El 2 de diciembre de 2014, el cuerpo de José Isidro Tendetza Antún apareció sin vida, flotando en el río Zamora, cerca del puente peatonal de Chuchumbletza en la zona de influencia del proyecto minero Mirador a cargo de la empresa EcuaCorriente S.A., en el sur de la amazonía ecuatoriana. Desde esa fecha, han transcurrido seis años y su muerte ha quedado impune, sin que el Estado haya garantizado la tutela judicial efectiva para sus familiares, sancionado a los responsables ni reparado integralmente a las víctimas ante este acto violento.
José Tendetza, de nacionalidad Shuar, síndico de la comunidad Yanúa Kim, vicepresidente de la Asociación Shuar Kakaram y ex dirigente de la Asociación Shuar de El Pangui, tenía 49 años al momento de su desaparición ocurrida el 28 de noviembre de 2014, pocos días antes de viajar a Lima para intervenir en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, en el contexto de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde tenía previsto hacer una presentación sobre las vulneraciones a derechos humanos en el proyecto de minería metálica a gran escala Mirador. El 2 de diciembre de ese año, pese a que su cuerpo estaba maniatado, fue enterrado como NN sin que se haya emprendido de manera inmediata la identificación de la víctima ni la investigación para determinar responsables.
Si bien en el proceso penal, como resultado de una segunda autopsia realizada al cuerpo exhumado de José Tendetza, se verificó que fue asfixiado y su cuerpo inerte arrojado al río; el 9 de mayo de 2016 un Tribunal Penal de Zamora Chinchipe absolvió a dos trabajadores de la empresa EcuaCorriente S.A., únicos acusados en el presente caso. El 19 de julio de 2016 la Corte Provincial ratificó esa sentencia y la Corte Nacional de Justicia, el 6 de enero de 2017, inadmitió los recursos de casación presentados por Fiscalía y los familiares de las víctimas, dejando impune esta muerte violenta.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal afirmó que “la prueba presentada por fiscalía es inicua […] la investigación realizada por el fiscal es deficiente, apurada, con falta total de técnica, sin aprovechar las formas y métodos de investigación ahora implementados en el Código Orgánico Integral Penal”.
Los familiares de José Isidro Tendetza Antún, su madre, hermanas y hermanos, hijas e hijos presentaron el 6 de julio de 2017 una denuncia contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 24 de abril de 2020, la CIDH trasladó la denuncia al Estado ecuatoriano para que se pronuncie sobre la denuncia. Se debe recordar que el asesinato de José Isidro Tendetza Antún constituye uno de los varios ataques en los que la empresa EcuaCorriente S.A., subsidiaria del consorcio de origen chino CRCC-Tongguan, estaría involucrada. Por ejemplo, el 12 de mayo de 2014 destruyó la iglesia y la escuela del Barrio San Marcos, en la parroquia Tundayme donde se ejecuta el proyecto minero; y al siguiente año, el 30 de septiembre y el 16 de diciembre de 2015, 31 familias campesinas de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) fueron desplazadas arbitrariamente y por la fuerza de sus casas y fincas para garantizar el control de la tierra por dicha empresa, sucesos que también se encuentran en la impunidad.
Desde el año 2017, el Estado ecuatoriano no ha tomado ninguna acción adicional para resolver este caso por lo que los familiares de José Tendentza y las organizaciones que lo representan –Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)– estamos a la espera de la decisión de admisibilidad que tome la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo exigimos al Estado ecuatoriano que cumpla con su obligación de investigar y sancionar este asesinato a un defensor de derechos humanos y de la naturaleza.
#JoséTendetzaVive
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