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El 13 de febrero de 2006 Johanna Cifuentes Rubio fue asesinada por su ex pareja en el sur de Quito. En octubre del mismo año se dicto el auto de llamamiento a juicio, pero para ese momento el imputado como presunto responsable, Edison Q., ya había abandonado el país y solo diez años después, con su captura, inicia su juzgamiento.

 

Johanna y Edison Q. Mantuvieron una relación sentimental que ella decidió romper cuando se enteró que él estaba casado. A partir de ese momento él la amenaza, intimida y empieza a perseguir, incluso hasta la ciudad de Cuenca donde ella se trasladó para escapar de él. Cuando ella inició una nueva relación a inicios de 2006, Edison Q. llamó a su pareja para amenazarlo.

 

El día de su muerte Johanna se trasladaba hasta la casa de su hermana cuando Edison la interceptó, tuvieron una fuerte discusión, durante el forcejeo ella logra escapar y entra a una tienda de víveres a pedir auxilio, pero antes de que pudieran ayudarla él ingresó con un cuchillo y le propina 17 apuñaladas, por las cuales fallece.     

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) se solidariza con los familiares y amigos de Johanna Cifuentes Rubio, e instamos a las autoridades competentes a terminar con el circulo de tormento y victimización que significó el feminicidio de Johanna para todo su núcleo familiar. Exhortamos además, a replicar acciones dirigidas a la protección de mujeres contra todo tipo de violencia y prevención de hechos que atenten contra su vida y/o integridad personal.

Considerando el tiempo que ha tomado la reapertura del caso, llamamos a operadores y operadoras de justicia a aplicar los estándares mínimos para enfrentar la problemática de la violencia contra la mujer, con base en la norma constitucional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales como:

 

  • La investigación tiene que ser realizada de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial.
  • Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, que no dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.
  • El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar, y sancionar toda forma de violencia en especial la ejercida contra las mujeres, las víctimas de infracciones penales gozaran de protección especial, se les garantizara su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de prueba;
  • entre otros.


El acceso a la justicia es un factor esencial en la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, por tal razón la CEDHU permanecerá atenta a la decisión que se tome sobre el caso de Johanna Cifuentes. Siendo obligación del Estado sancionar al responsable, reparar integralmente a los familiares de la víctima y tomar acciones legales, administrativas y de cualquier otra índole para frenar la violencia con las mujeres en el país.