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Graves irregularidades detectadas por Contraloría General del Estado en proyectos de minería a gran escala LLurimagua (Intag-Cotacachi)

Desde 2018, la Contraloría General del Estado analiza una serie de irregularidades denunciadas por comunidades y organizaciones sociales respecto de varios proyectos de minería a gran escala, en Ecuador. Tal es el caso del proyecto LLurimagua acerca del cual la Contraloría General del Estado ha emitido su informe final.

El proyecto minero LLurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y de la Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO) empresa que, hasta la presente fecha ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde 2015. Las actividades mineras realizadas al margen del control de las entidades gubernamentales, han devenido en una serie de irregularidades legales y de atropellos a los derechos humanos. Esto ha sido tan grave, que la Contraloría General del Estado ha determinado doce irregularidades, concluyendo en su informe final que la concesión minera LLurimagua debió haber sido REVOCADA.

Durante el periodo analizado entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, la ENAMI incumplió con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y no contó con la autorización del Ministerio del Ambiente (MAE); un total de 60 árboles nativos fueron talados para la apertura de las trochas y de las plataformas de exploración, la falta de evaluación y control generó el incumplimiento de medidas de prevención y mitigación y por lo tanto no se aplicó las sanciones administrativas para suspender o revocar la licencia ambiental. El MAE, además, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental sin los parámetros locales que permitieran la descripción y la caracterización del área del proyecto.

Igualmente, el Informe de la Defensoría del Pueblo sobre el proyecto mencionado,  da cuenta de una serie de violaciones cometidas por las instituciones del Estado y por las compañías mineras durante la operación de LLurimagua: el arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez; el asalto violento con cientos de policías y militares a la zona de Íntag; la ocupación forzada de la comunidad Junín; el hecho de que varias personas de la zona de Íntag opuestas al proyecto minero estén bajo amenaza constante, son ejemplos de los atropellos cometidos. El informe establece, además, la ausencia de supervisión oficial de las operaciones mineras y coloca al Estado como responsable de la violación sistemática de derechos de las comunidades y de la naturaleza.

Manifestamos nuestra preocupación por las constantes ilegalidades y graves atropellos cometidos contra los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, y por la falta de control a las entidades gubernamentales. Exigimos el cumplimiento inmediato de todas las recomendaciones que la Contraloría General del Estado establece en su Informe, entre ellas, las relacionadas a los incumplimientos del MAE y la ENAMI.  Esta última, por ejemplo, no contó con la certificación de no afectación a cuerpos de agua, ni instaló medidores de flujo, ocasionando que se utilizara, por 973 días, 258.607,6 m3 de agua captados de fuentes hídricas naturales con afectación al caudal ecológico.  Por su parte, el MAE, sin sustento técnico ni jurídico, señaló que la consulta previa no es aplicable en el área de influencia de la concesión minera, en contradicción a lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional del 13 de abril de 2010.

El Informe de la Contraloría muestra, de manera detallada, el grado de incapacidad del Estado para regular y controlar las actividades mineras en el país.  El Colectivo Caminantes junto a actores de Intag solicita a esta institución tomar las medidas pertinentes para que se cumplan a cabalidad las observaciones en relación al proyecto LLurimagua y a los demás proyectos a gran escala, cuyas evaluaciones e informes están en proceso, por parte de la Contraloría General del Estado (proyectos Loma Larga, en la provincia del Azuay  y los proyectos Mirador y San Carlos-Panantza, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, respectivamente).

Colectivo Caminantes

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