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La política extractiva actual en Ecuador ha dado pasos sólidos para iniciar la explotación industrial de minerales metálicos a mediana y gran escala a través de la concesión de hectáreas mineras a empresas transnacionales públicas y privadas. Este proceso de expansión de la frontera extractiva afecta a territorios rurales, campesinos e indígenas y a los ecosistemas de los que dependen poblaciones que viven en sus cercanías.

 

En el año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente de Plenos Poderes emitió el Mandato Constituyente No. 6 (mejor conocido como Mandato Minero) en el afán de regular el sector minero y de prevenir impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades afectadas y asimismo como respuesta político-jurídica a las reivindicaciones y exigencias sociales en contra de la minería
a gran escala.

 

Ese mandato legitimado popularmente fue emitido a inicios del actual régimen, en un contexto social y político que tuvo como antecedente masivas movilizaciones sociales contra gobiernos neoliberales y como parte de un proceso de deslegitimación del aparato político ecuatoriano. Sin embargo, fue ejecutado posteriormente y de manera parcial en una coyuntura política de distanciamiento del poder ejecutivo respecto de la movilización popular y ecológica antiminera, y como expresión de un proceso acelerado de consolidación de la minería a gran escala bajo un discurso político de minería responsable vinculado al discurso de lasuperación de la pobreza.

 

A partir de las reformas a la legislación minera en las décadas de 1990 y 2000 y de la implementación del proyecto PRODEMINCA, que acumuló la presencia de empresas extranjeras con intereses mineros en zonas rurales, se desencadenó numerosos conflictos socio-ambientales, especialmente entre los años 2004 y 2008. Esto, sumado a la pre-existente y creciente preocupación desde sectores ecologistas por el tema minero, derivó en la convergencia de las resistencias antimineras que demandaron al Estado poner un alto al avance de la minería a gran escala en Ecuador.

 

Hasta el año 2008, un total de 5’629.751 hectáreas estaban concesionadas en el Ecuador, lo que representaba el 20% del territorio nacional (Sacher y Acosta 2012). Sin embargo, a pesar que los gobiernos de corte neoliberal construyeron marcos legales atractivos para la inversión extranjera minera y el ingreso de empresas transnacionales, ha sido el actual régimen el que ha catalogado a la minería como un sector estratégico para el país (Latorre 2009). Lo que bajó las expectativas que algunos sectores sociales y ecologistas tenían en el actual régimen, el mismo que durante su campaña electoral había prometido detener el avance de la mega minería en el país.

 

En la presente investigación se analiza el incumplimiento del Mandato Minero desde tres ámbitos. El primero, en relación con la decisión política del Gobierno Nacional de ejecutarlo parcialmente.

 

En segundo lugar, se analiza el incumplimiento del Mandato Minero en concesiones que conforman cinco de los proyectos catalogados por el Gobierno Nacional como estratégicos: Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y Panantza-San Carlos. En tercer lugar, se hace un análisis de la sentencia emitida por la Corte Constitucional respecto de dos acciones por incumplimiento del Mandato Minero presentadas por organizaciones de la sociedad civil, y sus implicaciones en términos jurídicos y de derechos humanos.

 

Quito-Ecuador, 2016

 

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icon Incumplimiento del Mandato Minero (6.24 MB)