Desalojos provocados por la megaminería
Miércoles, 10 de Febrero de 2016 22:50

Sociedad civil y autoridades legislativas opinan sobre los desalojos en Tundayme

 

desalojos tundaymeDurante el último semestre se han perpetrado tres desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, con el objetivo de abrir el camino al proyecto Mirador de minería a gran escala, afectando a más de 30 familias. Los hechos no escaparon de la atención de organizaciones de derechos humanos, académicos y autoridades legislativas, que han organizado misiones de observación y veedurías.

 

El 30 de septiembre de 2015 ocurrió el primero de esta serie de desalojos. Trabajadores de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), con apoyo de la Policía Nacional, echaron abajo las casas de 16 familias. El 15 de diciembre y la madrugada del 16, desalojaron a 13 familias más, mientras que el 4 de febrero una anciana shuar de 107 años fue retirada del espacio que constituía su morada en la zona de San Marcos, luego de que años atrás su vivienda fuera incendiada por trabajadores de ECSA.

 

El 17 de octubre de 2015, representantes de la CONAIE, Inredh y la CEDHU y el asambleísta Milton Gualán visitaron el lugar y se entrevistaron con las personas afectadas, como resultado de lo cual las organizaciones mencionadas elaboraron ese mismo mes, un informe de Misión. Por su parte, el Colectivo de investigación y Acción Psicosocial (conformado por profesionales voluntarios) también presentó un análisis respecto a estos desalojos.

 

Por pedido de los pobladores de Tundayme, la Comisión de derechos colectivos de la Asamblea Nacional, conformó una subcomisión con los legisladores Christian Montenegro, Rita Matías, Betty Jerez y Zobeida Gudiño, para visitar la zona. El informe preliminar fue socializado el 3 de febrero de 2016, en el marco de la sesión ordinaria Nº 107 de la Comisión Especializada permanente de los derechos colectivos, comunitarios y la interculturalidad de la Asamblea Nacional, en su cuarto punto.

 

A la reunión fueron invitados Galo Armas, Viceministro de minería; Cristina Silva, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM; Inés Arroyo, Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria y el presidente de la Junta Parroquial de Tundayme, sin embargo, todas ellas se excusaron de asistir al evento.

El abogado de las comunidades afectadas comentó que el papel asumido por esa subcomisión fue el de mediadora. Cuestionó la falta de profundidad del informe, sustentado principalmente en documentación de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Mientras que algunas de las personas desalojadas expusieron sus desacuerdos con la falta de reubicación y de espacios para vivienda. Actualmente, han pedido posada en hogares de vecinos, ocasionando incomodad y hacinamiento. La subcomisión ofreció recoger estas inquietudes y corregir el informe.

 

El mismo 3 de febrero se presentó la publicación “Entretelones de la Megaminería en Ecuador”, un informe redactado por un equipo técnico de académicos con el apoyo de moradores y moradoras de Tundayme y que refleja las afectaciones a la población y al ambiente generadas por las actividades de ECSA en la zona, tales como acoso por parte de trabajadores de la empresa, deterioro en vías de comunicación, contaminación del agua, tensión por la muerte del líder shuar José Tendetza, en noviembre de 2014.

 

Las organizaciones de la sociedad civil y académicos que se han pronunciado por la situación en Tundayme, han encontrado una serie de incumplimientos por parte de la empresa ECSA que derivan en violaciones a los derechos humanos y de los pueblos, que deberían ser garantizados.