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21 de julio de 2015

 

El 15 de julio de 2015, la Corte Nacional de Quito se pronunció a favor del defensor de derechos medio ambientales, Darwin Javier Ramírez Piedra, negando esfuerzos para enviarle nuevamente a la prisión.

 

Javier Ramírez fue detenido inicialmente en abril de 2014 y tras un juzgado (vea abajo) fue condenado a 12 meses de privación de libertad. Después de un recurso de apelación, la sentencia fue reducida a 10 meses, con su liberación inmediata posible por el hecho que ya había cumplido dicho período en prisión preventiva. Fue puesto en libertad el 10 de Febrero de 2015.

 

La Empresa Nacional Minera (ENAMI) – la empresa que trajo las acusaciones contra Javier Ramírez – interpuso una apelación para que implementara la sentencia original con los dos meses adicionales. El 15 de Mayo de 2015 la Corte de Apelaciones de Imbabura decidió restaurar la decisión original de privación de libertad y ordenó la detención de Javier Ramírez por 2 meses.

 

La decisión del 15 de julio pone un fín a los esfuerzos de encarcelarle a Javier Ramírez. Sin embargo, Javier Ramírez sigue teniendo una condena criminal en sus antecedentes penales.

 

El defensor de derechos humanos había sido arrestado el 10 de abril de 2014 y acusado de participar en un ataque en contra de integrantes de ENAMI que había tenido lugar el 6 de abril de 2014. Javier Ramírez se encontraba en su vivienda en el momento del ataque, pero el juez hizo caso omiso de varios testimonios al respecto. Ninguna prueba sustantiva fue presentada en su contra. Tras su liberación, después de 10 meses en prisión, ENAMI interpuso un recurso para que el periodo original de 12 meses fuera cumplido. El Tribunal concedió la apelación, aunque la defensa de Javier Ramírez interpuso un recurso de casación y el 15 de julio de 2015 la corte dictaminó que el defensor de derechos humanos ya había cumplido su sentencia y no sería encarcelado por otros dos meses.

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ACTÚA YA!

 

El defensor de los derechos medio ambientales Sr Darwin Javier Ramírez Piedra se enfrenta con dos meses de encarcelamiento tras una decisión de la Corte de Apelaciones de Imbabura de extenderle la pena por dos meses más.

 

Javier Ramírez es presidente de la comunidad de Junín, en la región de Intag, en el norte de Ecuador. Trabaja para promover los derechos del medio ambiente, así como para proteger los derechos humanos relacionados con temas ambientales, tales como el derecho a la tierra y el derecho al agua. Ha sido líder en la oposición a proyectos mineros dentro de la región de Intag, en particular el proyecto minero de Lurimagua, dirigido por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI).

 

La decisión de aumentar la condena a Javier Ramírez fue tomada tras una apelación interpuesta por ENAMI, que pidió fuera extendida. El defensor de derechos medio ambientales había sido inicialmente condenado a 12 meses de encarcelamiento por el cargo de 'rebelión'. No obstante esta condena fue reducida a 10 meses y Javier Ramírez salió libre el 10 de febrero de 2015, ya que había pasado 10 meses en prisión preventiva. Había sido arrestado el 10 de abril de 2014 y acusado de participar en un ataque en contra de integrantes de ENAMI que había tenido lugar el 6 de abril de 2014. Javier Ramírez se encontraba en su vivienda en el momento del ataque, pero el juez hizo caso omiso de varios testimonios al respecto. Ninguna prueba sustantiva fue presentada en su contra. El defensor de derechos medio ambientales ha quedado actualmente en libertad pendiente de la apelación solicitada por su defensa en contra de esta última decisión.

 

El hermano de Javier Ramírez, el defensor de derechos medio ambientales Sr Victor Hugo Ramírez Piedra, está acusado del mismo cargo de 'rebelión' en base a su presunta participación en el ataque, aunque permanece en libertad.

 

Front Line Defenders expresa su profunda preocupación sobre la acción judicial en contra de Darwin Javier Ramírez Piedra, que considera es consecuencia únicamente de su trabajo legítimo en defensa de derechos medio ambientales, y parte de un esfuerzo concertado de disuadir a activistas ambientales en la región de Intaq de organizarse en oposición al incremento de violaciones de los derechos medio ambientales en la región en relación con los proyectos mineros.

 

 

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París, Quito, Ginebra, 15 de mayo de 2015.- El Observatorio, CEDHU e INREDH condenan la lamentable sentencia de la Corte de Apelaciones de Imbabura que aumenta de 2 meses la pena inicial en contra de Javier Ramírez, por supuestamente encontrarse demostrado el agravante de haber insultado a los funcionarios de la ENAMI (Empresa Nacional Minera de Ecuador).

