Secretario General de la OEA cuestiona medida cautelar emitida por la CIDH en caso Belo Monte PDF Imprimir E-mail
Martes, 10 de Mayo de 2011 19:25

Una vez más queda demostrado que el capitalismo neoliberal necesita vulnerar derechos para mantenerse en nuestros países. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha cuestionado la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) que recuerda al gobierno del Brasil que deben detenerse las obras de la represa de Belo Monte en tanto no se realicen las consultas a los pueblos indígenas afectados por este megaproyecto.

 

Qué vergüenza: quien debería ser el guardián de los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos es el primero en cuestionarlo. Porque el Pacto de San José es un tratado suscrito por los Estados del continente. Pero para el Secretario General de la OEA, los derechos no deben aplicarse con la misma medida para todos. Los pueblos indígenas somos un obstáculo subsanable en nombre del "desarrollo". Como el personaje principal de Rebelión en la Granja de George Orwell, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros.

 

Qué vergüenza: el gobierno del Brasil ha amenazado veladamente con dejar de dar su aporte obligatorio a la OEA y sus organismos. No le gustó la medida cautelar de la CIDH, entonces ya no te doy dinero. Un chantaje: estás a mi favor o ya no cumplo mis deberes contigo. Como un marido celoso que presiona a su mujer para darle una manutención. Más vergonzoso todavía tratándose de un gobierno que se dice "progresista" o "de izquierda", pero que no ha hecho más que continuar expandiendo la hegemonía subregional de su país a través del financiamiento de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), los cuales vulneran sustancialmente los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas, no solo brasileros sino también del Perú y Bolivia, sobre todo los derechos a la autodeterminación y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

 

Dice Insulza, apoyando al gobierno del Brasil, que los derechos humanos de los pueblos indígenas no deben ser tratados con la misma importancia o seriedad que la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones derechos humanos. Entonces, ¿qué? ¿Los pueblos indígenas somos menos "humanos"? ¿No sabe el Secretario General de la OEA que la imposición de megaproyectos provoca desplazamientos forzados? ¿Ignora que los gobiernos, para esa imposición, recurren a la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas que defendemos nuestros derechos? ¿Y que esa criminalización implica precisamente torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, además de persecución y procesos judiciales?

 

Los derechos de los pueblos indígenas, señor Insulza, están establecidos por tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General en septiembre del 2007 y el Convenio 169 de la OIT, del cual los países del continente son Estados parte. La CIDH en el caso Belo Monte solo le ha dicho al gobierno de Brasil que cumpla sus obligaciones. Porque ese es el trabajo de los organismos internacionales: vigilar que los Estados cumplan con las normas que ellos mismos aprueban.

 

La OEA está también para eso, señor Insulza, usted es su Secretario General y ese es su trabajo. Y no lo es hacer todo lo contrario para favorecer la imposición de megaproyectos diseñados para continuar con el saqueo de nuestros bienes naturales y enriquecer a las grandes multinacionales. Su trabajo es buscar una relación respetuosa y equitativa entre los Estados americanos, no lo es favorecer la hegemonía de un determinado país sobre los otros.

 

La OEA, el Estado de Brasil y todos los Estados miembros deberían preocuparse más bien por aprobar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cuatro años después de la adopción de la Declaración de la ONU, sigue entrampándose por ese miedo a que derechos universalmente reconocidos sean una "traba" para su errado concepto de desarrollo. Un desarrollo inviable, que condena a nuestros países a economías primarias, que criminaliza, que depreda la Madre Tierra provocando la crisis climática más grande de la historia. Y cuya inviabilidad se manifiesta también en la grave crisis económica y financiera que afecta a los países desarrollados desde hace ya varios años.

 

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, condena la actitud del gobierno del Brasil y del Secretario General de la OEA, y expresa su solidaridad con los pueblos indígenas brasileros. Con ellos y con los pueblos indígenas de todo el continente seguiremos trabajando juntos hasta lograr el pleno ejercicio de nuestros derechos.

 

Lima, 10 de de mayo del 2011,

Miguel Palacín Quispe

Coordinador General CAOI

 

Ver:

http://www.alainet.org/active/46453

También:

Sacrificar los derechos humanos en nombre del desarrollo económico