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A través de cadenas nacionales de comunicación, el estado ha tildado de invasores y de violentos a quienes iniciaron estas medidas, dando a entender que son hechos aislados y sin reconocer el contexto que llevó a esta situación.

 

En noviembre pasado nos pronunciamos ante las autoridades pidiendo una solución pacífica del conflicto, la FIDH se dirigió públicamente hacia la Defensoría del Pueblo, institución que se ofreció como mediadora. Sin embargo, la constante presencia militar y las restricciones al libre tránsito entre otras, culminarían en un escenario anunciado, más violencia.

 

Lamentamos profundamente que estos hechos de violencia cobraran vidas y afectaran la integridad física de personal militar, policial y civiles y expresamos nuestra solidaridad con las familias de Nankints y con las familias de las personas heridas y fallecida.  Consideramos que un estado de excepción, solo limitará los derechos de la población, y no resolverá el problema de fondo. Reiteramos nuestro pedido a las autoridades estatales para encontrar una solución pacífica a esta situación.