20 de diciembre de 2020
Las organizaciones que conformamos la Alianza tenemos información confirmada de que en la madrugada del domingo 20 de diciembre del 2020 un grupo de alrededor de 70 policías y militares, ingresaron a la comunidad de San Pedro de Yumate, provincia del Azuay, con el pretexto de detener a un presunto delincuente.
Según testimonios de comuneros y comuneras que huyeron del lugar del conflicto, producto de esta intervención policial, existirían personas heridas e, incluso, muertas.
A pesar de que la intervención de la policía fue en el marco de un operativo, desconocemos si existen daños vulneratorios a personas de la comunidad no involucradas con el fin del operativo. Desconocemos si la intervención en la comunidad siguió los protocolos sobre uso progresivo de la fuerza, respetando el debido proceso y garantizando los Derechos Fundamentales de las y los habitantes.
Según se nos ha informado, durante la mañana del 20 de diciembre la comunidad San Pedro de Yumate permanece sitiada por la fuerza pública, la que impide su libre movilidad y genera un estado de miedo y zozobra en la población.
Respecto de estos hechos, exigimos al Estado ecuatoriano transparencia y que informe a la ciudadanía todo lo que está ocurriendo en San Pedro de Yumate. Asimismo, le exigimos se respeten y garanticen los derechos fundamentales de las y los comuneros, sus derechos tanto individuales como colectivos.
Demandamos asimismo, la inmediata intervención de la Defensoría del Pueblo de Ecuador – DPE como institución encargada de velar por derechos humanos, y exigimos que esta situación se esclarezca con el fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan San Pedro de Yumate, sobre todo, de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores y demás población de atención prioritaria.
Pedimos a las organizaciones sociales compañeras y a medios de comunicación estar alertas y vigilantes con este suceso, para denunciar las violaciones de los derechos y frenar el estado de violencia; y alertamos de una posible criminalización a defensoras y defensores de sus territorios, Derechos Humanos y Naturaleza.
Recordamos al Estado ecuatoriano, que su razón de ser, su objetivo primordial de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, es garantizar los derechos humanos sin discriminación; ese debe ser, por lo tanto, también el rol de la fuerza pública.
