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ACCIÓN URGENTE

Miércoles, 27 de abril de 2011

 

Ref. Caso HND 260411/ HND 260411.DESC

 

Sr. Lcdo.

Porfirio Lobo Sosa

Presidente de la República de Honduras

Casa Presidencial

Tegucigalpa.

 

Señor Presidente:

 

Con un cordial saludo, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra profunda preocupación por los actos de violencia registrados en su país los últimos día, el más grave de estos, el asesinato en Trujillo de los señores Tarin Daniel García Enamorado y su Carlos Alberto Acosta Canales, ambos campesinos miembros del Movimiento Auténtico Campesino del Aguán (MUCA), movimiento involucrado en el proceso de la lucha por la recuperación de tierras.

 

Hemos recibido información de la Organización Mundial contra la Tortura OMCT, y Antena Internacional, que cerca de las 15h00 del 14 de abril de 2011, Daniel García y su suegro Carlos Acosta salieron a pescar asegurando que regresarían el día siguiente. Pero al no retornar a sus hogares, las familias y amigos dieron aviso a la policía estacionada en Tocoa, Trujillo y La Ceiba. Fueron encontrados muertos cinco días después, el 19 de abril, en Ocotes Altos, al margen izquierdo del río Aguán, municipio de Trujillo. El hallazgo evidenciaba la brutalidad de hecho, pues Daniel, de 26 años, fue decapitado y Carlos fue hallado con las manos atadas.

 

De acuerdo a la información recibida, estos actos responden al la ola de violencia destada después de que las 2500 familias campesinas afiliadas al MUCA inciaran el proceso de recuperación de tierras, después de que el golpe de Estado de junio de 2009 frenara todo avance en el intento de solucionar pacíficamente el conflicto agrario que inició, según las fuentes, cuando terratenientes arrebataron ilegalmente dichas tierras a los campesinos después de la reforma agraria de 1992.

 

Nos informaron además, que tal conflicto involucra además de los campesinos, a residentes de la zona, las fuerzas públicas y la seguridad privada de los Sres. Reynaldo Canales, René Morales y Miguel Facussé Barjum, terratenientes y productores de palma africana en la región. Según las denuncias algunos vecinos habrían visto a guardias de seguridad de terratenientes de esa zona, que habrían secuestrado a Daniel García y Carlos Acosta cerca del río Aguán, donde se encuentran las tierras de los terratenientes.

 

Los hechos narrados no son aislados, el 14 abril pasado el campesino Mario Mejía denunció que después de retirar dinero de un banco, fue perseguido por tres vehículos distintos y que desde uno de estos le dispararon hiriéndole en el tobillo. De igual manera sucedió el 20 de abril de 2011, varios campesinos, miembros de la cooperativa La Confianza, denunciaron que fueron perseguidos por tres vehículos marca Toyota tipo 3.0 de colores gris, crema y blanco respectivamente, después de que retiraron dinero en una sucursal bancaria.

 

A estos actos se suma la impunidad en la que se mantienen la mayoría de los 23 asesinatos perpetrados contra campesinos pertenecientes al MUCA y el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), ya que en pocos casos se inició una investigación.

 

El contexto de conflicto de recuperación de tierras en Aguán, en el que se dio muerte a Tarin Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, se enmarca en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, reclamados tanto por ellos como por los miembros de las comunidades afectadas por la violación de los mismos. Hechos, que como Cedhu, condenamos rotundamente con la preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias de las víctimas y en general de los pobladores de la región del Bajo Aguán.

 

La Cedhu le recuerda que el gobierno Hondureño está obligado a garantizar el respeto de los derechos humanos y por tanto a obrar de conformidad con las leyes regionales e internacionales en esa materia, en particular con las provisiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y, en este caso, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

Por lo tanto, no vemos en la necesidad de solicitarle las siguientes acciones urgentes:

  1. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las familias de los Sres. Tarin Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, de sus personas allegadas así como las de todos los campesinos y pobladores de la región de Bajo Aguán;
  2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos y cada uno de los hechos arriba denunciados, y en particular al asesinato de los Sres. Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales investigación cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
  3. Garantizar que se otorgue una adecuada reparación a las respectivas familias de los Sres. Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, la cual incluya una rehabilitación y una compensación;
  4. De manera general garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población civil en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, respectivamente ratificado y adherida por Honduras.

 

Atentamente

 

Sra. Joyce Dickey

Presdidenta

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

 

Direcciones:

Sr. Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la República

Sr. Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Sra. Ana Pineda, Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Sr. Oscar Alvarez, Ministro de Seguridad.

Sra. Embajadora Gracibel Bu Figueroa, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra.

Sr. Kelvin Aguirre, Unidad Especial de Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad.