FRENTE AL DECRETO DE “MUERTE CRUZADA” LA CEDHU SE PRONUNCIA

El día de hoy, 17 de mayo de 2023, mediante Decreto Ejecutivo 741 el presidente Guillermo Lasso activó  el Art.148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones, mecanismo conocido como “Muerte Cruzada”, invocando la causal de  grave crisis política y conmoción interna como la principal motivación para tomar esta decisión que ya es histórica en la política ecuatoriana. Al mismo tiempo,  se  ha solicitado al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones extraordinarias para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas en un plazo de noventa días. Hasta que se posesionen las nuevas autoridades, Guillermo Lasso podrá emitir decretos-ley de urgencia económica previo dictamen favorable de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

Ante esta decisión, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa su preocupación pues:

1.- La “Muerte Cruzada” es un mecanismo constitucional de carácter  excepcional que puede ser activado cuando a criterio del Presidente de la República se cumpla alguna de las 3 causales establecidas en la Carta Magna. No obstante, este mecanismo no significa que pueda y deba ser utilizado de manera arbitraria. Por el contrario, disolver el máximo órgano de legitimidad democrática de un Estado, Asamblea Nacional, Congreso o Parlamento, debe ser motivado y argumentado con la mayor rigurosidad y responsabilidad. Por este motivo, afirmar que la justificación de la causal de grave crisis política y conmoción interna “exige un estándar menor”, es contrario al principio democrático.

2.-  La decisión del presidente Guillermo Lasso de aplicar la “Muerte Cruzada” se produce en el contexto del Juicio Político que, una vez que la Corte Constitucional dio paso a este acto de fiscalización, la Asamblea Nacional ejercía en contra del primer mandatario. El juicio inició el día martes 16 de mayo de 2023 para investigar la responsabilidad política del presidente en el presunto cometimiento del delito de peculado o malversación de fondos públicos en la empresa pública encargada del transporte marítimo de crudo, FLOPEC, delito en el cual estarían vinculados algunos de sus familiares y también personas de su círculo de confianza.

La acusación formulada en contra del presidente Guillermo Lasso enfatiza el hecho que él conoció estas irregularidades y no hizo nada para impedir el cometimiento de este delito, e incluso de haber protegido a los implicados. En este contexto, una de las personas cercanas a su círculo y acusado directamente por estos hechos, Rubén Chérrez, fue asesinado el 31 de marzo de 2023 por su supuesto vínculo con la mafia albanesa, sin que hasta la presente fecha las autoridades hayan esclarecido las circunstancias de este crimen .[1]

En efecto, no existe norma que restrinja la activación de la “Muerte Cruzada” cuando se halla en trámite al mismo tiempo un juicio político en contra del Presidente de la República. Sin embargo, esta  coincidencia ha propiciado que Guillermo Lasso evada el control político del que era sujeto, y por el que, en observancia del principio de responsabilidad de todo servidor público, debía responder hasta la conclusión del mismo, aunque aquello lo hubiese conllevado a perder su cargo.

3.- También llama la atención que la causal señalada en el Decreto Ejecutivo No. 741 para justificar la disolución de la Asamblea Nacional haya sido la “grave crisis política y conmoción interna”, cuando el día de ayer en su comparecencia para defenderse en el juicio político, el presidente Guillermo Lasso expuso durante aproximadamente 50 minutos el éxito de su gestión y las metas alcanzadas durante su gobierno, que en su criterio han traído bienestar a los habitantes de Ecuador.

Lo anterior hace pensar que el presidente Guillermo Lasso construye y manipula su narrativa sobre la situación del país a conveniencia, cuando lo único cierto es que vivimos una crisis social y económica profunda agudizada por la pandemia y la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, frente a la cual el gobierno ha demostrado su incapacidad para adoptar soluciones estructurales, además de haber  abandonado territorios como la provincia de Esmeraldas que vive por meses en continuos estados de excepción sin que el gobierno haya implementado mecanismos del régimen ordinario para enfrentar y solucionar estos problemas.

4.- Para justificar la conmoción interna, el decreto emitido por el presidente Lasso asegura que la “convivencia ordenada, segura y pacífica” peligra porque existen “amenazas de movilizaciones”, es decir, anticipa que criminalizará el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica de las distintas organizaciones sociales o políticas, y de la sociedad civil que, frente a esta decisión cuestionable, se planteen la posibilidad de expresar su malestar y descontento en las calles del país.

