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“Ocaso de la Justicia: Informe Psicosocial y de Derechos Humanos” presenta una rigurosa investigación sobre la situación psicosocial de los 10 jóvenes detenidos el 3 de marzo de 2012 en el operativo denominado “Sol Rojo” en el caso “10 de Luluncoto” y de sus familiares.

 

Este informe está basado en testimonios de los y las jóvenes presos y sus familias, recogidos por el equipo conformado por : CEDHU, INREDH y el Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Además se utilizaron herramientas de análisis psicosocial y de derechos humanos que permitieron evidenciar el estado psicosocial de las víctimas y de sus familiares.

 

El equipo técnico se encargó de la elaboración del protocolo de evaluación, de realizar las entrevistas y de aplicar el Reactivo de Goldberg, en el Centro de Detención Penitenciaria, en la Cárcel de Mujeres del Inca, y en los hogares de las familias que residen en la ciudad de Quito. En el caso de las familias de Guayas, Azuay, Imbabura, Esmeraldas se organizó una Asamblea de familiares en las que se realizaron entrevistas grupales y entrevistas personales.

 

Las entrevistas y los cuestionarios realizados evidencian impactos psicológicos en los y las detenidas, principalmente relacionados con el momento de la detención y en relación al proceso judicial, los miembros de sus familias presentan síntomas de estrés post-traumático, además de estados de ansiedad generalizada, retraimiento, insomnio, falta de apetito entre otras afecciones, que incluyen a los más pequeños de las familias. Un fuerte impacto para las familias fue el allanamiento realizado en los hogares dos meses después de la detención del 3 de marzo, manteniéndoles en una permanente sensación de vulnerabilidad.

A nivel social se encuentran problemas económicos, los y las detenidos aportaban a sus hogares, elevando esta carga a otros miembros de sus familias. Los empleos, proyectos y planes de vida inmediata fueron suspendidos, temiendo que no puedan retomarlos.

 

Los testimonios evidenciaron las constantes violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, en el momento de la detención y durante el allanamiento realizado a los hogares. Se registraron malos tratos, faltas a la intimidad, a la honra, a la integridad física, a la defensa y aún ahora se vulneran sus derechos en los centros de detención donde se registran graves problemas de hacinamiento.

Frente a estos hallazgos el informe recomienda: 1.Atención psicológica a los familiares, especialmente a los niños y niñas que vivieron los allanamientos y a los detenidos y detenidas, 2.Que los jueces encargados de la causa actúen con total independencia y atienda las peticiones de prueba desde la defensa, 3.Que las autoridades respeten el derecho a la presunción de inocencia de los imputados, que se investigue la conducta de policías y fiscales al momento de la detención y que el Ministerio del Interior adecúe su conducta en cuanto al respeto de los derechos humanos como lo exige la Constitución. Ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, en cambio en este caso desde el Ministerio del Interior, específicamente en la rueda de prensa del 3 de marzo, se afirmó la captura de 10 “terroristas” cuando hasta el momento no se ha comprobado ningún delito.

 

icon Informe Psicosocial y de Derechos Humanos Caso 10 de Luluncoto (1.08 MB)