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La Defensoría del Pueblo se pronuncia frente a la falta de acceso al agua de la comunidad de San Pablo de Amalí, en Bolívar

La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresa su profunda preocupación por el caso de la Comunidad de San Pablo de Amalí, ante la falta de acceso al agua, derecho fundamental e irrenunciable, siendo un deber primordial del Estado, garantizarlo de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 12 de Constitución de la República. El problema con derechos al agua y acaparamiento de agua de Hidrotambo es de docenas de comunidades en la cuenca del Río Dulcepamba, quienes sufren con oposiciones administrativas...

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PRONUNCIAMIENTO ANTE LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ECUADOR

Como organizaciones de la sociedad civil estamos preocupadas por la violencia desatada en las prisiones así como por las graves vulneraciones a los derechos humanos de la población penitenciaria en el Ecuador. Consideramos que el Nuevo Régimen implementado desde el año 2013, ha deteriorado las condiciones de sobrevivencia de las personas presas, provocando escasez de medios de vida: alimentos, medicinas, materiales educativos, objetos afectivos, radios, periódicos, libros, instrumentos de trabajo....

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El código orgánico ambiental y su reglamento son inconstitucionales y perpetúan la vulneración del derecho a consulta previa y autodeterminación

La elaboración del Código Orgánico del Ambiente, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente y del Decreto Ejecutivo No. 1247 no fueron sometidas a ningún tipo de consulta o participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que serían afectadas por la adopción de las mismas, incumpliendo con ello también lo establecido en la Constitución ecuatoriana en lo eferente a la denominada “consulta prelegislativa” establecida en el artículo...

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El Gobierno provoca a comunidades en la zona de Intag

Hacemos una llamada urgente al Gobierno a retirar a sus empleados y subcontratistas con el fin de prevenir enfrentamientos violentos entre comuneros, hasta que el estado cumpla estrictamente con las observaciones y resoluciones de la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo; incluyendo ejecutar la caducidad de la concesión minera Llurimagua. Por pedido de los integrantes de la Asociación de Producción Agrícola Defensores del Agua, Tierra y Vida (ASOPROAGUA), la cual agrupa a...

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