Boletín de Prensa

 

 

Boletín de Prensa


Lunes, 8 de mayo de 2017


Implicaciones de la implementación de las recomendaciones realizadas al Estado ecuatoriano en el marco del Examen Periódico Universal

 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU; la Fundación Regional para la Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, Acción Ecológica, Fian-Ecuador; el Centro de Derechos Económicos y sociales, CDES; el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, CDH-PUCE; el Comité Permanente de Derechos Humanos del Guayas, CDHG y la Fundación Terra Mater, formamos una coalición de organizaciones de la sociedad civil que participamos activamente en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU), emitiendo nuestras contribuciones alternativas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en reuniones con diferentes embajadas y consulados  y en la presesión del 6 de abril en Ginebra, por lo que seguimos de cerca y con expectativa este tercer ciclo de evaluación.

 

El pasado 1 de Mayo tuvo lugar la sesión del EPU al Estado ecuatoriano, donde fue evaluado por 47 estados parte de Naciones Unidas. En esta oportunidad queremos destacar algunas de las recomendaciones entregadas a Ecuador, relacionadas a los temas tratados en los informes enviados, que a continuación comentamos:

 

 

Recomendaciones respecto de la violencia de género:

 

 

El Estado ecuatoriano recibió 31 recomendaciones dirigidas a tomar medidas para la disminución de la violencia de género, esto incluye las agresiones y tortura a personas pertenecientes a grupos GLBTI y a mujeres. Así mismo erradicar la discriminación de estos grupos tanto en los aspectos laboral y educativo; protección de las víctimas, en particular a niños y niñas que sufren violencia física y sexual en centros educativos. Respecto del femicido se recomienda promover una investigación diligente y eficiente de los casos y la sanción para los responsables. Los derechos sexuales y reproductivos, formaron parte de las preocupaciones de los estados parte, quienes sugirieron el acceso a anticonceptivos, políticas frente al embarazo adolescente y la despenalización del aborto en casos de violación y de malformación fetal y la no criminalización a las mujeres que han abortado. Estas recomendaciones implican la revisión de la normativa, políticas públicas y protocolos de tratamiento, a fin de comprobar su eficacia y hacer las correcciones necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes a grupos GLBTI.

 

 

Respecto a derechos de grupos de atención prioritaria

 

 

Durante el segundo ciclo, el estado ecuatoriano recibió catorce recomendaciones en las que se exhorta a la protección de los derechos humanos de grupos de atención prioritaria, como son adultos mayores y niñas, niños y adolescentes que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Contrario a las obligaciones del estado, se sigue evidenciando que el estado no ha garantizó integralmente los derechos de los grupos de atención prioritaria particularmente sobre adultos mayores, y falta de actuación frente a la violencia de la niñez y adolescencia, sobre lo cual el Ecuador ha recibido en este tercer ciclo recomendaciones que permita la protección de estos derechos.

 

 

 

Respecto a la situación de defensores de derechos humanos y casos de graves violaciones

 

 

Como ligas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Fundación Inredh y CEDHU presentamos informes alternativos para el tercer ciclo del EPU en donde denunciamos el tratamiento actual de los casos de graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador, el retardo injustificado en la judicialización de los mismos, la falta de especialización de los agentes investigadores así como falencias en los procesos de reparación a las víctimas. Contrario a lo indicado por el Estado ecuatoriano durante el Examen, reportamos que el 96% de los casos que se encuentran en la Comisión de la Verdad carecen de sentencia y permanecen aún en fase de investigación previa; igualmente, la “Ley de Víctimas” resaltada durante el examen, es severamente cuestionada por las mismas víctimas de los casos, quienes incluso acudieron a la CIDH el año 2014 para denunciar la lentitud de los procesos.

 

 

Igualmente, expresamos ante el Consejo de Derechos Humanos nuestra preocupación sobre la falta de protección a defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional, denunciando expresamente la falta de un sistema de protección específico para los defensores que sufren distintos tipos de acoso, hostigamiento, agresiones, criminalización (reportamos al menos 106 casos de defensores criminalizados a diferencia del criterio de la Ministra de Justicia) y en algunos casos inclusive, muertes. Estos temas ameritaron recomendaciones de al menos 20 países para la protección de defensores de derechos humanos; y al menos 7 países expresaron su preocupación sobre casos de graves violaciones de derechos humanos, recomendaciones que, como organizaciones de derechos humanos, esperamos sean tomadas en cuenta por el gobierno entrante dentro de su futuro plan de trabajo.

 

 

Respecto de  libertad de reunión pacífica y libertad de asociación

 

 

En cuanto al derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, y a un ambiente propicio para la labor de las organizaciones de la sociedad civil, durante el Examen periódico Universal, Ecuador recibió 22 recomendaciones de 16 países. Estas recomendaciones señalan principalmente que el Estado debe respetar plenamente estas libertades revisando la normativa que regula el funcionamiento de la sociedad civil. En varias de ellas se mencionan concretamente los Decretos 16 y 739. Llama la atención sin embargo, que el Estado manifestó no apoyar varias de estas recomendaciones (9.11 a 9.15) ya que las normas referidas estarían acordes con los estándares internacionales. Entre los informes presentados por las organizaciones de derechos humanos y defensoras de la naturaleza, precisamente se hacía hincapié al carácter, de estos decretos, contrario a la normativa internacional y los derechos constitucionales.

