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La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ha recibido con grave preocupación información de fuentes fidedignas  sobre el asesinato del sr. Nelson García, miembro activo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

 

 

El día 15 de marzo de 2016, el sr. García iba de camino a su domicilio en el municipio de Rio Lindo, departamento de Cortes, cuando fue asesinado por hombres armados. El activista por los derechos de la naturaleza y miembro activo de COPINH volvía de los predios de Rio Chiquito donde la policía había desalojado violentamente a unas 150 familias indígenas, unas cuantas horas antes del homicidio.

 

 

Adicionalmente, el sr. Sotero Chavarría y el Sr. Servín Milla, ambos miembros de la Coordinación General de COPINH, recibieron amenazas de secuestro de parte de miembros de la policía. Estos actos no son hechos aislados, sino que se suman a una larga lista de ataques y amenazas en contra de integrantes de COPINH y de sus familiares.

 

 

En este contexto es imperioso mencionar que la muerte del sr. García ocurre a penas dos semanas después del asesinato de la emblemática defensora de derechos humanos Berta Cáceres. En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha reiterado varias veces su preocupación por la precaria situación de defensoras y defensores de derechos humanos en varias regiones del país. En su Informe sobre Honduras la CIDH ha manifestado que,

Los defensores y las defensoras de derechos humanos […] son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. […]

 

Debido a los hechos de violencia ocurridas en torno al proyecto Agua Zarca, la compañía holandesa FMO responsable del mismo decidió frenar todas sus actividades en Honduras, la mañana del 16 de marzo de 2016.

 

 

La CEDHU expresa su completo rechazo al asesinato de Nelson García y hace un llamado a las autoridades competentes a emprender una investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre su asesinato. Además urge al Estado hondureño terminar con la ola de criminalización y violencia que sufren miembros de COPINH y en general defensores y defensoras de derechos humanos y la naturaleza, que se oponen a proyectos hidroeléctricos en sus comunidades, en razón de su impacto negativo en relación al derecho a la tierra.

 

 

Haciendo eco de varios pronunciamientos de organismos intergubernamentales y de la sociedad civil preocupados por los derechos humanos, recordamos que los ataques a la vida de defensoras y defensores tienen un efecto multiplicador que va más allá de la afectación a la persona, pues cuando la agresión es cometida en relación a la actividad que desempeña, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares.

 

 

Honduras debe proteger a las y los defensores cuando su vida e integridad personal se encuentren en riesgo, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar que ataques como los ocurridos al sr. Nelson García y a la sra. Berta Cáceres vuelvan a ocurrir en el país.