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D.M. Quito, 27 de Agosto 2015

 

Las movilizaciones en el marco del Paro Nacional y el Levantamiento han sido jornadas de exigencia activa y pacífica, enmarcadas en el derecho a la resistencia, a la participación, a la organización, a la asociación y reunión pacífica y a la libre expresión. La excesiva represión por parte de agentes de la fuerza pública, han dado como resultado decenas de detenidos en todo el país.

 

DATOS CONSOLIDADOS SOBRE LOS DETENIDOS

 

  • Del 13 al 26 de agosto 132 personas han sido aprehendidas por la fuerza pública en todo el Ecuador

  • De estas 132 personas, 111 fueron puestas a órdenes de juez competente y 21 personas liberadas sin debido proceso.

  • De los 111 procesados, a 98 se les calificó la flagrancia y se les inició una instrucción fiscal por 30 días.

  • 6 líderes nacionales y regionales del movimiento indígena tienen abierta investigación previa.

  • De estas hay 61 personas que están en prisión (prisión preventiva)

  • 37 personas se encuentran con medidas alternativas a la prisión preventiva.

  • Los delitos más utilizados por la Fiscalía son: Obstrucción de servicios públicos (art. 346 COIP) con una pena de 1 a 3 años, ataque o resistencia a la autoridad (art. 283 COIP) con una pena de 6 meses a 2 años y sabotaje (art. 345 COIP) con una pena de 5 a 7 años.

  • Las provincias con mayor número de procesados son: Loja, Pichincha, Pastaza y Orellana, sumando entre ellas 71.

  • Los cantones con mayor número de aprehendidos y procesados son: Quito en Pichincha y Saraguro en Loja, sumando entre ellos 49 procesados.

 

By Amnesty International, 20 August 2015, Index number: AMR 28/2312/2015

Decenas de personas, entre ellas agentes de policía, han resultado heridas en enfrentamientos entre agentes de las fuerzas de seguridad y manifestantes en las protestas de ámbito nacional celebradas en Ecuador. Se han practicado numerosas detenciones. Dado que las protestas continúan, hay riesgo de que se produzcan nuevas lesiones y detenciones.

Ver Acción Urgente

 

21 de agosto de 2015

 

Quienes firmamos, juristas, defensoras y defensores de Derechos Humanos, docentes y estudiantes de Derecho, abogadas/os de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, en el contexto de las jornadas de protesta que la CONAIE y otros sectores sociales llevan adelante desde el 13 de los corrientes, sentimos la necesidad de pronunciarnos en los siguientes términos:

I

Invocamos la plena vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en 2008, que en su Artículo 1 proclama al Ecuador como un Estado de Derechos y Justicia, plurinacional.

II

Recordamos que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución (Artículo 11, numeral 9 CRE) entre los que se encuentra el derecho a la resistencia reconocido por el Artículo 98 de la Carta Fundamental.

III

Señalamos que de acuerdo al Artículo 158 de la Constitución “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en contra de manifestantes y líderes sociales, desdice de este precepto constitucional y del contenido en el Artículo 163 de la Constitución respecto a que “Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”. El uso de las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones contraviene el Artículo 158 de la Constitución que prescribe que “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”.

IV

Reconocemos que la declaratoria de estado de excepción, mediante Decreto 755, responde a una situación de eventual desastre natural. De ninguna manera, esta situación puede justificar excesos por parte del Fuerza Pública hacia dirigentes sociales y población civil en la totalidad del territorio nacional, y suspender derechos en relación a la emergencia debida; pues medidas como la censura previa y restricción de derechos deben guardar estricta relación a los motivos del estado de excepción. Medidas como la censura previa y restricción de derechos

deben guardar estricta relación a los motivos del estado de excepción, en este caso el posible desastre natural y no para adoptar medidas de control a manifestaciones sociales.

V

Recordamos a los servidores públicos encargados de esta grave coyuntura nacional, que de acuerdo al art. 165 de la Constitución, serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción.

VI

Rechazamos que manifestantes y líderes sociales sean detenidos por la fuerza pública sometiéndolos a golpes y vejámenes que atentan contra sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad y que podrían constituir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, proscritos por el Estatuto de Roma y otras normas de Derecho Internacional.

VII

Anunciamos que a pedido de la dirigencia de la CONAIE nos constituimos en una Mesa Jurídica Nacional que dará seguimiento a cualquier violación a los derechos humanos que se presente en el contexto de la protesta social, activando los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales necesarios para la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.

