Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. 2011

Resumen:

El Gobierno del Ecuador, bajo la Presidencia de Rafael Correa, ha emprendido reformas de largo alcance para mejorar la protección de los derechos humanos, como la renovación constitucional, la reforma de las prisiones, un aumento del gasto en el sector judicial y en la protección de testigos, e iniciativas sociales y económicas para mejorar la situación de los ciudadanos más desfavorecidos. Muchos ministros están firmemente comprometidos con la causa de los derechos humanos. Sin embargo, el Ecuador tiene grandes problemas en lo que respecta a las ejecuciones extrajudiciales.
La tasa de homicidios se ha disparado en los últimos veinte años. El Gobierno ha adoptado medidas importantes para comenzar a abordar el problema de los sicarios, pero es necesario poner fin con urgencia a la práctica por la cual la policía y los fiscales se abstienen con frecuencia de investigar seriamente los casos en que la víctima tiene antecedentes policiales.

 

En el norte, el conflicto de Colombia se ha desbordado ahora hacia el Ecuador. El número de grupos armados ilegales que operan en la frontera ha aumentado considerablemente. Esos grupos han cometido actos de maltrato físico y homicidios de civiles. Las fuerzas armadas del Ecuador han tenido dificultades para reprimir a estos grupos, y en algunas zonas parecen no poder o no querer hacerlo. Por otra parte, también ha habido casos de malos tratos de civiles a manos del ejército.

 

Se ha dado gran cobertura a homicidios que, según los medios de comunicación y según funcionarios públicos, se han debido a la aplicación de la justicia indígena. Sin embargo, el Relator Especial no encontró prueba alguna de la comisión de ese tipo de homicidios en los últimos años. Los informes que indican lo contrario confunden la justicia formal aplicada con arreglo a las tradiciones indígenas, con los linchamientos, que son
ataques arbitrarios y vengativos contra un sospechoso de haber cometido un delito.

 

El linchamiento, la limpieza social y los abusos perpetrados por las juntas rurales constituyen problemas graves en algunas partes del país, pero estos son fenómenos sobre los que se informa poco y que no se han estudiado suficientemente.

 

La impunidad es una causa importante y un factor agravante de todos estos tipos de homicidios. La policía y los fiscales no cuentan, en muchos casos, con la formación y los recursos que necesitarían tener. Los testigos a menudo desconocen el programa de protección de testigos, o desconfían de él. Los tribunales son lentos. La corrupción y las amenazas son comunes en el sistema de justicia penal, y distorsionan la "justicia", en favor
de los violentos, los ricos y los poderosos.

 

La Comisión de la Verdad del Gobierno, que examinó las violaciones cometidas entre 1984 y 2008, constituye un importante golpe a la impunidad. Aunque algunos han cuestionado su composición y su independencia, la Comisión acumuló una cantidad inestimable de información sobre las violaciones perpetradas. Ahora es fundamental que se adopten las medidas correspondientes.

 

Para muchos de los que se ocupan de los derechos humanos a nivel internacional, el Ecuador es en gran medida terreno desconocido. A causa de ello, este país recibe escasa asistencia humanitaria, y son pocas las actividades de vigilancia y promoción que se realizan en él.

 

En las reuniones con altos funcionarios celebradas al término de su misión, el Relator Especial encontró gran receptividad a sus recomendaciones y conclusiones preliminares. En vista del compromiso general del Gobierno con la promoción de los derechos humanos, el Relator Especial confía en que las reformas recomendadas en el presente informe serán objeto de una atenta consideración.

 

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