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restrepo24La mañana del 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismedi, hermanos de 17 y 14 años respectivamente, fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos por miembros del Servicio de Investigación Ciminal de Pichincha (SIC-P).

 

Los hermanos salieron de su casa ubicada en Miravalle, barrio nororiental de Quito, en un Jeep Tropper, color almedra, de placas PHD-355 hacia las calles Río Coca y Av. De los Shyris, para recoger a un amigo suyo para llevarlo al Aeropuerto, pero nunca llegaron a su destino.

 

Familiares y amigos iniciaron inmediatamente la búsqueda, en principio informaron que los jóvenes se encontraban en le Centro de Detención Provisional, pero al visitar el lugar tal información fue negada. La subteniente de Policía Doris Morán fue la encargada de hacer las investigaciones, solicitó recursos a la familia, junto con ellos realizó viajes hacia Santo Domingo y al norte del país en Ipiales, de acuerdo a las pistas que le daba un supuesto informante. Entabló lazos afectivos con los padres de los menores desaparecidos, a quienes les garantizaba hallarlos con vida. Al mismo tiempo, elevó informes difamando a los jóvenes


 

El 13 de febrero de 1988 se encontraron los restos del vehículo en el que viajaban Carlos y Andrés al fondo de la quebrada Pacha, la Policía armó un operativo de rescate, se hallaron partes retorcidas del automotor, pero ningún rastro de sus ocupantes. En agosto de ese año la familia decidió romper el silencio e hizo una denuncia pública, desde marzo de 1989 semanalmente realizaron una protesta pacífica al pie del Palacio de Carondelet reclamando verdad y justicia. Entonces se unieron a la lucha otras personas, víctimas y familiares de  víctimas de violaciones de derechos humanos, otras desapariciones como las de Jaime Otavalo, Consuelo Benavides y Gustavo Garzón salieron a la luz pública, las organizaciones sociales también se unieron al reclamo.

 

En el año 1990 el gobierno de Rodrigo Borja creó en una comisión nacional para que investigue el caso y permitió que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, dada la nacionalidad de los padres de los jóvenes desaparecidos, también indague al respecto. Mientras tanto la Policía Nacional concluía en junio de 1990, que los jóvenes murieron en un accidente de tránsito. Finalmente el informe del DAS inculpó a la Policía Nacional.

 

El gobierno tomó la decisión de establecer una comisión internacional conformada por Toine van Dongen, experto designado por el Secretario General de las Naciones Unidas; Gustavo Medina López, Procurador General del Estado; Apolinar Díaz Callejas, ex Gobernador del Departamento de Sucre, ex Viceministro de Agricultura, Senador de la República de Colombia, y fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Juan de Dios Parra, Secretario General de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Isabel Robalino, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; y Guillermo Arismendy Díaz, tío de los menores desaparecidos, en representación de la familia. Con el encargo de "realizar toda clase de indagaciones y análisis en torno a la desaparición de los hermanos Restrepo Arismendy"

 

La Comisión realizó una investigación exhaustiva en la que cotejó informes elaborados por la policía, análisis técnicos y recibió testimonios, entre ellos el de Hugo España. La investigación concluyó que el día 8 de enero en el sector conocido como el Partidero a Tumbaco, se desarrollaba un operativo de control vehícular por miembros de la Policía Nacional. Al no poseer licencia de conducir, el mayor de los hermanos, Carlos Santiago, habría intentado huir, después de la persecución, se presume que fueron detenidos y llevados al Centro de Detención Provisonal.

 

La misma noche del 8 de enero, habrían sido trasladados al SIC-P, donde el Sargento Guillermo Llerena encargó los detenidos al clases de llaves Hugo España. En ese lugar los jóvenes fueron torturados y asesinados, en los días siguientes el teniente coronel Trajano Barrionuvo habría convocado a una reunión a varios miembros de la Policía Nacional y solicitado que se mantenga reserva en el caso. El cabo segundo Camilo Badillo, el policía apodado "El Chocolate", el sargento Guillermo Llerena y Hugo España se encargarían durante la noche del 11 de enero de llevar los cuerpos de los jóvenes hacia la laguna de Yambo para desaparecerlos definitivamente.

 

Este crimen fue perpetrado durante el gobierno de León Febres Cordero (1984 - 1988)  en un contexto de represión generalizada y sistemática cometiendo delitos contra la vida y le integridad personal que lesionan la humanidad en su conjunto.  El SIC era considerado un centro de tortura por lo que en 1991 fue desmantelado y se creó la Oficina de Investigación del Delito (OID) que posteriormente fue sustituida por la Policía Judicial (PJ

 

Juan de Dios Parra y Guillermo Arismendy Díaz, como miembros de la Comisión Especial Internacional, presentaron la denuncia por los hechos concluyentes de la investigación, se instauró causa penal para el establecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades en la desaparición de los hermanos Restrepo. El 17 de agosto de 1991, buzos de la Marina Nacional, iniciaron la búsqueda de los cadáveres en la laguna de Yambo. Sólo encontraron armas de fuego y abandonaron la exploración luego de pocos días. El 2 de septiembre, la Comisión Especial Internacional Investigadora del caso Restrepo entregó su informe titulado: "Arrancados del Hogar".