 

Por estas razones:

1. Exigimos el absoluto respeto por el estado de Derecho y el régimen democrático constituido en el marco del estado de excepción decretado, así como la plena observancia de las obligaciones internacionales del Estado con respecto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

 

2. Exigimos el cumplimiento de las garantías del debido proceso, la no criminalización de la protesta social y el respeto a los deberes especiales que tiene el Estado en relación a personas de grupos de atención prioritaria que ejercen su derecho a la resistencia.

 

3. Defendemos el derecho a la libertad de expresión y libre asociación ejercido en el marco de protestas y manifestaciones públicas, las mismas que el Estado debe respetar y garantizar mediante un uso limitado, proporcional y excepcional de la fuerza pública.

 

4. Exhortamos que las exigencias de los diferentes grupos y movimientos sociales sean debidamente atendidas y canalizadas por las autoridades públicas pertinentes, y que se respete el derecho del pueblo de participar protagónicamente en asuntos de interés público, libres de actos de estigmatización y amedrentamiento.

 

5. Exigimos que las autoridades judiciales cumplan de manera irrestricta con su deber de realizar un debido control de constitucionalidad y convencionalidad en el marco de los procesos relacionados con las protestas públicas, recordando que las obligaciones internacionales exigen al Estado no criminalizar las movilizaciones sociales.

 

6. Demandamos a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional que cumplan con sus competencias, y controlen adecuadamente el uso de los bienes públicos, el empleo de la fuerza pública, y la aplicación de la censura previa en el marco del estado de excepción.

 

7. Solicitamos a los organismos internacionales que activen los procedimientos de control establecidos en los tratados válidamente celebrados en el Ecuador en relación al Estado de excepción.

 

Quito, 18 de Agosto de 2015

 

Nina Pacari Vega

Julio César Trujillo

Farith Simon

Alejandro Ponce Villacís

Ramiro Ávila

Silvia Buendía

Mario Melo

Raúl Moscoso

Gonzalo Realpe R.

Gina Benavides Llerena

Susy Garbay Mancheno

Renata Nieto

Mauricio Alarcón-Salvador

Patricia Carrión

Milton Vargas

Lina María Espinosa Villegas

Jorge Acero Gonzalez

Pablo Piedra

María Dolores Miño

Pablo Ramírez

Marcelo Espinel Vallejo

Gabriela León

Isabel Crespo

Fred Larreategui Fabara

Arturo Moscoso

Luis Xavier Solís Tenesaca

Juan Gabriel Auz Vaca

Silvana Sánchez Pinto

Verónica Yuquilema

 

Organizaciones:

Acción Ecológica

Centro de Derechos Humanos de la PUCE

Colectivo de Abogados

Colegio de Abogados de Pichincha

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU

Comité de Derechos Humanos de Orellana

Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA

Fundación Desarrollo Solidario

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS

Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari

Observatorio de Derechos y Justicia

Red de Líderes comunitarios Ángel Shingre

YASunidos

machadignidad

 

Quienes firmamos, juristas, defensoras y defensores de Derechos Humanos, docentes y estudiantes de Derecho, abogadas/os de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, en el contexto de las jornadas de protesta que la CONAIE y otros sectores sociales llevan adelante desde el 13 de los corrientes, sentimos la necesidad de pronunciarnos en los siguientes términos:

I

Invocamos la plena vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en 2008, que en su Artículo 1 proclama al Ecuador como un Estado de Derechos y Justicia, plurinacional.

II

Recordamos que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución (Artículo 11, numeral 9 CRE) entre los que se encuentra el derecho a la resistencia reconocido por el Artículo 98 de la Carta Fundamental.

III

Señalamos que de acuerdo al Artículo 158 de la Constitución “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en contra de manifestantes y líderes sociales, desdice de este precepto constitucional y del contenido en el Artículo 163 de la Constitución respecto a que “Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”. El uso de las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones contraviene el Artículo 158 de la Constitución que prescribe que “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”.

