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Los términos y la manera en la que se ha realizado este convenio alertaron al equipo de abogadas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), que representa a otro grupo de trabajadores que intenta iniciar acciones judiciales en contra de la compañía porque considera que las negociaciones de estos cinco meses han sido una burla. Patricia Carrión, parte de la defensa, mencionó que el mayor temor es que haya enfrentamientos entre los trabajadores que viven aún en la línea 42 y que las condiciones de esta firma sean un nuevo mecanismo de sometimiento porque obligan a los asociados a venderle la fibra solo a la empresa, algo que justamente se criticó cuando la denuncia salió a la luz. Vea la nota completa aquí.