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Resumen Ejecutivo

20 de mayo de 2014

 

I. Antecedentes

La comunidad de Junín y otras comunidades de la zona de Intag, desde hace 17 años han defendido su tierra y su forma de vida libre de contaminación y desplazamientos. Así, se han proclamado en defensa de sus fuentes de agua, bosques y la agricultura, como pilares fundamentales para su soberanía alimentaria y su organización económica. En consecuencia, las comunidades se han proclamado en resistencia frente a distintos proyectos mineros que han pretendido imponerse en sus tierras.

 

La empresa nacional minera (ENAMI), ha adquirido la concesión minera Llurimagua para la exploración, y subsiguientemente, la explotación de cobre, en la Cordillera de Toisán. Este proyecto, tiene incidencia directa en la comunidad de Junín, entre otras comunidades que se encuentran en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. El proyecto ha sido transado mediante convenio con la empresa transnacional Codelco, de Chile, el 28 de noviembre de 2011.

 

El 10 de abril de 2014, miembros de la policía nacional detuvieron a Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en el cantón Nanegalito. De acuerdo a los testimonios, la detención ocurre sin orden de juez competente, lo mantuvieron incomunicado durante varias horas, interrogándolo sin defensa y sin conocer la causa de su detención. Así, de manera ilegítima, la fiscalía de Cotacachi lo acusa por el supuesto delito de rebelión y sabotaje.

 

El 8 de mayo de 2014, la ENAMI incursionó en la zona de Intag, y en la comunidad de Junín, acompañada de la fuerza pública policial, en el marco del proyecto minero Llurimagua.

II. Conformación de la Comisión de organizaciones defensoras de derechos humanos y la naturaleza, para el monitoreo de la situación de la población de la zona de Intag, provincia de Imbabura

 

El 8 de mayo de 2014, varios pobladores de la zona de Intag denuncian que numerosos miembros de la fuerza pública ingresaron en la zona y se han instalado en varias comunidades de las parroquias de García Moreno y Peñaherrera.

 

También, se denuncia que los miembros de la fuerza policial, estarían limitando la libertad de circulación de los pobladores de Intag, y su permanencia ha conllevado una situación intimidatoria para las organizaciones comunales y las personas, que abiertamente se han opuesto a la minería en Intag.

 

Ante estos hechos, las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, Fundación INREDH, CEDHU, Acción Ecológica y CEDENMA, deciden conformar una comisión para monitorear esta situación.

 

El objetivo principal de la comisión, fue el registro de las circunstancias denunciadas y la recopilación de información, para ulteriormente, al verificar los hechos, realizar un informe sobre la situación de derechos humanos en Intag. La comisión se trasladó a la provincia de Imbabura desde el día 14 al 16 de mayo de 2014.

 

III. Situación de la comunidad de Junín

 

El día 14 de mayo de 2014, la Comisión se dirige a la zona de Intag. Se pudo evidenciar que en las entradas de las parroquias Peñaherrera y García Moreno, habían al menos dos camionetas de la Policía Nacional. Además, en la carretera, se constató la presencia de la ENAMI que se transportaba en varias camionetas públicas y privadas. Al conversar con las personas de la zona, la Comisión consideró pertinente ir hacia la comunidad de Junín, en la que se presumía un estado de sitio.

 

Esta presunción se obtuvo de testimonios, como la de Polibio Pérez, dirigente de la comunidad de Junín, quién relata que alrededor de las 16h00 del 8 de mayo de 2014, incursionaron de manera violenta en Junín al menos, 200 miembros de la Policía Nacional, con 30 vehículos, entre estos, vehículos de la DINAPEN y dos ambulancias. Luego de esta incursión, miembros de la Policía Nacional se habrían instalado en la comunidad.

 

Así, el 14 de mayo, la comisión se dirigió a la comunidad de Junín, alrededor de las 21h30, y fue detenida por un control policial en Chalguayacu Alto, que se encuentra en la entrada de la comunidad. Este control policial estaba conformado por aproximadamente diez policías, comandados por el teniente Tello, quién informó que estaba prohibido el paso para personas que no son de la comunidad, y que sólo a partir de las 7h00 del día siguiente se podría ingresar.

 

Al preguntar cuál era la razón de limitar la libre circulación en Junín, el teniente Tello se limitó a contestar que tenía órdenes directas del coronel Chávez, y que sólo él podría determinar lo contrario. En este control policial, la Comisión conoció que la ENAMI les facilitaba la comunicación a través de teléfonos satelitales, y que su presencia allí era por la ENAMI.

 

Al día siguiente, el 15 de mayo de 2014, la Comisión intentó nuevamente ingresar a Junín. Esta vez, en el control policial de Chalguayacu Alto, el teniente coronel Vinueza detuvo a miembros de la Comisión, quiénes tuvieron que explicar sobre la conformación de la misma, y del objetivo de monitorear la situación de derechos humanos de la comunidad. El teniente coronel Vinueza, permitió el ingreso de la Comisión, bajo la condición de revisar nuestras pertenencias, nuestros documentos de identidad, y que no se “incite” a los pobladores de Junín.