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Boletín de Prensa

 

D.M. Quito, 19 de Agosto de 2015

 

Ante los sucesos ocurridos en la ciudad de Macas, en donde compañeros indígenas Shuar y Achuar se han movilizado exigiendo una respuesta clara por parte de las autoridades públicas y el gobierno nacional, queremos expresar lo siguiente:

 

  • Las exigencias de los compañeros y compañeras Shuar y Achuar, son exigencias legítimas, varias de ellas llevan años expresándose a través de diferentes acciones comunitarias, políticas, administrativas y legales que no han obtenido respuesta por parte del gobierno. Es así que las comunidades indígenas Shuar y Achuar han optado por realizar medidas de hecho.
  • El estado ecuatoriano ha generado un escenario de violencia en la Amazonia Sur que ha golpeado fuertemente a las comunidades Shuar y Achuar:

 

  1. El permiso de concesión en territorio Shuar, especialmente para las empresas mineras chinas Ecuacorrientes ECSA y EXA que ya muestra las primeras señales de contaminación en los ríos que alimentan a las comunidades y ha generado el desplazamiento de comunidades enteras de su territorio ancestral (Comunidad San Marcos)
  2. El retiro de la licencia ambiental para la carretera Macuma- Taisha impidiendo que el Prefecto de nacionalidad Shuar Marcelino Chumpi concluya una obra exigida por las comunidades Achuar, además de la criminalización y constante agresión a esta autoridad elegida por las comunidades y la mayoría de la población de Morona Santiago.
  3. La XI Ronda Petrolera que intenta concesionar bloques petroleros en territorio comunitario a empresas trasnacionales sin consulta previa,
  4. El asesinato de tres líderes Shuar José Tendetza, Freddy Taish, Bosco Wisuma sin respuesta de la justicia ecuatoriana,

 

Estas son solo algunas de las acciones del gobierno que han generado un escenario en el que el Pueblo Shuar y Achuar, ha tenido como última salida las acciones de hecho para hacerse escuchar y exigir el respeto a sus derechos.

 

Es así que la tensión que se vive en Morona Santiago es resultado de una violencia institucionalizada desde el estado hacia los pueblos indígenas amazónicos, que ha violentado los derechos colectivos y puesto en vulnerabilidad la vida de mujeres, niños, y hombres indígenas.

 

Las acciones de hecho en vez de tener una respuesta política y de acción han tenido como respuesta el uso de la fuerza policial y la fuerza militar, esta última de forma desproporcionada además de inconstitucional.

 

La presencia de militares en territorio de los pueblos indígenas, incluso antes de declararse el estado de excepción, son una provocación para el pueblo shuar y achuar, históricamente pueblos guerreros, además de ilegal ya que la presencia de militares en territorio comunitario contraviene los derechos colectivos de los pueblos (Art 57)

 

Esta militarización tuvo como resultado varios momentos de represión y enfrentamientos en Bomboiza, Gualaquiza, Logroño, Sucúa y la detención de varios compañeros indígenas y ahora en Macas.

 

El Domingo 16 de Agosto cuando estuvieron dadas las condiciones para un enfrentamiento que hubiese tenido resultados nefastos para nuestras comunidades, los dirigentes de las federaciones NAE, NASHE y FICSH, sabiamente decidieron retirarse voluntariamente de la vía y dirigirse en una caminata hacia Macas. Esta acción fue una muestra política evidente de la vocación de nuestro pueblo y nuestros dirigentes para encontrar soluciones. La respuesta del Gobernador de Morona Santiago fue la evasión del diálogo, mientras las fuerzas armadas militarizaron Macas.

 

Y la respuesta política del Ministro del Interior, José Serrano, fue responsabilizar a los dirigentes de CONAIE, Jorge Herrera y CONFENIAE, Franco Viteri, así como al Prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, por los hechos suscitados.

 

Estas respuestas del gobierno solo demuestran su incapacidad para comprender las exigencias actuales e históricas del movimiento indígena, además de su falta de conocimiento sobre la cultura, sabiduría, necesidades y propuestas de los pueblos indígenas. Nos asombra que estas agresiones hacia nuestros dirigentes vengan del Ministro Serrano, quien trabajó de cerca con los mismos pueblos indígenas que ahora criminaliza y reprime.

 

Queda claro quién provoca y busca desenlaces que el pueblo Shuar y Achuar nunca han deseado.

 

Desde la dirigencia regional y nacional promovemos la adopción de medidas bajo la absoluta y consciente decisión de los pueblos. Nadie ha sido obligado a salir a las calles, a nadie se ha forzado a pronunciarse o tomar medidas. Es el pueblo consciente quien se expresa por propia voluntad, por defenderse, luchando por sus derechos y por su vida, desde sus territorios y desde el ámbito nacional a través del Paro y el Levantamiento en todo el país.

 

CONAIE

CONFENIAE