Persisten interrogantes sobre los impactos ambientales del proyecto, el uso del agua y el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas. El caso será revisado ahora por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Quito, 4 de noviembre de 2026.
La lucha de las comunidades de Las Naves, San Luis de Pambil y El Zapotal por la defensa de sus derechos y su territorio continúa. El pasado 28 de octubre, la jueza Mónica Freire declaró improcedente la acción de protección presentada en representación de 404 personas campesinas, al considerar que no se habían demostrado vulneraciones de derechos constitucionales.
Sin embargo, la decisión no pone fin al proceso. Ese mismo día se interpuso un recurso de apelación, por lo que el caso pasará a conocimiento de una Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que deberá revisar si la decisión judicial fue correcta.
Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) consideramos que la decisión de primera instancia es incorrecta. Durante el proceso se presentaron elementos que evidencian las afectaciones y los riesgos para los derechos de la naturaleza y el ambiente, particularmente en relación con el agua y la falta de garantías para una consulta ambiental adecuada.
Un proceso minero con interrogantes sobre la consulta ambiental
Uno de los principales cuestionamientos presentados durante el juicio tiene que ver con la falta de información suficiente y adecuada a las comunidades potencialmente afectadas, así como con el incumplimiento de las garantías de consulta ambiental.
Durante la audiencia, la empresa Curimining S.A. informó que había suscrito un Contrato de Inversión con el Estado ecuatoriano en diciembre de 2023, 12 meses antes de que se realizara la consulta ambiental, en diciembre de 2024. Esta situación plantea serias interrogantes sobre cómo se asumieron compromisos de inversión antes de que se cumplieran todas las garantías constitucionales relacionadas con el proyecto.
Además, el proceso judicial permitió conocer información que las propias comunidades desconocían sobre las siete concesiones mineras adjudicadas a Curimining, que abarcan aproximadamente 20.000 hectáreas. La empresa manifestó que en seis de ellas no se habrían encontrado minerales y que, por tanto, no pasarían a fase de explotación. Sin embargo, ni la empresa ni el Ministerio de Ambiente y Energía presentaron una certificación que respaldara esta afirmación.
¿Cuánta agua necesitará realmente el proyecto minero?
Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la cantidad de agua que requerirá el proyecto El Domo y los posibles impactos sobre las fuentes hídricas de las que dependen las comunidades campesinas.
El Estudio de Impacto Ambiental aprobado en enero de 2024 contempla un uso de 5 litros de agua por segundo. Sin embargo, durante la audiencia, el Ministerio de Ambiente y Energía reconoció que esa cantidad corresponde únicamente a la fase de construcción y que, durante la explotación minera, se prevé utilizar un caudal de 28 metros cúbicos por segundo.
Esta cantidad no fue considerada en el análisis del Estudio de Impacto Ambiental. Aunque el Ministerio señaló que las solicitudes adicionales de agua presentadas por la empresa fueron negadas, persiste una pregunta fundamental: ¿Cómo se garantizará que la explotación minera no afecte el agua que las comunidades necesitan para el consumo humano y las actividades agrícolas?
Para CEDHU, el problema no es la existencia de autorizaciones de uso de agua para las comunidades, sino la falta de evaluación sobre los efectos que tendrá la demanda real del proyecto minero sobre sus fuentes hídricas.
Piedra Negra: un ecosistema fundamental para el ciclo del agua
A estas preocupaciones se suman los reportes de habitantes de la zona sobre detonaciones con dinamita en Piedra Negra, en la parte alta de Las Naves, un sector de importancia hídrica donde se encuentran las nacientes de las cuencas de los ríos Naves Chico, Naves Medio y Naves Grande.
Este ecosistema cumple un papel fundamental en el ciclo hidrológico. Su cobertura vegetal contribuye a mantener la humedad ambiental y las condiciones naturales que favorecen la provisión de agua. El propio Ministerio de Ambiente lo ha categorizado como una Zona de Importancia Hídrica Muy Alta.
Habitantes de la localidad reportaron que, después de escuchar las detonaciones, observaron cambios notorios en el agua de los ríos, particularmente por una mayor presencia de sedimentos. Estos hechos generan preocupación entre las familias campesinas, que dependen del agua para su consumo y sus actividades agrícolas.
Defender el territorio no puede convertirse en motivo de persecución
Las comunidades también han expresado su preocupación por posibles represalias contra las personas que impulsaron la acción de protección. Desde que se presentó la demanda, el territorio ha experimentado una presencia militar constante en el contexto de sucesivos estados de excepción. Además, habitantes han reportado allanamientos y confiscaciones de dinero en efectivo proveniente de sus actividades comerciales agrícolas.
La preocupación por posibles actos de criminalización contra quienes defienden sus derechos y su territorio debe ser atendida. Las personas campesinas tienen pleno derecho a expresar sus opiniones, organizarse y participar en las decisiones sobre el futuro de los recursos naturales de sus comunidades.
Quienes defienden el agua, la naturaleza y sus territorios no son delincuentes. Son ciudadanos y ciudadanas con derechos que deben ser respetados y garantizados por el Estado.
La apelación es una nueva etapa en la búsqueda de justicia
La decisión de primera instancia representa únicamente la primera etapa de este proceso judicial. Ahora, la apelación permitirá que los jueces provinciales revisen los argumentos y las pruebas presentadas por las comunidades.
Desde CEDHU reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las personas campesinas de Las Naves, San Luis de Pambil y El Zapotal en la defensa de sus derechos. Como organización de derechos humanos, nuestro rol es contribuir a que las comunidades históricamente excluidas sean escuchadas por la justicia y por las autoridades estatales.
La defensa del agua, la naturaleza y los derechos de las comunidades campesinas no termina con una decisión judicial. Seguiremos trabajando para que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados.
