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Después de 20 días de huelga en la que alrededor de 35 mil campesinos del a Región de Puno, en la frontera de Perú y Bolivia, exigían frenar las concesiones mineras y petroleras que ocupaban la región, por los altos índices de contaminación que estas provocaron, así mismo reivindicar el derecho de las comunidades a la consulta previa e informada para la explotación de recursos naturales.

 

El 28 de mayo pasado después de una extensa reunión, se conocieron los primeros resultados de esta medida. Se eximió de la explotación minera al cerro Khapia al declararlo, a través del Decreto Supremo N° 008-2011-MINAM, como reserva ecológica y sitio sagrado, se considera además que Khapia es fuente principal de agua y de hierbas medicinales, por lo que se le conoce como la "Botica del Pueblo" que a las comunidades Yunguyo, Copani, Cuturapi, Zepita, Pomata de Perú y a toda la provincia de Copacabana que alberga 42 comunidades bolivianas. Al entrar en vigencia tal decreto se detuvieron 2 solicitudes de concesión y 2 más que ya estaban autorizadas.

ACCIÓN URGENTE

Quito, 31 de marzo de 2011

Ref. OMCT. Caso MEX 280411

 

Sr.

Felipe Calderón

Presidente de la República de México

Residencia oficial de Los Pinos

 

Señor Presidente:

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, Cedhu, le extiene el más cordial saludo, al mismo tiempo, deseamos expresarle nuestra profunda preocuopación por el asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, en la comunidad de La Morena, en la Sierra de Petatlán, Estado de Guerrero.

 

Con información fiable recibida desde organizaciones como el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" (Centro FRAYBA) y la Organización Mundial Contra la Tortura, entre otros informativos web de derechos humanos; supimos que la vida de Javier Torres Cruz se encontraba amezada desde hace varios años, específicamente desde el año 2007 cuando junto a su tío, el señor Isaías Torres Rosas, denunciaron ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal al señor Rogaciano Alba Álvarez, como actor intelectual del asesinato en 2001, de la defensora Digna Ochoa y Plácido.

La Región de Puno en Perú, enfrenta un grave problema de contaminación fruto de los 256 pasivos ambientales, registrados hasta agosto de 2010, que dejaron las múltiples concesiones mineras y petroleras que ocupan 11 de las 13 provincias que conforman la región, cuya población sufre de escasez de agua para consumo humano, actividades agropecuarias, pesca entre otros.

De acuerdo a la oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno se ha violado el derecho de las comunidades a ser consultadas e informadas previo ingreso de las empresas para el desarrollo de actividades extractivas, así el 48% de los conflictos sociales de la región son de tipo ambiental.

Los pobladores de la región de Puno iniciaron una huelga hace 17 días, hasta el momento permanecen a la interperie esperando una respuesta del Estado Peruano, de quieb exigen la suspensión de las Concesiones Mineras y Petroleras y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM, el cuál se declaró de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras en favor de una empresa canadiense.

Solcitan además que se de aplicación al Derecho a la Consulta y que se les garantice el derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, respaldados en el artículo 169 de la OIT. Así mismo, proponen que se incluya en la Comisión Multisectorial señalada en la Resolución Suprema 131-2011-PCM, representantes de la sociedad civil e instituciones que trabajan el tema medio ambiental, en especial dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur. También rechazan la intevención de las Fuerzas Armadas y Policía autorizada a través de la Resolución Suprema Nº 191-2011-DE.

La huelga propone principalmente, abrir los espacios de diálogo. Ha recibido el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones que se sienten indignadas ante la despreocupación gubernamental.

Desde la Cedhu nos solidarizamos con la situación de la región de Puno, esperando que el Gobierno de Perú se sensibilice ante tal situación, con acciones prudentes, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.

Una vez más queda demostrado que el capitalismo neoliberal necesita vulnerar derechos para mantenerse en nuestros países. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha cuestionado la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) que recuerda al gobierno del Brasil que deben detenerse las obras de la represa de Belo Monte en tanto no se realicen las consultas a los pueblos indígenas afectados por este megaproyecto.

 

Qué vergüenza: quien debería ser el guardián de los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos es el primero en cuestionarlo. Porque el Pacto de San José es un tratado suscrito por los Estados del continente. Pero para el Secretario General de la OEA, los derechos no deben aplicarse con la misma medida para todos. Los pueblos indígenas somos un obstáculo subsanable en nombre del "desarrollo". Como el personaje principal de Rebelión en la Granja de George Orwell, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros.

belohorizonteMiércoles, 4 de mayo de 2011

 

Honorable Excma. Sra.

Dilma Vana Rousseff

Presidenta de la República Federal de Brasil

Brasilia, DF, Brasil

Estimada Sra. Presidenta,

 

Reciba saludos cordiales de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador. Nos dirigimos a su Excelencia para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de abril pasado en favor de las comunidades indígenas, incluyendo en aislamiento voluntario, gravemente amenazadas por la construcción del Complejo Hidroeléctrico Belo Monte (Pará). También estamos ampliamente preocupados y sorprendidos por la reacción de su gobierno de amenazar con retirar el financiamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de retirar su candidato a la Comisión.

 

Por lo cual respetuosamente solicitamos que las medidas sean acatadas lo antes posible y que su gobierno reconsidere la decisión del retiro de los fondos a la Comisión. Esto respetaría los derechos humanos de los pueblos indígenas y del ambiente, derechos que Brasil ha defendido internacionalmente.