enterate

 

La Sra. Milena Quiroz y los Sres. Isidro Alarcón Bohorquez y Francisco Zabaleta fueron arbitrariamente detenidos de manera simultánea entre el 21 y el 22 de marzo de 2017 en el sur de Bolívar junto con varios pobladores de la zona. Además, agentes de policía trataron de detener a la Sra. Arisolina Rodríguez mientras participaba en un evento en Barrancabermeja pero otros participantes impidieron que la detención pudiera efectuarse. La detención de estas personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales tiene lugar en un contexto de la militarización del centro urbano de Micohumado, de paramilitarización de la región y de aumento de las amenazas contra líderes sociales de la región. Según la información disponible, las detenciones se produjeron por supuestos vínculos a grupos guerrilleros y las personas defensoras siguen detenidas a espera de juicio.

 

 

 

 

 

La CEDHU ha sido informada sobre el asesinato de la Sra. Ruth Alicia López Guisao, ocurrido el 2 de marzo de 2017, en el barrio Olaya Herrara de Medellín cuando se encontraba visitando a integrantes de su familia que habitan en el sector. Además, la Hermana de la Sra. López Guisao recibió una llamada telefónica alertándole de que había rumores de que los asesinos planeaban atentar contra ella, sus otras hermanas y su madre durante el funeral.

 

 

Estos ataques se producen en el contexto del proceso de paz en Colombia, en el que se ha hecho cada vez más común la proliferación de mensajes de odio y rechazo al trabajo de los defensores y defensoras que trabajan en cuestiones relativas a la paz, así como el aumento de la estigmatización y las acciones de desprestigio y persecución en su contra como ha denunciado el programa Somos Defensores que además registró 80 asesinatos de personas defensoras en Colombia durante el año 2016.

 

 

CEDHU manifiesta su grave preocupación por esta serie de ataques contra personas defensoras de derechos humanos vinculadas con el Congreso de los Pueblos y solicita a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estos hechos con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley, así como adoptar una política de derechos humanos orientada a la protección de personas defensoras y líderes sociales.

 

 

Por eso razón la Comisión llama al gobierno de Colombia a:

 

1.-Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;

 

 

2.- Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros del Congreso de los Pueblos, y los líderes campesinos del país, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia;

 

 

3.- Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;

 

 

4.-Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

 

 

5.-De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.