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Ponemos a disposición para su libre descarga, el informe titulado Independencia de la Justipresentado elaborado por el jurista peruano Luis Pásara, y presentado por Fundación para el Debido Proceso, FDP, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DEJUSTICIA y el Intituto de Defensa Legal. A continuación presentamos la introducción del informe y el enlace de descarga.

icon Independencia Judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana (1.15 MB)

 

Independencia Judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana

INTRODUCCIÓN:

 

portadaijreEs condición básica para un adecuado funcionamiento de la judicatura

y un desempeño recto de los miembros de la institución judicial—

que sus integrantes sean personas independientes e imparciales.”

DPLF, Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes

de carácter transparente y basada en los méritos, p. 3.

 

La teoría ha definido la independencia judicial, con más facilidad, en términos negativos; esto es, como “la ausencia de” interferencias con el desempeño de la función que corresponde al juzgador: “Para que un juez sea independiente es necesario que esos otros agentes (…) (gobierno, legislatura, sociedad civil), no ejerzan ‘ciertos tipos de poder’ sobre el juez”. La abstención de otros actores de poder hace posible la independencia judicial y, en contraste, su injerencia corresponde al “poder ilegal”1. La independencia judicial refiere, pues, en primer lugar, a la inexistencia de condicionamientos susceptibles de plasmarse en interferencias en la actuación de la administración de justicia.

 

La independencia debe situarse tanto en el nivel de la institución como en el nivel del juez individual. La institución puede gozar de independencia –respecto a injerencias extrañas a ella– pero el juez puede no serlo, en razón de presiones provenientes de la propia organización. Cuando se trata del juez individual, la independencia consiste en la ausencia de vínculos o interferencias que lo lleven a decidir en un sentido determinado; esto es, que le impidan ser imparcial al resolver los casos que conoce.

 

Tal conceptualización2 significa que la independencia del juzgador no se establece en beneficio suyo sino de la imparcialidad que el sistema –y los ciudadanos– esperan de él en el desempeño de sus funciones. Por lo mismo, cuando se atenta contra la independencia de un juez, él mismo resulta ciertamente perjudicado pero no estamos sólo ante un agravio particular: al violarse la independencia judicial se atenta contra el derecho de la sociedad a una justicia imparcial, dado que “las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático”3.

 

Aunque hay muchos modos de comprometer la independencia del juez, los nombramientos, la carrera y el control disciplinario constituyen escenarios clave para afectar la independencia. En términos concretos, el juez puede ser independiente cuando su nombramiento en el cargo y la permanencia en él no se hallan bajo el control de alguien que tiene interés en un pleito. Sólo cuando se da esa condición negativa, el juez no está sujeto a interferencias en su decisión y, en consecuencia, puede ser imparcial al adoptar sus decisiones.

 

1Linares, S. (2004). ¿Qué es y cómo se mide la independencia judicial? En Política y Gobierno, XI (1), pp. 73-127.

2Sobre el concepto de independencia judicial, véase DPLF. (2011). Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central. Washington, D.C.: Due Process of Law Foundation, pp. 27-29.

3CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 diciembre 2013, párr. 16.