enterate

portada incumplimiento

La política extractiva actual en Ecuador ha dado pasos sólidos para iniciar la explotación industrial de minerales metálicos a mediana y gran escala a través de la concesión de hectáreas mineras a empresas transnacionales públicas y privadas. Este proceso de expansión de la frontera extractiva afecta a territorios rurales, campesinos e indígenas y a los ecosistemas de los que dependen poblaciones que viven en sus cercanías.

 

En el año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente de Plenos Poderes emitió el Mandato Constituyente No. 6 (mejor conocido como Mandato Minero) en el afán de regular el sector minero y de prevenir impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades afectadas y asimismo como respuesta político-jurídica a las reivindicaciones y exigencias sociales en contra de la minería
a gran escala.

 

Ese mandato legitimado popularmente fue emitido a inicios del actual régimen, en un contexto social y político que tuvo como antecedente masivas movilizaciones sociales contra gobiernos neoliberales y como parte de un proceso de deslegitimación del aparato político ecuatoriano. Sin embargo, fue ejecutado posteriormente y de manera parcial en una coyuntura política de distanciamiento del poder ejecutivo respecto de la movilización popular y ecológica antiminera, y como expresión de un proceso acelerado de consolidación de la minería a gran escala bajo un discurso político de minería responsable vinculado al discurso de lasuperación de la pobreza.

 

A partir de las reformas a la legislación minera en las décadas de 1990 y 2000 y de la implementación del proyecto PRODEMINCA, que acumuló la presencia de empresas extranjeras con intereses mineros en zonas rurales, se desencadenó numerosos conflictos socio-ambientales, especialmente entre los años 2004 y 2008. Esto, sumado a la pre-existente y creciente preocupación desde sectores ecologistas por el tema minero, derivó en la convergencia de las resistencias antimineras que demandaron al Estado poner un alto al avance de la minería a gran escala en Ecuador.

 

Hasta el año 2008, un total de 5’629.751 hectáreas estaban concesionadas en el Ecuador, lo que representaba el 20% del territorio nacional (Sacher y Acosta 2012). Sin embargo, a pesar que los gobiernos de corte neoliberal construyeron marcos legales atractivos para la inversión extranjera minera y el ingreso de empresas transnacionales, ha sido el actual régimen el que ha catalogado a la minería como un sector estratégico para el país (Latorre 2009). Lo que bajó las expectativas que algunos sectores sociales y ecologistas tenían en el actual régimen, el mismo que durante su campaña electoral había prometido detener el avance de la mega minería en el país.

 

En la presente investigación se analiza el incumplimiento del Mandato Minero desde tres ámbitos. El primero, en relación con la decisión política del Gobierno Nacional de ejecutarlo parcialmente.

 

En segundo lugar, se analiza el incumplimiento del Mandato Minero en concesiones que conforman cinco de los proyectos catalogados por el Gobierno Nacional como estratégicos: Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y Panantza-San Carlos. En tercer lugar, se hace un análisis de la sentencia emitida por la Corte Constitucional respecto de dos acciones por incumplimiento del Mandato Minero presentadas por organizaciones de la sociedad civil, y sus implicaciones en términos jurídicos y de derechos humanos.

 

Quito-Ecuador, 2016

 

Descargue el texto aquí:

icon Incumplimiento del Mandato Minero (6.24 MB)

 

oxfam portada

 

Para combatir la desigualdad en América Latina es necesario abordar la extrema concentración en el acceso y control de la tierra y en el reparto de los beneficios de su explotación.

Nuevos datos explican por qué América Latina es la región del mundo más desigual en el reparto de la tierra. La alta dependencia del modelo extractivista, basado en explotar a gran escala los recursos naturales, es un motor de desigualdad que ha llevado a mayor concentración de la tierra, la riqueza y el poder económico y político. Además, ha incrementado la violencia contra quienes defienden la tierra, el agua, los bosques y los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.

Es necesario detener las prácticas que fomentan la desigualdad y promover una nueva redistribución de la tierra, eliminando los privilegios de las élites y fortaleciendo los derechos de las personas y las comunidades.

 

Descargar informe aquí: icon OXFAM: Desterrados: Tierra rural y Desigualdad en AL (1.49 MB)

La Comunidad Indígenas de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, CASCOMI, ha difundido el informe de su autoría “SITUACIÓN de las familias desalojadas en Tundayme en 2015, un año después del primer gran desalojo” en el que establece los antecedentes de los hechos, su postura crítica ante la actuación del Estado frente a esta situación, y desarrolla las afectaciones en sus derechos humanos y colectivos, como son: el derecho a la vivienda, a la tierra, incluida la tierra comunitaria, el derecho al trabajo y a la cultura, al agua, a la alimentación, a un medio ambiente sano. Así también, los derechos de la naturaleza.

