Preocupación por criminalización a dirigentes indígenas PDF Imprimir E-mail
Viernes, 22 de Abril de 2016 21:32

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, expresa su preocupación por que en la Unidad Judicial Penal del Cantón Morona, en la causa N.- 14255-2016-00173, se convoca para el próximo lunes, 25 de abril de 2016, a Audiencia de formulación de cargos contra altos dirigentes del movimiento indígena.

 

A dicha audiencia en calidad de acusados por el presunto delito de paralización de servicios públicos, en el contexto del levantamiento indígena del 13 de agosto de 2015,se convoca a: Jorge Herrera Morocho, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE; Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, FICSH; Jaime Vargas, presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, NAE; Franco Viteri, presidente de la Conferación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, y a cinco personas más.

 

Las jornadas de movilizaciones del año 2015, convocadas por el movimiento indígena, organizaciones sindicales, entre otras; fueron objeto de represión que dejó como saldo varias personas heridas y muchas detenidas, contra las que se aperturaron procesos judiciales. Casos como 26 de Saraguro, siete de Pastaza y 21 del arbolito, son una muestra de ello. Siete meses después de aquel levantamiento indígena, se pretende iniciar un nuevo proceso y con ello, criminalizar a los más altos dirigentes.

 

Es preocupante que la criminalización continúe frente a la resistencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, que ven en esta manifestaciones, la única manera de exigir del Estado que cumpla con su obligación de efectuar la consulta libre, previa e informada en aquellas actividades extractivas que desarrolla en sus territorios y afectan a sus comunidades. La Corte Interamericana en la sentencia contra Ecuador en el Caso Sarayacu claramente dispuso que el Estado se encuentra obligado a consultar con las nacionalidades indígenas, disposición que a la fecha no se cumple, por lo que los pueblos indígenas se ven obligados a recurrir a la protesta pública exigiendo del Estado el respeto a sus derechos.

 

 

 

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