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La exigibilidad se refiere a la capacidad de reclamar y hacer cumplir los derechos reconocidos en las leyes y tratados internacionales. En este contexto, el trabajo de la CEDHU se centra en exigir sanciones a perpetradores dentro de un marco jurídico nacional e internacional, y lograr la reparación integral a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza.
La exigibilidad y defensa de estos derechos son una prioridad para las organizaciones que trabajamos en su promoción y protección, cuya defensa implica un compromiso activo mediante acciones legales, campañas de sensibilización o intervenciones directas en casos de violaciones, esforzándonos en exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las empresas extractivas.
Por este motivo, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos y de la naturaleza ha requerido articular con otras organizaciones de la sociedad y generar alianzas con organismos nacionales e internacionales comprometidos con la protección de derechos, destacando adicionalmente que hemos movilizado la opinión pública a través de campañas mediáticas comunicacionales.
La exigibilidad supone monitoreo y constante para verificar la implementación de políticas públicas y leyes que garanticen el respeto a los derechos fundamentales, lo que ha incluido presentar denuncias, llevar a cabo litigios estratégicos, o recurrir incluso a mecanismos internacionales para responsabilizar al Estado y/o actores privados de la vulneración a derechos humanos y de la naturaleza.
El diseño y utilización de estrategias de incidencia política ha sido esencial en nuestro trabajo como organización de derechos humanos, lo que nos ha comprometido a abogar por cambios legislativos, influir en la formulación de políticas, y participar en espacios de toma de decisiones para asegurar que se respeten y promuevan los derechos fundamentales.
En los últimos 4 años hemos participado en el patrocinio del caso Furukawa proporcionando acompañamiento legal, comunicacional y de incidencia. Se han activado garantías jurisdiccionales y presentado amicus curiae en varios casos de graves vulneraciones a derechos humanos y de la naturaleza, en particular en comunidades campesinas, afroecuatorianas e indígenas.
La defensa de los derechos humanos y de la naturaleza representa un compromiso mucho más amplio y proactivo. Hemos trabajado no solo en la respuesta a violaciones existentes, sino también en la prevención de posibles abusos y vulneraciones mediante la sensibilización de la sociedad, el empoderamiento y generación de capacidades a de personas defensoras en contextos rurales, y la promoción de políticas públicas que fortalezcan la protección de los derechos.
Nuestra labor abarca desde el monitoreo y la denuncia pública hasta la incidencia política y la movilización social, planteándonos como un objetivo fundamental crear un entorno que exija que los derechos humanos y de la naturaleza sean respetados, protegidos y cumplidos integralmente.
