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El abogado de las comunidades afectadas comentó que el papel asumido por esa subcomisión fue el de mediadora. Cuestionó la falta de profundidad del informe, sustentado principalmente en documentación de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Mientras que algunas de las personas desalojadas expusieron sus desacuerdos con la falta de reubicación y de espacios para vivienda. Actualmente, han pedido posada en hogares de vecinos, ocasionando incomodad y hacinamiento. La subcomisión ofreció recoger estas inquietudes y corregir el informe.

 

El mismo 3 de febrero se presentó la publicación “Entretelones de la Megaminería en Ecuador”, un informe redactado por un equipo técnico de académicos con el apoyo de moradores y moradoras de Tundayme y que refleja las afectaciones a la población y al ambiente generadas por las actividades de ECSA en la zona, tales como acoso por parte de trabajadores de la empresa, deterioro en vías de comunicación, contaminación del agua, tensión por la muerte del líder shuar José Tendetza, en noviembre de 2014.

 

Las organizaciones de la sociedad civil y académicos que se han pronunciado por la situación en Tundayme, han encontrado una serie de incumplimientos por parte de la empresa ECSA que derivan en violaciones a los derechos humanos y de los pueblos, que deberían ser garantizados.