Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador. Hacemos un llamado a la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la falta de aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal, generando a través de este uso desproporcional, criminalización de actos, limitación del ejercicio del derecho a resistir, evitar movilizaciones y por ende la protesta social. Leer ALERTA en PDF.

CEDHU apelará decisión judicial que negó la acción de protección de las comunidades de Las Naves frente al proyecto minero El Domo
Persisten interrogantes sobre los impactos ambientales del proyecto, el uso del agua y el derecho de las comunidades campesinas a

