Desalojos en Guatemala deja a 800 familias sin hogar ni cultivos PDF Imprimir E-mail
Jueves, 24 de Marzo de 2011 19:38
ACCIÓN URGENTE

Miércoles, 23 de marzo de 2011

 

Sr.

Álvaro Colom

Presidente de la República de Guatemala

Casa Presidencial

Ciudad de Guatemala

 

Señor Presidente:

 

Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, Cedhu, le extendemos el más cordial saludo y al mismo tiempo le solicitamos tomar acciones frente a la violencia contra 14 comunidades de indígenas q'eqchíes del Valle del Polochic, Municipio de Panzós, en la región de Alta Verapaz, además de un generalizado hostigamiento hacia defensores de derechos humanos.

 

Información proporcionada por organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH; la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, y su organización miembro Antena Internacional, además agencias de prensa latinoamericana como PULSAR, indican que fuerzas de seguridad pública, privada y fuerzas militares han desalojado violentamente a las comunidades de Miralvalle, Agua Caliente, Quinich, Ocho de Agosto, Bella Flor, Tinajas, El Recuerdo, Xenajú y Paraná, dejando heridos y una víctima mortal.

 

El 15 de marzo durante el desalojo forzado en la comunidad de Miralvalle las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon indiscriminadamente a los campesinos, entre ellos también mujeres y niños, causando la muerte de Antonio Beb Ac, uno de los campesinos presentes, e hiriendo a otros más.

 

El 16 y 17 de marzo de 2011, cerca de las 15h30, llegaron a la comunidad de Quinich alrededor de 500 elementos de las fuerzas armadas, entre los que se encontraban 50 campesinos disfrazados como policías y militares contratados por la empresa Chabil Utzaj (la reclamante de los terrenos), para destrozar las siembras y casas que también fueron quemadas.

 

En la comunidad de Bella Flor el terror llegó el 17 de marzo de 2011 para 36 familias que habitaban en el lugar y que fueron desalojadas sin presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PHD). Aunque el Fiscal del Ministerio Público había dictaminado una hora para que las familias puedan recoger sus pertenencias, esto no les fue posible porque el destrozo de las viviendas y cultivos comunales empezó a los 40 minutos. Las personas desplazadas no tuvieron otra opción que retirarse hacia la carretera.

 

Ese mismo día, los señores José Gabriel Cubur, comunicador social e integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), Abelino Choc, integrante de la Fundación Guillermo Toriello (FGT), y Carlos Paredes, miembro de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), quienes se encontraban acompañando a los perjudicados y documentando los desalojos en las comunidades Ocho de Agosto y Bella Flor , fueron amedrentados y amenazados. José Cubur fue agredido por el dueño de la empresa Chabil Utzaj, Carlos Widman. Se teme además, que pese una orden de captura contra los señores Choc y Paredes, pues al día siguiente llegaros hasta sus respectivos domicilios fuerzas militares y policía, sin lograr localizarlos.

 

El 20 de marzo el Sr. Carlos Pop Cup resultó herido en la comunidad de El Recuerdo, junto a otros comuneros intentaron cosechar su maíz, como habían acordado en actas levantadas por el Fiscal, cuando miembros de la seguridad privada de la empresa Chabil Utzaj le dispararon. El Sr. Pop Cup permaneció varias horas sin atención médica porque tampoco se les permitió a sus compañeros brindarle tal auxilio.

 

Las personas que ocuparon estas tierras habrían sido previamente desplazadas o son sobrevivientes del conflicto armado, según las informaciones recibidas, estas comunidades organizadas intentaron entablar un diálogo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para comprar y recuperar las tierras no usadas, una vez que estas se fueron puestas a subasta. Pero el Fiscal ignoró el proceso y ordenó el desalojo forzoso.

 

Preocupa además la posición del Gobierno Guatemalteco expresada en el comunicado del 17 de marzo donde anuncia la implementación inmediata de todos los desalojos y la congelación del diálogo con organizaciones sociales que desarrollan medidas ilegales y de hecho, buscando así criminalizar las protestas y las medidas pacíficas de los campesinos. Así mismo se teme que la motivación de estas acciones sea política y económica, favoreciendo con estos hechos a grupos de poder.

 

Queremos recordarle que los desalojos forzados por sí mismos atentan contra los principios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), implican además graves violaciones de varios derechos humanos internacionalmente aprobados, aun así son solamente justificables en las circunstancias más excepcionales y dentro del total respeto de los estándares internacionales, a lo que las acciones narradas no corresponden. Estos principios también están demarcados en los recientes Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, preparados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada.

 

La Cedhu como organismo filial de la FIDH le solicita de la manera más comedida inicie las siguientes acciones urgentes:

1. Tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las familias de las 14 comunidades del Valle del Polochic, a los miembros de la CUC, FGT y ECAP, especialmente de los señores José Gabriel Cubur, Abelino Choc y Carlos Paredes y en general, de todos los defensores de derechos humanos de Guatemala.

 

2. Proporcionarle de manera urgente la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera el Sr. Carlos Pop Cup y a todas las personas que hubieren resultado heridas durante los hechos arriba mencionados.

 

3. Llevar a cabo una investigación inmediata, completa, independiente, efectiva e imparcial acerca de las circunstancias de la muerte del Sr. Antonio Beb Ac y las heridas causadas a numerosas personas y de las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante los hechos arriba denunciados y que las conclusiones de esta investigación sean publicadas, con el fin de identificar a los responsables llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.

 

4. Otorgar una adecuada reparación a la familia del Sr. Antonio Beb Ac, al Sr. Carlos Pop Cup y a las demás personas heridas durante los hechos arriba denunciados, incluyendo una rehabilitación y una indemnización.

 

5. Poner fin a todo tipo de hostigamiento, amenazas e intimidación contra todos los defensores de derechos humanos en Guatemala, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" (Art.1); a reunirse o manifestarse pacíficamente a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales (Art. 5.a); así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art.12.2);

 

6. De manera general garantizar en todo el país y en todas las circunstancias el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes internacionales sobre Derechos Humanos.

 

Atentamente,

 

Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

 

Carta con copia:

Sr. Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra.

Licenciado Luis Arturo Archila, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Licenciado Carlos Menocal, Ministro de Gobernación

Sra. Comisaría General Marleni Blanco Lapola, Directora General de la Policía Nacional Civil

Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH).

Licenciada Ruth del Valle, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH

Sr. Amilcar Velásquez Sárate, Fiscal General de la República, Jefe del Ministerio Público

Embajada de Guatemala en Bruselas