5.- Finalmente, nos preocupa profundamente que el presidente Lasso pueda legislar mediante decretos-ley en materia económica urgente hasta la designación de nuevas autoridades.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Guillermo Lasso ha intentado camuflar en leyes supuestamente de urgencia económica reformas laborales que no tienen otro fin que flexibilizar y precarizar las relaciones laborales en un contexto en el que sólo 33 de cada 100 trabajadoras y trabajadores tienen empleo adecuado, y que además centenares de personas trabajen en condiciones de explotación laboral y servidumbre de la gleba.

 No menos grave es que el día de hoy, miércoles 17 de mayo de 2023, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Fernando Santos Alvite, anunció que a través de estos decretos se eliminarán trabas burocráticas para que el sector privado impulse el área energética, lo que denota la posibilidad de privatizaciones de sectores estratégicos, e incluso facilitar procesos de licenciamientos ambientales para actividades extractivas.

Lo único cierto es que la “Muerte Cruzada” puede provocar realmente en la práctica conmoción social y crisis política al ser utilizada por una presidente con bajos índices de credibilidad, quien además con esta decisión ha evadido un juicio político constitucional.

El día de hoy, la Asamblea Nacional amaneció militarizada recordándonos las peores épocas dictatoriales que vivió el Ecuador en los años 80´s del siglo XX, y que parecían superadas. La incertidumbre jurídica se dispara pues, mientras ex asambleístas han presentado esta tarde una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del Decreto Ejecutivo No. 741, por otro lado las autoridades del Consejo Nacional Electoral han anunciado que el 24 de mayo se convocará a elecciones extraordinarias. En cambio, en lo social, mientras algunas organizaciones convocan asambleas permanentes, por otra parte las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional advierten en redes sociales que actuarán con firmeza, lo que puede interpretarse como anuncios de  represión en contra del pueblo que se sienta inconforme por esta decisión.

 Por todo lo expuesto anteriormente, ADVERTIMOS Y EXIGIMOS

A la Corte Constitucional:

En los últimos años hemos sido testigos como han priorizado resolver casos de connotación política (pugnas por alcaldías, juicios políticos, consultas populares), mientras que las personas y comunidades víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos deben aguardar años para obtener Justicia y Reparación, por lo que exigimos que estos casos sean sustanciados y resueltos a la par que se resuelvan los casos derivados de este irresponsable uso de la “Muerte Cruzada”.

También exigimos que se realice un control previo riguroso a los decretos-ley que emita el presidente Guillermo Lasso, los cuales deben ser excepcionales, necesarios y únicamente en aquellos casos en los que no sea posible esperar hasta la designación de nuevos asambleístas. La facultad de legislar no puede ser ejercida de manera arbitraria para meter por la ventana leyes que no serán ampliamente debatidas ni contarán con legitimidad democrática.

Al Consejo Nacional Electoral

En caso de que las elecciones extraordinarias lleguen a darse, se vigile la realización de procesos de democracia interna reales, se investiguen y sancionen en el ámbito de sus competencias y se denuncie los actos de corrupción que se generen, se garantice la transparencia del proceso y se implementen mecanismos adecuados de control de gasto electoral.

A los partidos políticos:

Al ser coresponsables de esta grave crisis política en la que nos vemos avocados por el incumplimiento de sus deberes frente a sus mandantes, les exigimos que en este nuevo proceso electoral se realicen verdaderos procesos de democracia interna, libres de corrupción, y se conformen listas paritarias con perspectiva de género, interculturalidad e intergeneracional.

A las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

Respeten y garanticen el pleno ejercicio del derecho a la protesta pacífica de todas las personas que se puedan manifestar y protestar, que no se abuse del poder público y se cumpla con su rol de proteger a los manifestantes del uso excesivo de la fuerza, y que no se criminalice en sus discursos a quienes protestan pacíficamente.

A la Fiscalía General del Estado y Función Judicial:

Se advierte que el uso del tipo penal de terrorismo no puede ser empleado para criminalizar la legítima protesta pública, y que el error judicial genera responsabilidades de los funcionarios judiciales. Por ello, exigimos que se proteja a defensoras y defensores de derechos en los términos que establecen los instrumentos internacionales. y que además se distinga en los casos que puedan ser puestos en su conocimiento si se tratase de un defensor o un manifestante criminalizado.

Por todo lo expresado, la CEDHU hace un llamado URGENTE a todos los organismos internacionales de derechos humanos, a los Mecanismos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ONU, a vigilar lo sucedido en Ecuador y todas las consecuencias que puede significar la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 741 firmado por el presidente Guillermo Lasso Mendoza activando la “Muerte Cruzada”, el cual puede poner en riesgo los derechos de las y los ecuatorianos y profundizar la crisis social y económica que enfrentamos.

[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/datos-asesinato-empresario-ruben-cherres.html.

 

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