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El 17 de agosto de 2015, en el marco del levantamiento indígena, fueron detenidas 26 personas durante la manifestación realizada en el cantón Saraguro. Durante las detenciones ocurrieron agresiones en contra de la integridad de las personas y las organizaciones sociales denunciaron que miembros de la fuerza pública ingresaron en el interior de algunas casas para detenerlas, generando conmoción en las familias. Posteriormente, iniciaron los procesos judiciales involucrando a un total de 31 personas, todas pertenecientes a la nacionalidad indígena kichwa Saraguro. El próximo lunes, 21 de marzo dará inicio la audiencia de juzgamiento a 10 de ellas.

 

Aquel 17 de agosto comunidades del pueblo Saraguro, respondiendo al llamado de levantamiento indígena, se movilizaron hacia la carretera Loja-Cuenca donde realizaban manifestaciones artísticas.
Poco después, con la presencia de un piquete policial y militar, la manifestación se tornó violenta iniciando un enfrentamiento con la comunidad. Uno de los testimonios recogidos el mismo día, desde ese cantón, decía:

 

“empiezan a agredir a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a hacer unas detenciones de una manera brutal y salvaje, a agredir, a jalarle del cabello, llegar a las comunidades vecinas que son Ilincho y Lagunas. La Constitución dentro de los artículos 57 nos dice que son territorios autónomos (...) no respetaron la propiedad de los pueblos indígenas, han llegado, han pateado las puertas (...) para coger a los compañeros que ni siquiera estuvieron en la medida de hecho”

 

Inmediatamente se dieron a conocer testimonios similares de agresiones cometidas contra hombres y mujeres indígenas Saraguro:

 

“hay compañeros que fueron heridos, uno de los compañeros casi perdió la vista, estuvo varios días es diferentes clínicas. También el otro compañero le volaron los cuatro dientes y un pedazo de la mandíbula, [a él] le estuvieron llevando detenido, le dejaron en San Lucas del bus porque estaba con mucha sangre, porque la gente le había pedido y estaba con mucha sangre”

 

Al respecto la organización indígena local, CORPUKIS, dio a conocer los hechos a la Fiscalía con la intención de que inicie las respectivas  investigaciones, pero al contrario de esto,  dirigentes y no dirigentes fueron detenidos y procesados penalmente, con cargos por los que podrían recibir de uno a tres años de cárcel. Actualmente, ha ascendido a 31 el número de personas acusadas.

 

“El pueblo de Saraguro salió a exigir un derecho justo que contempla la Constitución el tema de la resistencia (...) Ha existido vulneración de varios derechos hacia los campesinos, hacia los pueblos indígenas (...) Entonces el pueblo de Saraguro había salido a movilizarse. (...) desde el Estado la respuesta que tuvimos era la violenta masacre (...) ha existido una persecución política a los dirigentes quienes estamos también en el proceso de las organizaciones de Saraguro (...) Una persecución judicial, en este momento que estamos vinculados al proceso (...) el pueblo de Saraguro en ningún momento empezó a generar la violencia, la violencia vino desde el Estado, vino desde la policía desde las fuerzas armadas, fueron quienes generaron la violencia. (...) Mantener militarizado Saraguro es una persecución también”

 

La presencia de policías y militares en el cantón Saraguro y sus comunidades indígenas, fue justificada en su momento, con el estado de excepción dictado dos días antes, desde el poder ejecutivo por la posible erupción del volcán Cotopaxi.  Esta presencia armada, de acuerdo al testimonio de Julio Lima, se extendió por una semana más, logrando persuadir a la población de no organizar nuevas manifestaciones.

 

“¡¿Qué tiene que ver el volcán Cotopaxi en Saraguro?! O sea en eso queremos decirles claramente así, no estamos cerca del volcán, no había por qué un decreto de excepción en el caso de allá solo para utilizar a las fuerzas armadas y a la policía para ingresar a las comunidades, destruir viviendas, las puertas de las casas, ventanas, agredir a personas de tercera edad osea, para eso sirvió el estado de excepción”

 

El dirigente destaca que en medio de esta adversidad han recibido el apoyo y la solidaridad de varios sectores y organizaciones de la sociedad civil, tanto de la ciudad como del campo.

 

Desde otra perspectiva, Carmen Medina, una de las criminalizadas cuenta el problema que le acarrea este juicio, a ella y a toda su familia, ya que su esposo también es uno de los procesados.

 

Según manifestó, el 17 de agosto se encontraba con su esposo y sus hijos, intentando viajar con su vehículo cuando la vía reabriera. La pareja habría decidido avanzar unos metros a pie, pidiendo a sus hijos que no salieran del vehículo mientras verificaba si la calle se abría.

 

“fuimos como 12 mujeres, todas madres, nosotras sentíamos el sufrimiento en carne propia de abandonar a nuestros hijos. (...) Mis hijos prácticamente quedaron ellos en la calle, en el carro esperándonos (...) Mis hijos ya estaban viéndome la cara a mí a los 15, 16 días (...) Fui detenida por ayudar a una persona de la tercera edad porque de verdad daba pena de ver tantos golpes que daban a otra gente a los hombres principalmente les maltrataban muchísimo, se veían que le cogían del pelo, le arrastraban, le pisaban, le pateaban...”

 

Carmen Medina es migrante, desde hace 15 años vivía en España junto a su familia hasta el mes de julio de 2015 en que llegaron a Ecuador, tenían planeado regresar el pasado septiembre, pero con el proceso en su contra debe presentarse dos a tres veces a la semana ante el fiscal y tiene prohibición de salida del país, ella ya perdió su trabajo y ahora teme que sus documentos y los de su esposo  caduquen.

 

Una de las abogadas del caso, Abigail Heras, expresa su preocupación ante la posible criminalización de más personas ya que la Fiscalía ha iniciado una indagación previa por el delito de secuestro. Mientras tanto,  la investigación por las agresiones a los comuneros sigue pendiente.