 

De los documentos reservados que examinó la Comisión de la Verdad se conoce que el 12 de octubre de 1992 miembros de la Policía Nacional decidieron conformar una Comisión de Defensa Institucional ante el caso Restrepo.  Édgar Vaca Vinueza, teniente coronel de Estado Mayor y Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía Nacional, solicitó mediante oficio al Comandante General de la Policía Nacional que:

"Se adopten las medidas más adecuadas para evitar un problema de carácter institucional, que resquebraje la unidad de nuestra policía". "Que se tomen las medidas correspondientes a fin de evitar las injurias, calumnias y agresiones verbales vertidas por parte del ingeniero Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendy, en contra de la Institución y de sus miembros; injurias que atropellan los Derechos Humanos de los miembros de la Policía Nacional y de sus familiares. Se debe además solicitar el enjuiciamiento de los Restrepo por las injurias e infamias que en forma constante están profiriendo en contra de los policías enjuiciados, y más aún, en contra de personas inocentes completamente ajenas a este conflicto como son sus familiares. Solicitar se alcance del gobierno la prohibición de este tipo de manifestaciones que violan todo precepto legal, como es la toma de la Plaza de la Independencia para agredir verbalmente a la Policía Nacional".

 

En enero de 1993, el entonces Presidente de la República, Sixto Durán Ballén, negó el permiso para que se continúe con la protesta pacífica de los días miércoles. Cercos policiales con tanques antimotines impidieron el paso a la Plaza. Durante esta temporada, se apresó a activistas de derechos humanos y al cantautor Jaime Guevara.  En el año 1994, Luz Helena Arismendy, madre de los menores  desaparecidos, murió en un accidente de tránsito.

 

El 15 de noviembre de 1994, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acosta, dictó sentencia condenatoria contra: Guillermo Llerena y Camilo Badillo a los cuales se les impuso la pena de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria como autores de detención arbitraria e ilegal, torturas y asesinato de los menores Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo y de destrucción de jeep Trooper; a Trajano Barrionuevo, Juan Sosa y Doris Morán, a ochos años de reclusión mayor ordinaria como cómplices; y a Gilberto Molina y Hugo España a dos años como encubridores" Cumplieron la mitad de las condenas beneficiados con el sistema de reducción de penas.

 

La familia Restrepo, el 6 de agosto de 1997 presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado por violación de derechos protegidos por la Convención Americana. El gobierno de Fabián Alarcón, por medio de la Procuraduría General del Estado, el 24 de febrero de 1998, reconoció que en este caso, se cometió un crimen de Estado y manifestó que aceptaba su culpabilidad y responsabilidad internacional sobre los hechos ejecutados por sus agentes de policía en la detención, tortura, muerte y desaparición de los jóvenes Restrepo.

 

Los peticionarios y el Estado ecuatoriano arribaron a un acuerdo amistoso en el que el Estado ecuatoriano se comprometió a indemnizarlos, con cargo al Presupuesto General del Estado, de acuerdo al daño emergente, el lucro cesante y el daño moral irrogado a la familia Restrepo Arismendy. Además, se comprometió a ejecutar una completa, total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo y a recuperar los cuerpos de los menores 

 

Durante todo este tiempo, la familia Restrepo y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos mantuvieron su protesta en la Plaza de la Independencia, pese a las intimidaciones, los maltratos, bombas lacrimógenas y los cercos policiales. El lugar -poco a poco- se fue convirtiendo en el sitio de concentración, denuncia y reclamo de familiares de otras personas desaparecidas, asesinadas o torturadas, lo cual dio lugar a la conformación del Comité de Familiares de Víctimas de la Represión. El caso Restrepo se convirtió en un símbolo de la defensa de los derechos humanos en el país.

 

El Estado ecuatoriano cumplió con la indemnización pactada en el acuerdo amistoso firmado en 1998, sin embargo no se continuó con la búsqueda ofrecida. En diciembre de 2008, diez años después del acuerdo y 20 años de la desaparición la Procuraduría General del Estado, contrató a la empresa Darwinvest para que haga una nueva búsqueda en la laguna.

 

Las labores en Yambo se iniciaron entre el 25 y 30 de enero de 2009. Los buzos buscaron y sacaron cada resto u objeto encontrado en la laguna. El 26 de agosto, la Procuraduría entregó el informe de la búsqueda realizada en la laguna de Yambo por la mencionada empresa, en el que se concluye, de forma clara y contundente, que en Yambo no se encuentran los cuerpos de los hermanos Restrepo.

 

María Fernanda Restrepo Arismendy, hermana menor de Carlos Santiago y Pedro Andrés, estrenó a finales del año 2011 el documental "Con mi corazón en Yambo" donde realiza un viaje personal por la tragedia que marcó la vida de su familia y permite a los espectadores recorrer una tragedia histórica que se pretende olvidar.

 

En la investigación llevada a cabo por la Comisión de la Verdad se receptó una  nueva versión del caso que está siendo investigado por el Fiscal Jorge Cano, de la Unidad de la Fiscalía para los casos de la Comisión de la Verdad. El funcionario ha ordenado la exhumación de la fosa común del cementerio del Batán, donde se han encontrado restos humanos que están sometidos a análisis que confirmen o descarten que pertenezcan a los hermanos Restrepo.

 

A los 24 años de  la desaparición de los hermanos  Santiago y  Andrés Restrepo Arismendi, el amor y la lucha infatigable de su familia junto con la solidaridad ciudadana sigue demandando ¿DONDE ESTÁN?