 

Luego, ya en la comunidad de Junín, cuando la Comisión cuestionó la presencia de la Policía, lo único que respondió el teniente coronel Vinueza fue que su presencia en la comunidad era parte del Operativo Nacional Intag, y que tiene órdenes directas del Ministerio del Interior.

 

En la comunidad de Junín, la Comisión recopiló información fotográfica y recogió varios testimonios, entre pobladores y funcionarios públicos. En virtud de ello, la Comisión constató una presencia desproporcional de miembros de la fuerza policial.

 

La comunidad de Junín está conformada por alrededor de 30 familias, es decir, aproximadamente 260 personas. Allí, se han instalado más de 120 miembros policiales, es decir un policía por dos habitantes: hombre, mujer, niño y adulto mayor de la comunidad. Los miembros de la policía, se han establecido solamente en tres casas, a quiénes se les paga un precio de $10 dólares al día para que cada policía pueda dormir en cualquier espacio de la casa, y $5 dólares por cada comida. Según los testimonios, la comunidad de Junín no tiene capacidad parar mantenerlos.

 

En estas circunstancias, desde el 8 de mayo de 2014, los miembros de la policía se acomodan en Junín: un grupo de ellos juega volleyball en la cancha central de la comunidad, otros están sentados, otro grupo conversando en las gradas de las canchas o de la iglesia, otros juegan cuarenta, otros deambulan por la comunidad o se bañan en el río, y muchos de ellos ya no usan el uniforme o están con el torso descubierto.

 

Mientras los miembros de la policía se acomodan, los pobladores de la comunidad de Junín viven en pánico, sufren por la restricción de derechos y la ruptura de su cotidianidad.

 

La afectación es causada directamente por la presencia de la Policía Nacional. Ahora, se les pide documentos de identidad en el paso de una comunidad a otra, se ha restringido el acceso a turistas, (el turismo es fuente de ingresos para la comunidad), los policías no cumplen las normas de la comunidad, y las personas no hacen uso de sus espacios públicos que están ocupados por los policías.

 

En estas circunstancias, los testimonios relatan que en su propia comunidad tienen miedo de hablar, se sienten observados y presumen que son escuchados en sus casas; muchos de ellos tienen miedo de ser detenidos, al igual que el presidente de su comunidad, y sienten que cualquier objeción que puedan hacer puede ser una causa para su represión.

 

Es así como en Junín se ha instaurado un estado de miedo e intimidación. En contraparte, los funcionarios de la ENAMI tienen libre acceso y circulación a la comunidad y a la zona de exploración del proyecto minero Llurimagua.

 

Un funcionario de la ENAMI, que se ha instalado en Junín como técnico de factibilidad social, señaló que se está levantando muestras para el estudio de impacto ambiental, y luego, en alrededor de 15 días, se efectuará una socialización del mismo para poder obtener la licencia ambiental.

 

Respecto a la situación social de Junín, observó que ellos no entienden la minería por falta de información y educación, y que cuando hay proyectos mineros se intensifica el turismo. Por último, mencionó que si la ENAMI considera necesario, se podrá proyectar la presencia de la policía desde los 15 días de la socialización del estudio a los 4 años de la fase de exploración.

 

El técnico de factibilidad social de la ENAMI, desconoce la organización comunitaria de Junín, así como desconoce el bosque de reserva comunitaria, los proyectos de conservación, de turismo ecológico y de alternativas económicas sustentables.

 

IV. Conclusiones

 

Luego del monitoreo in situ de la comunidad de Junín y de los testimonios recopilados, la comisión ha constatado que la comunidad de Junín se encuentra en una situación de ocupación policial y un estado de excepción de facto.

 

En Junín la policía nacional está restringiendo derechos: la libre circulación, los derechos de participación, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y opinión, y la libertad de asociación.

 

Además, al incursionar en Junín con funcionarios de la ENAMI y al abrigar sus actividades, estas entidades públicas están vulnerando el derecho a la consulta previa sobre toda decisión que pueda afectar al ambiente y la comunidad y están atentando de manera inminente contra la organización comunitaria y la propiedad colectiva.

 

Por último, la amedrentación es tan intensa que los miembros de la comunidad temen ejercer su derecho a la libre expresión y a la resistencia, derechos constitucionales que tienen tanto los individuos como los colectivos frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar sus derechos.

 

 

V. Recomendaciones

 

La comisión urge al Ministro del Interior, José Serrano Salgado, que revoque el Operativo Nacional Intag y el estado de excepción de facto de la comunidad de Junín y otras comunidades de la zona de Intag, por la falta de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y razonabilidad del mismo.

 

Exhorta al alcalde del cantón Cotacachi, Jomar Cevallos y al prefecto de la provincia de Imababura, Pablo Jurado, que adopten las medidas necesarias para restablecer el estado de derecho en la zona de Intag, y se restablezca la paz en las comunidades, en especial, en la comunidad de Junín.

 

La comisión rechaza estas formas de violencia y la coerción para llevar a cabo procesos de consulta y socialización de proyectos, y manifiesta su profunda preocupación del debilitamiento de la organización comunitaria y local, a través de la imposición de un estado de intimidación policial.