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La Región de Puno en Perú, enfrenta un grave problema de contaminación fruto de los 256 pasivos ambientales, registrados hasta agosto de 2010, que dejaron las múltiples concesiones mineras y petroleras que ocupan 11 de las 13 provincias que conforman la región, cuya población sufre de escasez de agua para consumo humano, actividades agropecuarias, pesca entre otros.

De acuerdo a la oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno se ha violado el derecho de las comunidades a ser consultadas e informadas previo ingreso de las empresas para el desarrollo de actividades extractivas, así el 48% de los conflictos sociales de la región son de tipo ambiental.

Los pobladores de la región de Puno iniciaron una huelga hace 17 días, hasta el momento permanecen a la interperie esperando una respuesta del Estado Peruano, de quieb exigen la suspensión de las Concesiones Mineras y Petroleras y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM, el cuál se declaró de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras en favor de una empresa canadiense.

Solcitan además que se de aplicación al Derecho a la Consulta y que se les garantice el derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, respaldados en el artículo 169 de la OIT. Así mismo, proponen que se incluya en la Comisión Multisectorial señalada en la Resolución Suprema 131-2011-PCM, representantes de la sociedad civil e instituciones que trabajan el tema medio ambiental, en especial dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur. También rechazan la intevención de las Fuerzas Armadas y Policía autorizada a través de la Resolución Suprema Nº 191-2011-DE.

La huelga propone principalmente, abrir los espacios de diálogo. Ha recibido el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones que se sienten indignadas ante la despreocupación gubernamental.

Desde la Cedhu nos solidarizamos con la situación de la región de Puno, esperando que el Gobierno de Perú se sensibilice ante tal situación, con acciones prudentes, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.