Colombia: Riesgo de Impunidad en asesinato de niños en Arauca PDF Imprimir E-mail
Jueves, 10 de Marzo de 2011 22:18
ACCIÓN URGENTE

Jueves, 10 de marzo de 2011

MILITARES-CASO-NIO-ARAUCA

Ref. Caso COL 091110.1.CC

 

Eco.

Juan Manuel Santos

Presidente de la República de Colombia

Palacio de Nariño

Santa Fé de Bogotá.

 

Sr. Presidente:

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, Cedhu, le expresa sus saludos, al mismo tiempo deseamos manifestarle nuestra profunda preocupación por el riesgo de quedar en la impunidad el caso de la violación sexual de dos niñas y el asesinato de tres niños, presuntamente por parte de miembros del ejército colombiano en municipio de Tame, Departamento de Arauca.

De acuerdo a la información recibida de parte del Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y su organización miembro, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), se ha puesto dificultades al proceso e investigación penal del asesinato de Yenni Narvei Torres Jaimes de 14 años, quien también fue violada sexualmente y sus hermanitos Yimmy Ferney, de 9 años y Yefferson Jhoan, de 6 años.

De las investigaciones que continúan abiertas ante la Fiscalía, han resultado en la acusación del Subteniente Raúl Muñoz, integrante de la Brigada Móvil número 5, perteneciente a la Octava División del Ejército Regular, como presunto responsable. Pero la audencia preparatoria que debió tener lugar el 22 y 23 de febrero de 2011 en el Juzgado Penal del Circuito de Saravena, fue finalmente suspendida después de varios intentos de la Defensa Militar (DEMIL) del Subteniente Muñoz para dilatar el proceso, lo que incluyó hasta la renuncia al poder la abogada defensora argumentado la negativa de la juez a suspender la audiencia. La audiencia deberá retomarse el 28 de marzo de 2011.

También se ha denunciado que desde finales del mes de enero del año en curso, la población de la comunidad de las veredas de Caño Camame y Caño Temblador, en Tame, han recibido repetidas visitas de personas civiles escoltadas por militares, presentándose como funcionarios de la Defensoría del Pueblo, pero sin presentar identificación alguna que confirmara su mandato. Estas personas realizaron varios interrogatorios a personas que ya han sido entrevistadas por la Fiscalía General de la Nación y en general a la población, sobre el caso de los niños asesinados, intimidando así a posibles testigos del caso.

Se ha informado además que, posteriormente a las denuncias de la población civil y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, la defensoría emitió un comunicado en el que entre otras manifiesta que: "(...) La Defensoría del Pueblo se permite informar que no ha destacado ningún funcionario a la zona rural del Municipio de Tame con el fin de adelantar ese tipo de diligencias (entrevistas) en compañía de unidades militares. (...)". Se ha denunciado que estas personas han estado igualmente investigando por otro caso de violación sexual de una niña, cuyo nombre no se ha informado, ocurrido el 2 de octubre de 2010 en la misma región. Según las informaciones, algunos militar intentan levantar falsos testimonios contra civiles, haciendo comentarios que intimidan aún más, y creando confusión entre la población de las comunidades afectadas.

Desde la Cedhu le exhortamos a considerar que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una práctica sistemática y generalizada, utilizada como medio de persecución social, política y como arma de guerra por todos los grupos que participan en el conflicto armado: guerrilla, grupos paramilitares e incluso ejército regular. A este respecto, en su Informe Alternativo presentado al Comité contra la Tortura, la Coalición Colombiana contra la Tortura, la OMCT denunció que "la mayoría de los delitos relacionados con la violencia sexual contra las mujeres [y las niñas] quedan en la impunidad, debido a los deficientes y casi nulos procesos investigativos, a la poca denuncia ocasionada por el temor, la falta de credibilidad en el sistema de justicia y el no reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos".

Recordamos además que Colombia es estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en su artículo 37 estipula que: "a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes [...]" y el artículo 34 que estipula que: "Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. (...)".

Como Cedhu nos embarga una seria preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de la niña víctima de los hechos del 2 de octubre y de su familia, de la familia de los niños Torres Jaimes, así como de los testigos de todos los hechos aquí denunciados y en general de la población civil, y solicita a las más autoridades municipales, departamentales y nacionales que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar las mismas.

Naciones Unidas ha realizado recomendaciones en el sentido de que "el Estado parte debe tomar medidas eficaces e urgentes para erradicar la violencia sexual, y en particular como arma de guerra. En particular, el Estado parte debe cumplir con el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional y que se investigue los casos relacionados. La violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser investigada, enjuiciada y firmemente sancionada. Se deben implementar medidas que garanticen la aplicación plena y sistemática de las instrucciones que obliguen a documentar señales de tortura o violencia sexual en los informes forenses". Asimismo, el Estado colombiano debe "garantizar los derechos de las mujeres afectadas por la violencia de los grupos armados al margen de la ley", a la vez que, de igual manera, "debe incrementar los recursos que se destinan a la recuperación física y psicológica de las mujeres y niñas que sean víctimas de violencia sexual".

Por tales motivos la Cedhu le solicita a las autoridades del Estado Colombiano a tomar las siguiente acciones urgentes:

i. Ordenar a quien corresponda tomar de manera urgente las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la niña víctima de los hechos del 2 de octubre y del padre de las otras tres víctimas arriba mencionadas, Sr. José Álvaro Torres, así como de los testigos de todos los hechos aquí denunciados;

ii. Poner fin a los actos de intimidación y hostigamiento contra la población civil y en particular contra los posibles testigos de los hechos aquí denunciados;

iii. Continuar llevando a cabo una investigación y que esta sea independiente, eficaz, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados, en particular al asesinato de los tres niños, los hermanos Yenni Narvei, Yimmy Ferney y Yefferson Jhoan Torres Jaimes y al abuso sexual cometido contra la niña Yenni Narvei Torres Jaimes y contra otra niña (en hechos del 2 de octubre de 2010), investigaciones cuyos resultados deben hacerse públicos con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iv. Otorgar a la niña víctima de los hechos del 2 de octubre de 2010, así como a la familia de los niños Yenni Narvei, Yimmy Ferney y Yefferson Jhoan Torres Jaimes, un recurso efectivo y una adecuada reparación que incluya una compensación y una rehabilitación así como una reintegración social;

v. Garantizar la implementación inmediata de las recomendaciones hechas por las Naciones Unidas para luchar contra la violencia sexual contra las mujeres y las niñas;

vi. De manera general garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población civil, en particular de los menores de 18 años en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificadas por Colombia.

 

Atentamente,

 

Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu

 

Carta con copia:

 

Sr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República

Sr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justicia

Sr. Hernán Jaime Ulloa Venegas, Director del Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Sr. Carlos Julio Castillo Beltrán, Coordinador de Área de Atención y Prevención, Programa de Política Pública en Derechos Humanos

Sra. Vivianne Morales Hoyos, Fiscal General de la Nación

Sra. Elena Ambrosi Turbay, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa

Sr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación

Sr. Volmar Antonio Pérez Ortíz, Defensor Nacional del Pueblo

Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra.