Durante esos 11 días registramos hechos relativos a detenciones arbitrarias e ilegales, graves violaciones al debido proceso de varias personas en contexto de protesta social, por ejemplo, la negativa judicial a recibir recursos jurisdiccionales de Habeas Corpus, incomunicación de detenidos tanto hacia sus abogados como hacia sus familiares, traslado de detenidos a establecimientos militares o policiales que son lugares no autorizados para detenciones, falta de tiempo y medios adecuados para el ejercicio de una eficaz defensa técnica y falta de garantías para que los detenidos pudieran elegir a sus defensores. Asimismo, denunciamos la inobservancia del principio de mínima intervención penal respecto de conductas que no constituyen delitos, en especial la protesta social y los derechos de reunión y asociación, la no individualización de responsabilidades penales en los partes policiales y en algunas resoluciones judiciales, la falta de traductores y la no aplicación de estándares interculturales en casos de personas pertenecientes a Pueblos y Nacionalidades, tratos crueles y degradantes, entre otros. Leer ALERTA en PDF.

CEDHU apelará decisión judicial que negó la acción de protección de las comunidades de Las Naves frente al proyecto minero El Domo
Persisten interrogantes sobre los impactos ambientales del proyecto, el uso del agua y el derecho de las comunidades campesinas a

