VERDAD Y JUSTICIA. Informe de la Comisión de la Verdad. 2010

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Resumen Ejecutivo CVTomo1 CVTomo2

icon RESUMEN EJECUTIVO (13.35 MB)

 

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icon TOMO III (7.6 MB)

 

icon TOMO IV (11.06 MB)

 

icon TOMO V (34.53 MB)

 

 

INTRODUCCIÓN


Ecuador no ha estado exento de atropellos contra la dignidad humana perpetrados por agentes del Estado. En particular, durante el gobierno de León Febres Cordero se diseñó y ejecutó una política de Estado en cuyo marco, de manera sistemática y generalizada, se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Durante los otros gobiernos que se sucedieron, entre los años 1988 y 2008, también se registraron casos de violaciones de derechos humanos.

 

La Comisión de la Verdad del Ecuador se creó como resultado de un proceso histórico impulsado por diversas organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de éstas durante más de veinte años (Comité de Familiares de Presos Políticos, Comité de Familiares contra la Impunidad y en los últimos años EL Comité Ecuatoriano No Impunidad -CENIMPU-en el que a más de familiares se integraron también algunas víctimas directas) , que venían exigiendo al Estado ecuatoriano una satisfacción adecuada de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

 

Por esta razón y en virtud de la voluntad política del presidente Rafael Correa Delgado, el 3 de mayo de 2007 mediante decreto presidencial número 305 se creó la Comisión de la Verdad, con el propósito de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos” (art. 1º) . Los objetivos de la Comisión de la Verdad, según el mismo decreto fueron:

 

a.     “Realizar una investigación profunda e independiente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales, como el llamado caso Fybeca, así como las causas y circunstancias que las hicieron posibles.

b.    Solicitar la desclasificación de archivos del Estado que tengan carácter confidencial o de seguridad nacional.

c.     Promover un reconocimiento a las víctimas de dichas violaciones y diseñar las políticas de reparación.

d.    Recomendar las reformas legales e institucionales necesarias, así como los mecanismos efectivos para la prevención y sanción de las violaciones de derechos humanos.

e.     Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes” (art. 2º).

 

 

Las funciones de la Comisión consistieron en:

 

a.     “Establecer canales de comunicación y mecanismos de participación de la población, especialmente de la que fue afectada por la violencia.

b.    Gestionar ante el Ministerio de Gobierno las medidas de seguridad para las personas que a criterio de la Comisión, se encuentren en situación de amenaza a su vida o integridad personal.

c.     Entrevistar y recopilar información de cualquier persona en el país o en el exterior, de cualquier autoridad, funcionario o servidor público que se considere pertinente, así como tener acceso a cualquier archivo que se encuentre protegido con el carácter de confidencial o de seguridad nacional.

d.    Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que se considere pertinente. Para tal efecto, la Comisión de Verdad podrá contar con el apoyo de peritos y expertos para llevar adelante sus labores.

e.     Realizar audiencias y diligencias que estime conveniente en forma pública y/o reservada y garantizar la reserva de la identidad de quienes le proporción en información importante o participen en las investigaciones.

f.     Facilitar los mecanismos e información para lograr que las personas involucradas como presuntas responsables en pasadas violaciones de los derechos humanos sean sometidas a los procesos judiciales y las sanciones debidas por los organismos competentes.

g.     Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares.

h.    Manejar la información de los testimonios y documentos de manera reservada” (art. 4o).