 

Respecto de la situación de pueblos indígenas:

 

 

Para el tercer ciclo del EPU-Ecuador, organizaciones del movimiento indígena y de la sociedad civil consolidamos recomendaciones orientadas a fortalecer la situación actual de los pueblos indígenas, las cuales se relacionan al impacto que generan las actividades extractivas petroleras y mineras sobre territorios indígenas y cómo éstas inciden en el ejercicio de derechos fundamentales, tales como: el derecho a la libertad de asociación y reunión pacifica; la violación del derecho a la resistencia expresado en la criminalización de la protesta social de líderes indígenas; el derecho a la consulta previa, libre e informada; y, el derecho a la vida y protección de los pueblos en aislamiento.

 

 

En este contexto, los resultados del Examen Periódico Universal arrojaron 14 recomendaciones aceptadas por el Estado que incluyen estas problemáticas y que esperamos sean reflejadas en decisiones gubernamentales que articulen la participación activa de organizaciones sociales en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, lamentamos que el Estado no haya aceptado las recomendaciones número 9.11, 9.12, 9.13, 9.15 y 9.19 y solicitamos al gobierno entrante reconsiderar ésta decisión, puesto que dichas recomendaciones son fundamentales para fortalecer la libertad de asociación y reunión pacífica, así como, la garantía de derechos colectivos de pueblos indígenas referentes a los procesos de consulta previa, libre e informada y derechos territoriales.

 

 

Respecto al derecho a la alimentación

 

 

En Ecuador durante los periodos 2012 – 2016 el contexto del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada se vio afectado debido a la implementación de políticas públicas ligadas al extractivismo como pilar en la construcción de un modelo de desarrollo económico, también por falta de políticas adecuadas y efectivas en cuanto a la redistribución de tierras, que pone en peligro no solo el derecho a la alimentación sino también al derecho a la vivienda, agua, trabajo, soberanía alimentaria de la población rural, entre otros. Frente a estas situaciones, que afectan el ejercicio del derecho a la alimentación, FIAN Ecuador presentó una contribución escrita y participó de las pre-sesiones en el mes de abril ante las misiones diplomáticas de los países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de  Naciones Unidas en Ginebra, y como resultado se obtuvo que países como Bolivia, Malasia, Palestina y Namibia recomienden al Estado ecuatoriano promover políticas y programas en materia de derechos humanos para comunidades campesinas e indígenas con el fin de garantizar el derecho humano a la alimentación.

 

 

Respecto a desalojos forzados:

 

 

Las recomendaciones del EPU a Ecuador para prevenir desalojos forzosos en zonas urbanas registrados desde 2013 a 2016 se encuentran contenidas en diversos enunciados para la protección derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el PIDESC y sus observaciones generales. Diversos países exhortan a Ecuador en fortalecer y mejorar el acceso a vivienda digna de los afroecuatorianos, pueblos indígenas y montubios que garantice la seguridad de tenencia y la no discriminación.

 

 

Las recomendaciones citadas fueron obtenidas de informe preliminar del grupo de trabajo o  “troika”, conformada por Bolivia, Corea del Norte y Costa de Marfil, publicada el pasado 5 de mayo. El informe final será presentado el 19 de mayo de 2017 y será entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Desde entonces hasta el mes de septiembre de este año tendrá lugar un proceso de valoración de las recomendaciones por parte de Naciones Unidas y el Estado, y donde la sociedad civil tiene voz. Solo hasta esa fecha sabremos con exactitud las recomendaciones que Ecuador acepte y su compromiso de cumplirlas hasta el próximo ciclo que será en 2022.

 

 

Considerando las recomendaciones entregadas y que hemos resumido de forma temática, hacemos una llamado al Estado ecuatoriano, en particular al gobierno entrante, que recoja esta información como insumo al momento de elaborar sus planes de trabajo y que preste oídos a las organizaciones que trabajan directamente con personas perjudicadas por una prácticas excluyentes, a pesar de contar con una normativa constitucional garantista.

 

 

De igual manera nos unimos a la propuesta por el movimiento indígena del Ecuador, a través de su campaña #AmnistíaPrimero, para que el presidente entrante, Lenín Moreno, otorgue el indulto a las personas defensoras de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza, privadas de libertad y/o que pesan contra ellas una sentencia; ante la Asamblea Nacional para que otorgue la Amnistía a defensores procesados y perseguidos, y a la Corte Constitucional para que admita y declare la inconstitucionalidad del Art. 283 del COIP, usado de forma repetida en los casos de enfrentamientos por protestas. Esto como una muestra de buena voluntad hacia el diálogo.