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El viernes 2 de noviembre se celebró la audiencia concedida por la CIDH a un grupo de organizaciones de la sociedad civil que presentaron en conjunto un informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en Ecuador. En la audiencia estuvieron presentes representantes de Acción Ecológica, CEDHU, Inredh, Pachamama, Centro Lianas y Fian, para hablar de los casos de criminalización se presentaron Carlos Pérez por parte de Funagua y Delfín Tenesaca, de la Ecuarunari.  

 

El informe presentado por las organizaciones recoge el contexto, el marco normativo, las estrategias y los casos concretos de judicialización, hostigamiento, e incluso dos casos de impunidad en dos casos de muertes del activista. Durante la audiencia se manifestó que existe una persecución hacia sectores opositores a las políticas extractivistas del Estado, encabezado principalmente por grupos indígenas y ecologistas, costándoles desacreditación pública durante los discursos presidenciales, amenaza de cierre de la organización y procesos judiciales en contra.  

 

La representación del Estado ecuatoriano conformada por la subsecretaria del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la asesora del Ministerio de Ambiente, el asesor del Ministerio de Recursos Naturales no renovables y el comisionado Erick Roberts, aseguró que el Estado es el mayor garante de los derechos a la protesta y de la naturaleza, al ser elevados a derechos constitucionales e insistió que las acciones tomadas buscar guardar el derecho de las personas que no participan en la protesta cuando estas se tornan violentas. Presentó, además dos videos que describían las gestiones del cabildo quiteño para evitar enfrentamientos durante la llegada de la Marcha del Agua por la capital el 22 de marzo de 2012 y la cadena que difundió la Secretaría de Comunicación deslegitimando el informe presentado en diciembre de 2011, por la Defensoría del Pueblo sobre la criminalización de la protesta social.  

 

De parte de los peticionarios, el abogado Mario Melo respondió, que la información presentada por el Estado es imparcial y sesgada, y que la manera de presentarla es un uso abusivo del poder y que promueve un ambiente de confrontación. Se realizó un llamado a sincerar las posiciones y promover un diálogo genuino y directo en función del interés de los derechos humanos. De igual manera Carlos Pérez, en referencia a su caso personal, afirmó que antes de salir a protestar agotaron todos los recursos formales ante las autoridades nacionales.  

 

Los cuestionamientos de los comisionados hacia el Estado ecuatoriano, se concentraron en conocer si se había ratificado la declaración de Nacionaes Unidas para los defensores de derechos humanos, ya que en esta se establece las obligaciones del Estado para con las personas consideradas defensoras de derechos, en ese sentido, qué políticas ha adoptado. Otro tema de especial preocupación fue la tipificación del sabotaje y terrorismo, además de las posibles reformas que restringirían aún más la protesta social.  

 

De parte del Estado ecuatoriano reiteró su invitación a la Comisión Interamericana a realizar una visita al país, de parte del Ministerio de Justicia convocó a la sociedad civil a presentar información sobre los casos de los que la cartera no tiene conocimiento, se refirió además a la capacitación a operadores de justicia como parte del proceso de reforma de la justicia. Aseguraron además que enviarían información a la Comisión posteriormente.  

 

La CIDH reafirmó su compromiso a continuar monitoreando la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el Ecuador.

 

Puede descargar el informe completo aqui:

icon Situación de defensores de derechos humanos y defensores de la naturaleza en Ecuador (565.03 kB)