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Actualmente, él continúa trabajando en las bodegas de la hacienda del kilómetro 37 de la vía Santo Domingo – Quevedo, pero en los últimos meses ha sufrido de intimidaciones y amenazas por parte de los funcionarios de la empresa. Su historia se suma a la de más de 1.244 personas, identificadas que se han dispersado con el tiempo y cuya lucha es apoyada por miembros de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Acción Ecológica y otros. Vea la nota completa aquí.
