Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador. Hacemos un llamado a la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la falta de aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal, generando a través de este uso desproporcional, criminalización de actos, limitación del ejercicio del derecho a resistir, evitar movilizaciones y por ende la protesta social. Leer ALERTA en PDF.

PRONUNCIAMIENTO: ¡Inaceptable! Furukawa pretende reparar a las víctimas en 98 años por más de cinco décadas de esclavitud moderna
A pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, las víctimas de Furukawa enfrentan una nueva forma de violencia: la empresa