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Comité de Solidaridad #FurukawaNuncaMás

COVID-19: Exigimos atención urgente a trabajadores y extrabajadores de Furukawa y sus familias

A través de un oficio en el que detallamos los antecedentes y la situación actual de los trabajadores y extrabajadores de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, solicitamos la intervención urgente del Estado en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, debido a la extrema vulnerabilidad en la que sobreviven cientos de familias abacaleras.

Queremos recordar que la información oficial sobre la situación en las haciendas de Furukawa dio cuenta que uno de los mayores impactos provocados por la empresa es la situación de trabajo infantil y de personas adultas mayores que vivían y trabajan para la empresa y son víctimas de accidentes laborales graves, que incluyen cortes y mutilaciones de extremidades. Este hecho preocupa particularmente en la actual coyuntura, pues ambos grupos poblacionales son los más vulnerables frente a la actual pandemia.

 
Adicionalmente, del procesamiento del registro social realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2019), se concluyó que de un total de 294 familias, 238 (81%) vivían en extrema pobreza; otras 50 familias en condición de pobreza (17 %); y sólo 6 familias estarían por encima de la línea de pobreza (2%). Esta situación no cambió ni después de las alertas emitidas por las mismas víctimas ni luego de la presentación pública por parte de la Defensoría del Pueblo, menos aún, tras el inicio del proceso penal.
 
 
Es conocido que decenas de familias fueron desplazadas de las haciendas, incluso semanas antes de la declaratoria de la emergencia. Y tampoco han sido reparadas en sus derechos; en muchos de los casos, ni siquiera se ha garantizado el derecho a la identidad ni a una vida digna ni al reconocimiento de sus derechos laborales violentados. En efecto, la situación de las familias que han vivido y trabajado en las haciendas de la empresa Furukawa ya eran gravísimas e incluso superiores a los promedios nacionales de pobreza en el sector rural a finales del 2019, dos meses antes de la confirmación del primer caso de covid-19 en Ecuador,[7] cuya tasa de crecimiento de casos por cada 100.000 habitantes es de 18,5.
 

Frente a todo lo anterior, las organizaciones que conformamos el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, solicitamos al Ministerio de Inclusión Económica y Social responder a la situación en la que se encuentran las víctimas de Furukawa de la siguiente manera:

 

1. Se garantice que las familias que fueron catastradas por el registro social realizado a partir del mes de marzo de 2019 dentro de los campamentos y haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, reciban los bonos a los que tienen derecho, incluido el Bono de Protección Familiar por la Emergencia de USD 60,00 que se entregará en los meses de abril y mayo, independientemente de que aún vivan o no dentro de las haciendas de esta empresa.

2. Se realice una brigada especial en los campamentos y haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador donde aún viven varias familias, independientemente de si trabajan para dicha empresa bajo cualquier figura o no lo hacen pero continúan viviendo en el lugar, en especial a los campamentos ubicados en los kilómetros 30, 33 y 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo (que son los que no han sido demolidos por la empresa) para la entrega de kits alimentarios en el marco de la Campaña “Dar una mano Ecuador”. De ser necesario podemos entregar un listado de las personas que están en situación más vulnerable y que viven dentro y fuera de los campamentos de la empresa.

3. Que en el marco de la brigada especial para la entrega kits alimentarios, se coordine con el Ministerio de Salud para realizar una campaña de prevención sobre el covid-19 y una evaluación y atención básica de salud, debido a las limitaciones que enfrentan para poder trasladarse hasta los centros de salud más cercanos. Además, hemos recibido denuncias de trabajadores que son trasladados en camiones (hacinados, sin mascarilla y guantes) todos los días desde Santo Domingo o Patricia Pilar a las haciendas de la empresa para trabajar, sin cumplir con las normas de seguridad y prevención del COVID-19.

4. Que en el marco de la brigada especial se actualice el registro social existente para garantizar que todas las familias que viven aún en los campamentos sean parte de la base de datos nacional que les garantice poder acceder a todos los beneficios sociales existentes en el Estado Ecuatoriano.

 

5. Que se coordinen dichas acciones con los representantes de los distintos grupos de familias que aún viven en los campamentos, es decir tanto con aquellos que aún viven ahí mientras avanzan los procesos judiciales penal y constitucional en curso y que cuentan con medidas de cautelares otorgadas por la Justicia en ambos procesos; como con los representantes de las familias que aún trabajan cosechando el abacá para la empresa bajo cualquier modalidad. De ser necesario podemos proporcionar los teléfonos de contacto de las personas indicadas.

 

Más información:  misiva completa

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