Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador. Hacemos un llamado a la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la falta de aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal, generando a través de este uso desproporcional, criminalización de actos, limitación del ejercicio del derecho a resistir, evitar movilizaciones y por ende la protesta social. Leer ALERTA en PDF.

Campesinos defensores del agua y la naturaleza son declarados inocentes
El 11 de diciembre de 2025, tras varias dilaciones procesales, se desarrolló la audiencia de apelación por el presunto delito


