Durante esos 11 días registramos hechos relativos a detenciones arbitrarias e ilegales, graves violaciones al debido proceso de varias personas en contexto de protesta social, por ejemplo, la negativa judicial a recibir recursos jurisdiccionales de Habeas Corpus, incomunicación de detenidos tanto hacia sus abogados como hacia sus familiares, traslado de detenidos a establecimientos militares o policiales que son lugares no autorizados para detenciones, falta de tiempo y medios adecuados para el ejercicio de una eficaz defensa técnica y falta de garantías para que los detenidos pudieran elegir a sus defensores. Asimismo, denunciamos la inobservancia del principio de mínima intervención penal respecto de conductas que no constituyen delitos, en especial la protesta social y los derechos de reunión y asociación, la no individualización de responsabilidades penales en los partes policiales y en algunas resoluciones judiciales, la falta de traductores y la no aplicación de estándares interculturales en casos de personas pertenecientes a Pueblos y Nacionalidades, tratos crueles y degradantes, entre otros. Leer ALERTA en PDF.
El 24 de agosto se realizará nuevamente la audiencia de casación de tres defensores de Bolívar
Este 24 de agosto se reinstalará la audiencia de casación de los defensores del agua Fausto Arechua, Wilfrido Escobar y
