Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad aprobó el miércoles, 08 de enero de 2020, el informe sobre la situación de los trabajadores víctimas de esclavitud moderna en la empresa Furukawa Plantaciones CA.
Los asambleístas que votaron a favor de que el informe sea remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis y debate son: Jaime Olivo, José Chalá, Juan Cristóbal Lloret, Tito Puanchir y Carlos López; mientras, los votos en contra provinieron de: Jorge Corozo, Carlos Cambala y Ximena Chanctog. Por otro lado, estos tres últimos votos negativos, sumados a la abstención de Carlos López, también impidieron que se incluya en el documento el llamado a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al ministro de Trabajo, Andrés Madero, por la falta de acciones claras y eficaces para resarcir a las víctimas.
1. La Asamblea Nacional resuelva el inicio de juicio político en contra del Ministro de Agricultura, por incumplimiento de funciones.
2. El pleno del Legislativo llame la atención a la exsecretaria de la Gestión de la Política, por apoyar en procesos de mediación y negociación de derechos humanos entre los trabajadores y Furukawa; de igual forma al Presidente del IESS por no comparecer, ni entregar información.
3. Los ministros de Trabajo, Salud, Educación, Inclusión Económica, Agricultura, Dirección General de Registro Civil, IESS, Secretaría Nacional de Gestión de la Política y Servicio de Rentas Internas presenten un informe semestral respecto de los avances, sanciones y acciones tomadas en este caso, en defensa de los derechos de los trabajadores de la empresa Furukawa.
4. Se remita de manera inmediata el documento a las autoridades de control para que se proceda con la reparación hacia los trabajadores de la empresa, por la vulneración de derechos humanos. Además, deberán presentarán de forma obligatoria un informe semestral de los avances, sanciones y acciones tomadas.
5. Que la Dirección General del Registro Civil, el Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, en el marco de sus competencias, establezcan los mecanismos que permitan a las personas no inscritas ejercer su derecho constitucional a la identidad y; el patrocinio legal para la inscripción tardía de los trabajadores y extrabajadores, así como de los menores de edad que habitan en los campamentos de Furukawa.
6. El documento también será enviado, de manera inmediata a la Fiscalía para que dentro de sus competencias realice las investigaciones correspondientes.
Más información en: www.furukawanuncamas.org
