Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador. Hacemos un llamado a la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la falta de aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal, generando a través de este uso desproporcional, criminalización de actos, limitación del ejercicio del derecho a resistir, evitar movilizaciones y por ende la protesta social. Leer ALERTA en PDF.

El 24 de agosto se realizará nuevamente la audiencia de casación de tres defensores de Bolívar
Este 24 de agosto se reinstalará la audiencia de casación de los defensores del agua Fausto Arechua, Wilfrido Escobar y
