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Elsie Monge: Si queremos la paz, trabajemos por la justicia

Editorial transmitido por el programa Andrés ‘el mono’ López en Radio Visión, 7 de noviembre de 2019.

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La carta de intención suscrita entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno ecuatoriano vulnera el ejercicio de derechos humanos, especialmente económicos, sociales y culturales, lo que redunda en la profundización de las desigualdades sociales, tal como lo alerta el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa. En su reciente informe de julio de 2019 manifiesta:

A estas alturas no hay ninguna duda de las posibles consecuencias de las medidas de austeridad en los derechos humanos. En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacó los posibles efectos de las medidas de austeridad para una serie de derechos humanos, entre ellos los derechos laborales y los derechos a la alimentación, la vivienda y la seguridad social.

El desastroso resultado está a la vista.  De la experiencia de otros países como Argentina se evidencia que los préstamos y salvamento del FMI constituyen un instrumento de dominación financiera que no permite un desarrollo autónomo y que éste no es un modelo viable para América Latina.

La protesta social que sacudió al Ecuador durante el paro nacional y levantamiento indígena del 3 al 13 de octubre pasado, responde a un rechazo generalizado a las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en lugar de escuchar las demandas de las organizaciones sociales y buscar una salida negociada al conflicto, el régimen bajo la conducción de sus Ministros de Defensa y de Gobierno lo convirtió en una guerra contra el pueblo, bajo la óptica de la doctrina de seguridad nacional, del ¨enemigo interno¨.

Se pretendió ejercer el control político a través de la represión, el miedo y el terror, agudizado por la declaratoria de estado de excepción, que día a día aumentaba la cantidad de heridos, detenidos y muertos. Pero a medida que crece la represión más sectores sociales se unen a las protestas y se solidarizan con el movimiento indígena asediado en el parque El Arbolito y El Ágora.

La movilización social se transforma, no solo en una exigencia por la derogatoria del Decreto 833, sino también en un llamado unánime por la paz y el cese de toda forma de violencia. En medio de la incertidumbre, el cacerolazo por la paz retumba en Quito y en otras ciudades del país.

La noche del 13 de octubre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, realizó el diálogo abierto con el Gobierno, con la mediación de la Organización de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Enseguida del anuncio del presidente Lenin Moreno de dejar sin efecto el decreto 883 se suspendió la paralización y la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas.  Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, anunció que entregará una propuesta conjunta de las organizaciones sociales para mejorar la crisis económica del país.

Según el dirigente indígena Leonidas Iza, el Gobierno primero deberá aplicar los seis ejes que la CONAIE propone, antes de iniciar un proceso de focalización de los subsidios. Estos puntos incluyen: política fiscal, política monetaria, política crediticia, política sectorial, política de derechos sociales y el desarrollo de las actividades turísticas; este último se considera un eje fundamental para sacar de la crisis económica. “El tema de subsidios no se debe tocar, si no se resuelve la estructura económica del país con estos ejes que hemos planteado¨

El 31 de octubre, el Parlamento de los Pueblos -organizaciones y colectivos sociales del Ecuador convocado por la CONAIE- entrega a los organismos mediadores del proceso de diálogo con el Gobierno, la anunciada propuesta colectiva para un nuevo modelo económico y social. Se plantea buscar el bienestar para todas y todos en condiciones de justicia social, equidad, redistribución y respeto a los derechos de la naturaleza, derechos colectivos y derechos humanos.  

Como sociedad hay muchas heridas del poder que será difícil curarse.  El 29 de octubre, la CONAIE a la delegación de la CIDH un informe de cientos de casos documentados de vulneración de derechos humanos: muertos, heridos, ilegalmente detenidos, criminalizados. Los testimonios de varias víctimas o familiares, reflejaron la crudeza de la represión ejercida desde el Estado durante el paro nacional y la movilización de los pueblos indígenas de octubre 2019.        

Lo que se vivió en días pasados amerita señalar que para no afectar la plena realización de los derechos de las personas y de los pueblos las políticas económicas y sociales deben responder al Bien Colectivo. 

 

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