Ante la detención de Patricio Meza
Martes, 06 de Junio de 2017 18:54

 

 

En la madrugada de hoy, 6 de junio, Patricio Meza fue detenido por la Policía Nacional del Ecuador. Él es uno de los procesados penalmente en la provincia de Puyo durante el Levantamiento Nacional Indígena de agosto de 2015, acusado por supuestamente haber cometido delito de ataque y resistencia (Art. 283 del COIP) y sentenciado a seis meses de prisión. En esa fecha se registró un desmedido control policial en varias localidades del Ecuador que resultó con la detención violenta de 132 personas. La detención de Patricio Meza evidencia la continuidad de una política más amplia y sistemática de criminalización de la protesta social y del trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales en Ecuador.

 

 

En el 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, que mantuvo del Código predecesor la tipificación de delitos abiertos y ambiguos con los que se puede iniciar procesos penales contra acciones de movilización y resistencia que emprenden los movimientos sociales en contra de políticas del Estado que amenazan o vulneran el ejercicio de derechos humanos, y que están consagrados en el Art. 98 de la Constitución. Uno de esos delitos es el de ataque o resistencia con el cuál varios defensores de derechos humanos y dirigentes han sido procesados penalmente.

 

 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recuerda al Estado que su principal obligación es respetar y garantizar los derechos humanos y, en esa medida, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe reconocer de manera expresa e inequívoca el rol que asumen para la construcción de la democracia las y los defensores de derechos humanos y archivar los procesos penales que se hayan iniciado con la intención de acallar la oposición que enfrenta el gobierno y causar miedo en el conjunto de la sociedad. Tanto la Defensoría del Pueblo, como la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas reiteradamente han recomendado que se abstengan de criminalizar y reformen las leyes penales en que se sostiene esta política.

 

 

Exigimos a la Asamblea Nacional del Ecuador y al Presidente de la República que den pasos decisivos para analizar el pedido de amnistía e indulto presentados hace una semana por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el apoyo de organizaciones de derechos humanos. Así mismo exigimos que, mientras se resuelvan estos pedidos, el Estado se abstenga de continuar con esta política de criminalización que vulnera los derechos humanos de los procesados y que afecta gravemente a sus familiares.

 

 

Nos solidarizamos con Katy Betancourt Machoa, dirigente de las mujeres de CONAIE y compañera de Patricio Meza.