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El pasado 21 de julio fue asesinada Keila Esther Berrió Almanza, mujer colombiana integrante de la Liga de Mujeres Desplazadas del Departamento de Turbaco en Bolívar, hija de una de las fundadoras y madre de tres hijos de 9, 11 y 12 años de edad. Desde noviembre de 2009, Keila y su familia contaba con medidas cautelares ortorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (319-09), que fueron ampliadas en el 2010, en junio de 2010 y en marzo de este año para toda la organización1.

 

Las mujeres pertenecientes a la Liga de Mujeres Desplazadas han sido amenazas desde su fundación, en el año 1999, por las autodenominadas Águilas Negras y el Ejército Revolucionario Anticomunista ERPAC, entre el 2010 hasta la fecha se han denunciado cinco amenazas.

 

De acuerdo al Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y La Liga de Mujeres Desplazadas el Estado colombiano es respondable "por la negligencia en su deber de prevención y protección y por la impunidad absoluta en las investigaciones de los hechos criminales contra la organización, lo que ha venido permitiendo la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres de la organización sus familias y sus proyectos"2.

 

Según afirman LMD, las autoridades consideran los casos como hechos aislados, sin reconocer que existe "un ciclo de violencia y un patrón de discriminación en donde se ataca a las mujeres por sus relaciones amorosas, el consumo de sustancias, el manejo de recursos, desviando así las investigaciones, lo que es más grave, tratando de hacer recaer la responsabilidad de los hechos en las mismas víctimas como generadoras de su propio riesgo"3.

 

Organizaciones como MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), se han manifestado en relación a "que el modelo de "reconciliación" en Colombia, vive una evidente crisis por la permanencia de las estructuras paramilitares y su convivencia con mandos y militares y policiales, sectores empresariales en diversas regiones del país. Solo en el tiempo que ha transcurrido desde la posesión del Presidente Juan Manuel Santos, más de 20 han sido asesinados, entre y mujeres líderes entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la "ley de víctimas" y hoy mismo, el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos asesinatos, sumados, a las permanentes y sistemáticas amenazas y hostigamientos a lo largo y ancho del país, reflejan la ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos"4.

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos se solidariza con la familia de Keila Berrió y con las Liga de Mujeres Desplazadas por la pérdida de tan importante miembra, de igual manera condenamos tales actos de agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos, ya que impide el acceso a ayuda a otras personas en situación vulnerable. Hacemos, también un llamado a las autoridades colombianas a emplear medidas de protección efectivas para personas que han sido amenazadas públicamente y a las organizaciones a las que pertenecen.

 

Citas:

 

  1. Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. http://www.democracialatinoamerica.org/1315/alerta_asesinado-de-miembro-de-la-liga-de-mujeres-desplazadas-de-colombia.html
  2. http://www.comosoc.org.co/?q=node/177
  3. http://www.comosoc.org.co/?q=node/177
  4. Declaración Política del V Encuentro del MOVICE., Bogotá, 22 de julio de 2011.

http://www.comosoc.org.co/?q=node/177