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Pronunciamiento por lo hechos ocurridos en la cárcel del Turi

 

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*Imagen referencial. Diario El Tiempo

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, expresa su preocupación por los hechos registrados el pasado 31 de mayo de 2016, en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur, ubicada en el Turi, provincia del Azuay. Preocupa además la suspensión de las audiencias de habeas corpus solicitados por los detenidos que fueron agredidos, quienes pusieron este recurso para ser trasladados a otros centros para evitar ser blanco de nuevas agresiones.

 

De acuerdo a los relatos de las denuncias y la información recogida por la organización fraterna, INREDH, la agresión fue perpetrada por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO y del Grupo de Intervención y Rescate, GIR; quienes, aparentemente sin motivo alguno, lanzaron gas lacrimógeno y goleparon con toletes a los internos. Las agresiones, tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos los internos, pueden ser catalogados como tortura.  

 

La Defensoría Pública ha manifestado ya su preocupación por los hechos e impulsa la investigación. El Ministerio de Justicia ya entregó los videos de la cámara de seguridad que dan cuenta de la agresión hacia los internos y ya ha indicado que no existen más videos. A pesar de esto, la defensa del Ministerio del Interior insiste en presentar otros registros que demostrarían que hubo un motín.
Incluso si este fuera el caso, no hay excusa que justifique la violencia con la que se perpetraron estos actos, las víctimas de este caso, temen que la Justicia espere a que las huellas del maltrato desaparezcan para que su pedido sea invalidado.

 

La audiencia de habeas corpus fue suspendida dos veces y hasta se intentó hacerlo vía Skype, lo cual anula el sentido de esta garantía constitucional, que como su nombre lo indica es de “cuerpo presente”.

Hoy, a un mes de los hechos, se reinstalará la audiencia, por lo que hacemos un llamado a los operadores y operadoras de justicia a que actúen de acuerdo a la ley, que consideren que esta violación a los derechos humanos se ha cometido contra población vulnerable, dada su situación de encierro. Esperamos que en sus decisiones consideren la gravedad de este hecho y preserven la seguridad e integridad física de estas personas y sus familiares que claman por protección.  

 

Recordamos también, al Estado ecuatoriano, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia ha señalado que el Estado es responsable por cualquier violación a los derechos de los privados de la libertad ya que es el garante de sus derechos, y que ni la peligrosidad del infractor, ni la gravedad del delito justifican que agentes del Estado abusen de su autoridad.