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transformar dolor en esperanzaPORTADALas defensoras y los defensores de derechos humanos desarrollan acciones cruciales para la construcción de un mundo donde el disfrute de los derechos humanos sea una realidad para todas las personas. Este informe, inspirado en decenios de trabajo con defensoras y defensores del continente americano –América del Norte, Central y del Sur y el Caribe–, destaca el enorme progreso que estas personas han contribuido a alcanzar y los peligros a los que siguen expuestas.

 

Al tiempo que ganan fuerza las reivindicaciones de derechos humanos en América, quienes lideran este clamor sufren amenazas, intimidación y violencia. Las defensoras y los defensores de derechos humanos son blanco de abusos graves y frecuentes desde hace decenios. Los últimos años no han sido una excepción. Al contrario, en años recientes han aumentado las noticias sobre ataques a defensoras y defensores en la región.

 

Las defensoras y los defensores han sufrido intimidación, acoso, agresiones y asesinatos. Han sido vilipendiados en la prensa y objeto de cargos falsos, juicios injustos y errores judiciales. El tipo de abusos puede variar, pero el propósito de los detractores y agresores es siempre el mismo: silenciarlos e impedir que lleven a cabo su legítimo trabajo. Los ataques tienen consecuencias devastadoras para las defensoras y los defensores, sus familias y colegas y la sociedad en general.  Al silenciarlos, los autores de los abusos no acallan una sola voz, sino las voces de víctimas y sobrevivientes que piden justicia.

 

En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado cientos de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos en América. Este informe presta especial atención a los perpetrados entre enero de 2010 y septiembre de 2012. Durante este periodo, la organización tomó acción en casi 300 casos, pidiendo a las autoridades que cumplan sus obligaciones internacionales para garantizar que las defensoras y los defensores pueden desempeñar sus acciones con seguridad. Los casos aquí expuestos son sólo la punta del iceberg.

 

Las tendencias que se observan en este informe envían un mensaje claro y urgente a los gobiernos sobre las áreas prioritarias que han de abordar para cumplir su obligación de garantizar la protección de todas las defensoras y todos los defensores de derechos humanos. Tal obligación debe concretarse en medidas urgentes destinadas a poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas contra defensoras y defensores, de modo que éstos puedan ejercer libremente sus actividades legítimas.

 

El trabajo de Amnistía Internacional en este ámbito se basa en las normas establecidas en la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos). La Declaración reitera derechos consagrados en diversos tratados y en el derecho internacional consuetudinario, así como en otras normas pertinentes de derechos humanos internacionales y regionales. Hay acciones concretas que deben emprender los Estados para garantizar los derechos de quienes ejercen sus derechos para defender los derechos de los demás. Este informe examina el concepto de defensor de derechos humanos y las normas internacionales que prevén la protección de sus derechos. Ofrece también un panorama general de algunos de los abusos más graves y frecuentes cometidos contra defensoras y defensores y de las medidas de protección integral que les permitirían llevar a cabo sus acciones en defensa de los derechos humanos en condiciones seguras.

 

El informe abarca casos de diferentes países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

 

La situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos es diferente en cada país y también varía la dimensión del problema, así como la voluntad del Estado en cuestión de reconocer el problema y tomar medidas efectivas para solucionarlo. Los casos aquí documentados reflejan esta diversidad. El informe termina con una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades y a actores no estatales pertinentes para que garanticen que las defensoras y los defensores de derechos humanos pueden hacer avanzar la promesa de protección universal de los derechos de todas las personas en la región.

 

Descargue el informe completo aquí:

icon Amnistía Internacional: Transformar dolor en esperanza. 2012 (827.64 kB)

Lanzamiento de Informe

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París, Ginebra, México, 25 de febrero de 2016 - La criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denunció hoy el Observatorio en Mexico durante la presentación de su último informe titulado “La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”. El documento da también cuenta del rol de las empresas, funcionarios públicos, fiscales, jueces, poderes del Estado entre otros, en este fenómeno.

 

El informe toma como referencia casos concretos de defensores de derechos humanos criminalizados en ocho países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú).

 

“Criminalizar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos y los derechos a la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado, por lo que resulta fundamental que los jueces y fiscales de América Latina no sean cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos humanos” señaló el Observatorio.

 

El informe destaca en particular dos ejes comunes a todos los países investigados:

 

Primero, es en el contexto de la extracción de recursos naturales y de mega proyectos en que aparecen con más virulencia los casos de criminalización a defensores. En los casos documentados, éstos defienden derechos relacionados a la tierra y al territorio ya grupos vulnerables, como comunidades indígenas, afro, rurales o campesinas. También tienen un papel clave en visibilizar las violaciones de derechos relacionados a la cuestión de la propiedad, la explotación de la tierra y sus recursos, el medio ambiente, el derecho al agua, los derechos laborales, entre otros. En los casos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú descritos en el informe, el uso indebido del derecho penal para criminalizar a los líderes y dirigentes comunitarios contribuyó a la desestructuración de sus movimientos.

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“Ocaso de la Justicia: Informe Psicosocial y de Derechos Humanos” presenta una rigurosa investigación sobre la situación psicosocial de los 10 jóvenes detenidos el 3 de marzo de 2012 en el operativo denominado “Sol Rojo” en el caso “10 de Luluncoto” y de sus familiares.

 

Este informe está basado en testimonios de los y las jóvenes presos y sus familias, recogidos por el equipo conformado por : CEDHU, INREDH y el Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Además se utilizaron herramientas de análisis psicosocial y de derechos humanos que permitieron evidenciar el estado psicosocial de las víctimas y de sus familiares.

 

El equipo técnico se encargó de la elaboración del protocolo de evaluación, de realizar las entrevistas y de aplicar el Reactivo de Goldberg, en el Centro de Detención Penitenciaria, en la Cárcel de Mujeres del Inca, y en los hogares de las familias que residen en la ciudad de Quito. En el caso de las familias de Guayas, Azuay, Imbabura, Esmeraldas se organizó una Asamblea de familiares en las que se realizaron entrevistas grupales y entrevistas personales.

 

Las entrevistas y los cuestionarios realizados evidencian impactos psicológicos en los y las detenidas, principalmente relacionados con el momento de la detención y en relación al proceso judicial, los miembros de sus familias presentan síntomas de estrés post-traumático, además de estados de ansiedad generalizada, retraimiento, insomnio, falta de apetito entre otras afecciones, que incluyen a los más pequeños de las familias. Un fuerte impacto para las familias fue el allanamiento realizado en los hogares dos meses después de la detención del 3 de marzo, manteniéndoles en una permanente sensación de vulnerabilidad.

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El viernes 2 de noviembre se celebró la audiencia concedida por la CIDH a un grupo de organizaciones de la sociedad civil que presentaron en conjunto un informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en Ecuador. En la audiencia estuvieron presentes representantes de Acción Ecológica, CEDHU, Inredh, Pachamama, Centro Lianas y Fian, para hablar de los casos de criminalización se presentaron Carlos Pérez por parte de Funagua y Delfín Tenesaca, de la Ecuarunari.  

 

El informe presentado por las organizaciones recoge el contexto, el marco normativo, las estrategias y los casos concretos de judicialización, hostigamiento, e incluso dos casos de impunidad en dos casos de muertes del activista. Durante la audiencia se manifestó que existe una persecución hacia sectores opositores a las políticas extractivistas del Estado, encabezado principalmente por grupos indígenas y ecologistas, costándoles desacreditación pública durante los discursos presidenciales, amenaza de cierre de la organización y procesos judiciales en contra.  

 

La representación del Estado ecuatoriano conformada por la subsecretaria del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la asesora del Ministerio de Ambiente, el asesor del Ministerio de Recursos Naturales no renovables y el comisionado Erick Roberts, aseguró que el Estado es el mayor garante de los derechos a la protesta y de la naturaleza, al ser elevados a derechos constitucionales e insistió que las acciones tomadas buscar guardar el derecho de las personas que no participan en la protesta cuando estas se tornan violentas. Presentó, además dos videos que describían las gestiones del cabildo quiteño para evitar enfrentamientos durante la llegada de la Marcha del Agua por la capital el 22 de marzo de 2012 y la cadena que difundió la Secretaría de Comunicación deslegitimando el informe presentado en diciembre de 2011, por la Defensoría del Pueblo sobre la criminalización de la protesta social.  

portadaAIEl martes 17 de julio Amnistía Internacional lanzó su informe basado en la investigación realizada en Ecuador, sobre el uso la detención, la privación de libertad y la presentación de cargos infundados contra manifestantes indígenas y campesinos en Ecuador entre 2009 y 2011.

 

La investigación se basó en los expedientes judiciales, correspondencia con las autoridades de Gobierno y entrevistas realizadas con representantes de ONG's ecuatorianas, abogados, además de miembros y dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas, durante la visita que realizó la delegación a Quito y Cuenca, ocasión en la que también se reunieron con autoridades del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y del Ministerio del Interior.

 

El informe concluye que en efecto, ante los actos de protesta por reivindicar el derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento frente a leyes, políticas y prácticas que les afectan, el gobierno ha respondido con procesos judiciales, además de cuestionar la legitimidad de las protestas, limitar el derecho a la libertad de expresión y reunión de algunos sectores.

 

Amnistía Internacional recomienda, entre otras cosas, retirar los cargos infundados, garantizar que no se utilizan disposiciones penales, como el terrorismo, el sabotaje y la obstrucción de vías, para castigar el ejercicio legítimo de los derechos humanos. Garantizar que toda ley, política o medida potencial que afecte a las comunidades sea objeto de un proceso de consulta con las comunidades afectadas antes de que se tome cualquier decisión y establecer mecanismos claros y justos para llevar a cabo consultas de buena fe con las comunidades afectadas, entre ellos un mecanismo para vigilar la aplicación e informar de los agravios.

 

Puede descargar el informe completo aquí:

icon AI: Para que nadie reclame nada (678.49 kB)

 

También los puede encontrar en el portal oficial de Amnistía Internacional.