 

Javier Ramírez es un defensor de los derechos del territorio y del medio ambiente, en particular frente a las acciones de la ENAMI. Las organizaciones firmantes recuerdan que Ramírez fue liberado el 10 de febrero de 2015 tras pasar diez meses en la cárcel en detención preventiva acusado injustamente de sabotaje, terrorismo y rebelión

 

“Es lamentable el empeño de la empresa en obtener la mayor pena posible contra él, utilizando incluso argumentos de clara mala fe. Sentencias de esta naturaleza no hacen más que confirmar la intromisión de los intereses de las grandes corporaciones mineras en la justicia ecuatoriana con el objetivo de amedrentar los colectivos que se oponen a la minería”, afirmaron las organizaciones.

 

La defensa logró, a través de un Recurso de Casación, frenar temporalmente la detención de Javier Ramírez hasta que el caso se resuelva.

 

“Esperamos que en el análisis del recurso de casación, los magistrados tomen en cuenta que la resistencia de una comunidad que defiende los derechos sobre su territorio, comporta igualmente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión reconocidos en los instrumentos regionales e internacionales de Derechos Humanos y como tal, es la obligación de todos los Estados de protegerlos y no criminalizarlos”, agregaron las organizaciones.

 

Sumado a ello, la condena y el posterior aumento de la pena de Javier Ramírez que reafirma el carácter antijurídico de los actos de resistencia contraviene el artículo 98 de la Constitución Nacional que alienta el derecho a la resistencia en los siguientes términos : “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

 

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 icon Acción Urgente en Español (104.5 kB)

 

Darwin Javier Ramírez Piedra, activista medioambiental y líder comunitario, sigue siendo blanco de acciones en su contra, en lo que parece ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras sobre el derecho de la comunidad al agua. Esto tendrá un efecto disuasorio sobre otras personas que deseen ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.

 

Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región septentrional de Intag, ha sido declarado culpable de rebelión por su presunta participación en un ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), y ha sido condenado a 12 meses de prisión. No existen pruebas en su contra, y el tribunal rechazó varios testimonios que afirmaban que estaba en su casa en el momento del ataque.

 

Su condena se redujo inicialmente de 12 a 10 meses por buena conducta, y ha sido puesto en libertad, puesto que ya había pasado 10 meses en prisión preventiva. Tras una apelación de ENAMI, el tribunal reimpuso la condena de 12 meses. Darwin Javier Ramírez Piedra ha apelado contra esta decisión pero, si su apelación no prospera, podría ser encarcelado de nuevo.

 

El 25 de febrero, poco después de su liberación, Darwin Javier Ramírez Piedra recibió en su casa la visita de dos amigos y de compañeros de activismo medioambiental. Poco después, según ha informado, un policía llegó a su casa y empezó a interrogarlo sobre los visitantes. También ha informado de que ese mismo día, más tarde, tres personas, una de ellas identificada como miembro del personal de ENAMI, estuvieron tomando fotografías de su casa. En el exterior de la casa hay colgado un cartel contra las actividades mineras.

 

Víctor Hugo Ramírez Piedra, hermano de Darwin Javier Ramírez Piedra, acusado también de rebelión en relación con el mismo incidente, permanece en libertad, y el proceso judicial en su contra se encuentra en suspenso hasta que sea detenido.

La zona de Intag ha resistido el ingreso de la minería casi por dos décadas, en el proceso sufrieron eventos dolorosos que les recuerdan el por qué se niegan al ingreso de nuevas empresas buscando metal en sus tierras. La última empresa empeñada en esa labor es la Nacional Minera, ENAMI conjuntamente con la Corporación Nacional de Cobre de Chile, CODELCO, pero se topó constantemente con el rechazo de la población.

 

El 10 de abril de 2014 fue detenido Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, considerada el centro de la resistencia anti minera en Intag. Javier y su hermano Víctor Hugo son acusados de rebelión por supuestas agresiones a funcionarios de la ENAMI.

 

Tiempo después, el 8 de mayo de ese año ingresó personal de la ENAMI-CODELCO con fuerte resguardo policial a la comunidad de Junín. Se instalaron en el lugar por ocho días para hacer los estudios de impacto ambiental y que estos sean aprobados por el Ministerio de Ambiente, sin el consentimiento de la población, o peor aún con el tejido social resquebrajado, al tener a su líder detenido por un lado, y tener presencia policial en su comunidad.

 

Actualmente la ENAMI tiene la licencia ambiental para iniciar la exploración avanzada en la zona. Al mismo tiempo han ofrecido beneficios de todo tipo a la comunidad como fruto del trabajo de minería.

 

Javier Ramírez cumplirá 10 meses detenido, Víctor Hugo Ramírez permanece en la clandestinidad y mañana se reanudará el juicio penal en su contra que busca sentenciarlo a tres años de prisión. Es así que se hace un uso abusivo del derecho penal para criminalizar a defensores de sus derechos comunitarios y de la naturaleza, por parte de un empresa gubernamental y otra transnacional.

 

La comunidad se ve violentada en sus derechos a la participación social, a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre sus formas de vida. La zona de Intag cuenta con sus propias formas de economía comunitaria que ahora se ve amenazada.

 

Hacemos un llamado a la sociedad en general a que acompañe a Javier y a Víctor Hugo Ramírez Piedra, solicitando su libertad a las autoridades, brindando apoyo a su lucha en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y por decir NO a más criminalización.