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RESUMEN DEL INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Sobre el Proyecto Llurimagua de ENAMI EP-CODELCO

El informe señala el conjunto de violaciones cometidas por las instituciones del estado y las compañías mineras durante su operación. El arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, el asalto violento con cientos de policías y militares y la ocupación forzada de la comunidad entre otros.

Tras los devastadores hallazgos de la Contraloría General del Estado sobre la concesión minera de Llurimagua, anteriormente conocida como Junín, la Oficina de la Defensoría del Pueblo del Ecuador acaba de publicar un informe de 88 páginas sobre los abusos a los derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el proyecto ubicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

El informe señala el conjunto de violaciones cometidas por las instituciones del estado y las compañías mineras durante su operación. El arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, el asalto violento con cientos de policías y militares y la ocupación forzada de la comunidad entre otros.

El proyecto minero está siendo desarrollado por ENAMI, empresa estatal minera de Ecuador y la estatal de cobre, CODELCO de Chile, empresa que hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. Las actividades mineras hechas al margen del control o supervisión de las entidades gubernamentales, las violaciones a la ley, mas de una decena, han sido tan graves que la Contraloría General del Estado concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada. De igual manera, el reciente informe  de la Defensoría del Pueblo del Ecuador exige también, la suspensión del proyecto. 

La Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger los Derechos Humanos, así como también los Derechos de la Naturaleza, incorporados a la Constitución del 2008, evidencia y establece en su informe que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además señala que junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El informe a más de los señalamientos, exhorta a los diferentes Ministerios a prevenir o detener las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.

Al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, le exhorta -basada en la Ley de Minería- a declarar la caducidad de la concesión minera  Llurimagua y a informar, en un plazo de 3 meses, a la Defensoría del Pueblo.

A la SENAGUA, Secretaría Nacional del Agua, dado que no existe un plan de conservación de las microcuencas, le exhorta a revocar las autorizaciones para el uso del agua y a informar a la oficina del Defensor del Pueblo en un plazo de 3 meses sobre las medidas adoptadas.

Al Ministerio de Medio Ambiente, dado que el derecho constitucional de la comunidad a la consulta ambiental fue violado, al igual que los derechos de la naturaleza y la licencia ambiental, le exhorta a revocar dicha licencia. Así mismo le solicita adoptar normas de protección para la Reserva Comunitaria de Junín, que incluyen la protección, conservación, restauración y mantenimiento de la reserva, en base a la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda, cuyo único hábitat conocido es el bosque de Junín, ahora amenazado por la minería.

La exhortación final es advertir a los Ministerios, que si las acciones identificadas por la Defensoría del Pueblo no se llevan a cabo en el lapso de tiempo especificado, la  Defensoría  tomará las medidas pertinentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, y declara a la Reserva Comunitaria de Junín como sujeto de derechos; lo que significa que debe ser conservada, protegida y rehabilitada  y basa dicha declaración, en el descubrimiento de la Rana Arlequín Hocicudo, que solo habita en los bosques de la comunidad de Junín y en ninguna otra parte del mundo.

En cuanto a las amenazas que enfrentan las personas que se oponen al proyecto minero, identificadas como "Defensores del derecho de la naturaleza", la Defensoría del Pueblo declara a dichos individuos bajo protección y señala al Estado como el responsable, en caso de que se violen sus derechos humanos.

DECOIN, Defensa y Conservación Ecológica de Intag.

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