Solicitamos frenar la hidroeléctrica de Belo Horizonte PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 04 de Mayo de 2011 20:09

belohorizonteMiércoles, 4 de mayo de 2011

 

Honorable Excma. Sra.

Dilma Vana Rousseff

Presidenta de la República Federal de Brasil

Brasilia, DF, Brasil

Estimada Sra. Presidenta,

 

Reciba saludos cordiales de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador. Nos dirigimos a su Excelencia para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de abril pasado en favor de las comunidades indígenas, incluyendo en aislamiento voluntario, gravemente amenazadas por la construcción del Complejo Hidroeléctrico Belo Monte (Pará). También estamos ampliamente preocupados y sorprendidos por la reacción de su gobierno de amenazar con retirar el financiamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de retirar su candidato a la Comisión.

 

Por lo cual respetuosamente solicitamos que las medidas sean acatadas lo antes posible y que su gobierno reconsidere la decisión del retiro de los fondos a la Comisión. Esto respetaría los derechos humanos de los pueblos indígenas y del ambiente, derechos que Brasil ha defendido internacionalmente.

 

La Cedhu es una organización de la sociedad civil ecuatoriana que da acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos. Por ende es de nuestro mayor interés que una decisión de tan alto órgano de protección de los derechos humanos en la OEA se cumpla, para evitar impactos graves e irremediables en los derechos humanos. Especialmente teniendo en cuenta que Brasil es signatario de la Declaración y de la Convención Americanas de Derechos Humanos, donde se comprometió a respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, así como las decisiones de los órganos regionales que los protegen.

 

En noviembre de 2010, organizaciones locales de base en Brasil encabezadas por el Movimiento Xingú Vivo para Siempre, junto con comunidades y organizaciones de la sociedad civil de Brasil e internacionales, presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. Dicha solicitud documenta y analiza los problemas relacionados con el licenciamiento ambiental del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, enfatizando en la ausencia de un proceso de consentimiento libre, previo e informado y en respeto de las comunidades indígenas afectadas, como lo establece el artículo 231 de la Constitución del Brasil, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), tratados éstos dos últimos que fueron ratificados por Brasil.

 

Después de haber revisado cuidadosamente la petición presentada por las organizaciones, la CIDH otorgó la oportunidad al gobierno de Brasil para que presentara su perspectiva respecto a los hechos denunciados, el gobierno contestó en marzo de 2011. Una vez reunidos todos estos elementos, la Comisión concluyó que en efecto la aprobación e implementación del proyecto estaba desconociendo los derechos humanos de las comunidades afectadas por el complejo hidroeléctrico de la represa Belo Monte. Con base en ello, se justifica la solicitud de medidas cautelares. Ante esta situación, consideramos firmemente que la decisión de la Comisión fue apropiadamente argumentada e informada, tomando completamente en cuenta los argumentos de los demandantes y del gobierno de Brasil.

 

El 7 de abril de 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó una resolución apoyando la decisión de la CIDH[1]. Incluso el Ministerio Público Federal ha interpuesto varias denuncias en el mismo sentido que aún se encuentran pendientes de solución ante el sistema judicial brasileño. Así mismo, varios informes de agencias federales de Brasil, científicos, expertos y el Consejo Brasileño para la Defensa de Derechos Humanos (CDDPH), concluyeron que la planificación y concesión de licencias del complejo de la represa Belo Monte ha ignorado los posibles daños ambientales y la legislación sobre los derechos humanos, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

 

Brasil ha sido líder global en el cumplimiento de los retos del desarrollo sostenible en el siglo 21, incluyendo la organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) en 2012. Además, como anfitrión de la Copa del Mundo en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016, eventos que se ha anunciado se realizarán de manera sustentable. Por ello creemos firmemente que la negativa del gobierno federal a considerar las recomendaciones de la CIDH, como se concluye de las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty), y las retaliaciones al respecto contrarían a esta posición. Además, pondría en grave peligro los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas en la cuenca del Xingu, la efectividad de la Comisión Interamericana y el respeto a las normas, como también la perspectiva mundial de Brasil como un país comprometido con el multilateralismo y sus instituciones, incluyendo la CIDH.

 

Resaltamos que si bien el país requiere de desarrollo, éste no puede alcanzarse a costa de los derechos humanos y del ambiente. Para este tipo de proyectos hay innumerables alternativas y medidas de protección social y ambiental que evitarían los daños graves e irreparables que Belo Monte causaría. Por lo cual tenemos la confianza que Brasil los está en capacidad de implementarlas.

 

Considerando lo anterior, solicitamos respetuosamente a su gobierno que reconsidere su posición con respecto a la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en el caso de Belo Monte, así como su contribución a la Comisión. Ello en respeto de la Constitución brasileña, los acuerdos internacionales y de las instituciones multilaterales. Sería enormemente grave y sin precedentes que un país, especialmente de la importancia para la región como Brasil, tenga esta reacción con la Comisión. El Sistema Interamericano tiene varios otros mecanismos para que un Estado exprese su descontento, pero una reacción de esta magnitud la consideramos demasiado extrema y mina la protección de derechos humanos en el hemisferio.

 

Muchas gracias, por su atención a este asunto urgente. Esperamos con interés contar con su respuesta a la brevedad posible.

 

Atentamente,

 

Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

 

C.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.