan Manuel Herrera Campoular, Encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)

Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra

Sra. Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa