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Colombia: Asesinato del líder indígena Gerson Acosta Salazar
Lunes, 24 de Abril de 2017 20:55

 

Sr.

Juan Manuel Santos

Presidente de la República de Colombia

Presente.-

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, CEDHU, la presente tiene a fin expresarle nuestra preocupación por el asesinato del Sr. Gerson Acosta Salazar, autoridad indígena Newexs, Gobernador Indígena del Resguardo Kite Kiwe en el Departamento del Cauca.

 

Según las informaciones recibidas, el 19 de abril aproximadamente a las 4:45 de la tarde, el Sr. Gerson Acosta Salazar recibió varios disparos al salir de una reunión de su comunidad en el municipio de Timbío, Cauca. Según las mismas informaciones el perpetrador habría sido presuntamente un miembro de la comunidad. Según la información recibida por el Observatorio se recuerda que estos hechos se producen en el contexto de una multiplicación de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia que incluye asesinatos así como amenazas, detenciones arbitrarias y casos de criminalización. El programa Somos Defensores registró 80 asesinatos de personas defensoras en Colombia durante el año 2016 siendo el Departamento del Cauca el que lideraba el ranking con al menos 22 asesinatos durante el año 2016. De acuerdo a información recibida por parte del Observatorio CEDHU condena enérgicamente el asesinato del Sr. Gerson Acosta Salazar y urge a las autoridades colombianas a que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, con el fin de identificar a las personas responsables y aplicarles las sanciones previstas para la ley.

 

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Perú: Absolución de las 16 personas defensoras de Cajamarca que estaban siendo criminalizadas
Lunes, 24 de Abril de 2017 20:47

 

Sr.

Pedro Pablo Kuczynski

Presidente de la República de Perú

Presente.-

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) por medio del Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas incluyendo la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sobre la absolución de las 16 personas defensoras de derechos humanos de la provincia de Celendín en el Departamento de Cajamarca que estaban siendo criminalizadas incluyendo el Sr. Milton Sánchez Cubas, Coordinador de la Plataforma Interinstitucional Celendina, la Sra. Jeny Cojal, Coordinadora General de la Organización de Mujeres Defensoras de la Pachamama, así como la Sras. Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, María Bilda Silva Rodríguez, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya y los Sres. Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños, José Perci Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Fabio Rodríguez Rojas, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García y Arístides Arévalo Ortiz.

 

Según la información recibida, el 16 de marzo la Sala Penal Supraprovincial de Cajamarca, dio lectura al íntegro de la sentencia absolutoria en favor de las 16 personas defensoras que venían siendo procesados por supuestos delitos de secuestro agravado, coacción y, adicionalmente, en el caso de uno de ellos, Segundo Sare Ortiz, ultraje contra los símbolos de la patria. El Observatorio y CEDHU recuerdan que la fiscalía solicitaba en el marco del Expediente 1645-2014 penas de entre 10 y 22 años de prisión contra las 16 personas defensoras, después de una denuncia del Gobernador Distrital de Sorochuco Luis Armando Castañeda Pisco y del Gobernador de Celendín Pedro Zamora Rojas a raíz de una protesta llevada a cabo por las rondas campesinas de Sorochuco el 26 de abril de 2013.

 

 

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Colombia: Varios ataques contra integrantes del Congreso de los Pueblos
Lunes, 24 de Abril de 2017 19:29

Sr.

Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Presente.-

 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) expresa su preocupación por los ataques contra integrantes del Congreso de los Pueblos incluyendo el secuestro, la tortura y los malos tratos y la violencia sexual contra una mujer con un estrecho vínculo a la familia de la Sra. Marylén Serna Salinas, la detención arbitraria de la Sra. Milena Quiroz y de los Sres. Isidro Alarcón Bohorquez y Francisco Zabaleta y el intento de detención arbitraria de la Sra. Arisolina Rodríguez, así como del asesinato de la Sra. Ruth Alicia López Guisao.

 

 

El viernes 7 de abril de 2017 por la mañana fue secuestrada en la ciudad de Popayán (capital del departamento del Cauca) por tres hombres armados una mujer con un estrecho vínculo a la familia de la Sra. Serna Salinas. La mujer fue obligada a subir a un vehículo en el que le cubrieron su cabeza con una bolsa negra, la golpearon en el brazo y en el rostro y le inyectaron una sustancia desconocida en su brazo derecho. Dentro del vehículo la mujer habría sido torturada e interrogada sobre el vincula que le une a la Sra. Marylén Serna Salinas así como sobre el paradero de la misma. Al no conseguir mayor información, el vehículo se desplazó hacia un lugar solitario de la ciudad donde la mujer fue amarrada y abusada sexualmente. Posteriormente fue abandonada en otro lugar solitario de la ciudad estando aún amarrada. Finalmente, los hombres llamaron al celular de la Sra. Serna Salinas para corroborar su vínculo con la mujer agredida. Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Además, según las mismas informaciones se han solicitado medidas de seguridad a favor de la Sra. Marylen Serna Salinas por implicar una amenaza a su integridad física y psicológica pero la respuesta habría sido negativa.

 

 

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Organizaciones de derechos humanos se pronuncian sobre la investigación penal en el caso del Turi
Jueves, 13 de Abril de 2017 16:09

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

 turi

 

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Asociación de Derechos Humanos del Azuay (ADHA) nos pronunciamos ante la opinión pública sobre el proceso penal que se impulsa por los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes acontecidos el 31 de mayo de 2016 en el Pabellón Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social del Turi.

 

En aquella fecha, cerca de 80 miembros de la Policía, pertenecientes a la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), ingresaron al mencionado centro para realizar un supuesto operativo policial de  requisa, y sometieron a las personas privadas de  libertad, durante aproximadamente tres horas, a actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

 

Las personas privadas de libertad fueron acostados boca abajo y una vez sometidos, los agentes del orden caminaron sobre sus espaldas, los desnudaron en público, los patearon, golpearon con toletes, fueron vejados, recibieron insultos, amenazas y descargas eléctricas. Videos y fotos que circularon en distintos medios de comunicación tradicionales y en redes sociales constataron el testimonio de las víctimas y evidenció la violenta e injustificada conducta de los agentes policiales. Estos hechos se encuentran prohibidos por la Constitución de la República y tratados internacionales ratificados por el Estado.

 

Al momento se encuentra en curso la investigación penal a manos del Fiscal 2do de Garantías y Personas de Cuenca, Adrán Arpi Brito, quien inició la instrucción fiscal en enero de este año. La reconstrucción de los hechos que debió realizarse este lunes 10 de abril fue suspendida y se espera que se señale nueva fecha y hora para llevarla a cabo.

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Pronunciamiento ante asilo político otorgado a Edgar Vaca
Lunes, 23 de Enero de 2017 04:34

 

IMPUNIDAD DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

 

Estamos cerca de cumplir treinta años de uno de los capítulos más oscuros de la historia ecuatoriana, porque  propagó  las  prácticas de tortura, ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada de personas, cuya injusticia nos sigue ensombreciendo. Es necesario recordar el papel que jugó durante el período 1984 -1988 el General Edgar Vaca a quien el gobierno estadounidense le concedió asilo político el 17 de enero pasado. El entonces capitán de policía fue Jefe del SIC-10, unidad operativa clandestina dirigida sobre todo a reprimir y aniquilar a miembros de organizaciones  político-militares.

 

A través de la asistencia y acompañamiento a víctimas y familiares de víctimas, la CEDHU denunció la práctica sistemática de los mencionados delitos de lesa humanidad perpetrados durante el régimen de León Febres Cordero, y posteriormente en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2010 Edgar Vaca  figura como presunto responsable  en ocho casos donde existió la tortura y la muerte de sus víctimas. A principios de la década de los 90, encabezó una comisión jurídica en defensa de los policías responsables  por la desaparición forzada de Santiago y Andrés Restrepo.

 

En el año 2001 la policía judicial lo investigó por supuesta interferencia de llamadas telefónicas en tareas de espionaje a las Fuerzas Armadas y a políticos. A pesar de las múltiples denuncias en su contra nunca fue juzgado y menos sancionado, por el contrario siguió ascendiendo hasta llegar a ser Comandante General de la Policía.

 

Cuando se inició el proceso penal en su contra por delitos de lesa humanidad –tortura, violencia sexual y desaparición forzada-  cometidos contra  tres miembros de Alfaro Vive Carajo, huyó a Estados Unidos; allí fue detenido por la Interpol el 27 de enero de 2016, por fraude migratorio pero puesto en libertad una semana después y un año más tarde se le concede asilo político, a quien es requerido por la justicia ecuatoriana para determinar su responsabilidad en tan graves delitos.  

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La imposibilidad de diálogo detonó la violencia en Nankints
Jueves, 15 de Diciembre de 2016 21:05
nankintsFoto tomada de El Telégrafo

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU expresa su profunda preocupación por el estado de sitio declarado, desde la tarde de ayer, miércoles 14 de diciembre a la población de Nankints. Este sector de la cordillera del Cóndor es territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar, y en ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, han tomado acciones para impedir que la minería a cielo abierto y a gran escala, se instale en su territorio.

 

La nacionalidad Shuar de la provincia de Morona Santiago, ha acudido hasta las autoridades civiles y judiciales denunciando la violación de sus derechos constitucionales como es el derecho a la consulta previa, a un medio ambiente sano, la muerte de sus dirgentes, los derechos de la naturaleza, advirtiendo de esta manera, los grandes peligros que representa la minería para su territorio a nivel nacional e internacional. Incluso han presentado sus propuestas de alternativas para el desarrollo,. Pero en cada instancia se les fueron negados sus derechos.

 

La intervención que detona la violencia que ahora lamentamos, ocurre en agosto de este año, cuando la empresa minera china Explorcobres S.A. (EXSA), conmociona a la población de Nankints desalojando a las familias que vivían en ese territorio con el apoyo de la Policía Nacional. Mientras tanto uno de sus dirigentes era juzgado en la Corte de Macas por hechos relacionados al levantamiento indígenas de 2015.

 

El gobierno ecuatoriano conocía de antemano que indígenas Shuar podrían actuar con violencia por defender su territorio, dado el antecedente de 2006, cuando miembros de esta nacionalidad quemaron el mismo campamento minero, lo que obligó a la empresa de turno a retirarse del sector.

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