 

Para este informe se elaboró un banco de preguntas aplicado al 70% de las personas afectadas por los desalojos durante una de Asamblea. De esta manera se determinó que la situación personas y familiar de las personas entrevistadas ha empeorado ya que los desalojos han provocado el truncamiento del proyecto de vida familiar, “la destrucción del espacio afectivo que les unía con sus predecesores”, como una de las consecuencias más dolorosas para las personas.

 

El informe culmina señalando las reivindicaciones de la población que son:

 

  1. Restitución de las tierras y propiedades.
  2. Reparación de los daños causados.
  3. Indemnización por daños materiales y psicológicos (animales perdidos, tiempo perdido).
  4. Reparación al honor (mentiras vertidas por el Estado).
  5. Libertad de circulación y de acceso a los recursos naturales.
  6. Paralización del proyecto minero por ser destructor de la naturaleza y del tejido social.

 

Descargar informe aquí:

icon Informe: Despojo de tierras en Ecuador por minería china (14.68 kB)

portada informeEl presente estudio tuvo como objetivos los siguientes: identificar y analizar  las formas empresariales de apropiación de tierras en las zonas de  influencia del proyecto Mirador, y b) auscultar, desde la perspectiva de  derechos humanos, de qué manera estas apropiaciones empresariales  han impactado el derecho a la tierra y la territorialidad de las poblaciones  locales.

 

En 2011, la Cedhu conjuntamente con la Federación Internacional de  Derechos Humanos (FIDH) y la organización canadiense Derechos y  Democracia publicaron el informe “Intervención minera a gran escala en  Ecuador y vulneración de derechos humanos, el caso Corriente Resources”,  que documenta varias de las violaciones de derechos humanos que el  ingreso de la transnacional canadiense Corriente Resources (matriz de  Ecuacorriente) trajo a grupos ubicados en las zonas de influencia de los  proyectos Panatza San Carlos y Mirador de Ecuacorriente, en el sur de la  Amazonía Ecuatoriana.

 

En 2014, la CEDHU conformó una misión de observación a la zona de  Tundayme para verificar el estado actual del proyecto y dar seguimiento  al registro de las violaciones encontradas en el 2009. Una de las principales  conclusiones de esta misión fue que la actual empresa china continuó  demandando la ocupación de superficies de tierra habitadas por familias  indígenas y campesinas, incrementando aún más la conflictividad social  local

 

De ahí surge el interés de la Cedhu en hacer un acercamiento mayor a  la problemática de apropiación/desapropiación de tierras en contextos  de intervención minera a gran escala y de esta manera, llamar la atención de  autoridades y de la sociedad, sobre la situación de las personas que están  perdiendo sus tierras, viviendas y tejido social en nombre de un tipo de  desarrollo cuyos beneficios son cada más cuestionados en los ámbitos  nacionales e internacionales.

 

Descargue informe completo aquí

icon Minería a gran escala y apropiación de tierras (21.22 MB)

 

 

DESALOJOS EN TUNDAYME OCURRIDOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
INFORME DE MISIÓN DE OBSERVACIÓN

CEDHU, INREDH, CONAIE
OCTUBRE 2015

hermana elsie 1

Descargar informe completo:

icon Misión de Observación Desalojos en Tundayme 2015 (615.63 kB)

 

A partir de la intervención minera a gran escala de la empresa Ecuacorriente (subisidiaria de la Corriente Resources hasta el año 2010 y hoy subsidiaria del consorcio chino Tongling-Tongguanen), se han dado múltiples casos de desplazamientos de familias de la zona de influencia del proyecto Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, especialmente desde los primeros años de la década del 2000, derivando incluso en la desaparición del recinto poblacional San Marcos, cuya iglesia y escuela fueron derrocadas en mayo de 2014.

 

En la etapa exploratoria, los desplazamientos humanos se dieron en base a la compra de tierras por parte de la empresa minera -dada durante los años 2001 y 2014 (y que se caracterizó por el incumplimiento de reubicación a familias y por pagos desiguales de sus tierras). Mediante este mecanismo, la empresa Ecuacorriente logró captar alrededor de 4,000 hectáreas de tierras en la zona y estima que necesita utilizar 2.043 hectáreas más, para el desarrollo de la etapa de exploración del proyecto minero 2 . Ante la negativa de varias familias de acceder a la venta de sus tierras, la empresa ha planificado, hasta el momento actual, la interposición de 47 demandas de servidumbres.

 

De ahí que en la época actual de explotación, a los desplazamientos ocurridos por procesos de compra de tierras mencionados, se sumen las actuales acciones de desalojos producto de la interposición de demandas de servidumbres por parte de la empresa minera Ecuacorriente, especialmente dirigidas a las personas que se han resistido a dejar sus tierras y viviendas.