Ante el Decreto Ejecutivo 754 sobre la Consulta previa Ambiental y la Consulta Previa, libre e informada
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa su preocupación por el contenido del Decreto Ejecutivo 754 del 31 de mayo de 2023 que reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en particular lo relacionado al derecho de consulta previa, libre e informada, pues facilita la suscripción de contratos de exploración y explotación minera que estaban retrasados, vulnerando el derecho de personas y comunidades a ser consultadas previo a la firma de contratos y entrega de permisos ambientales en los términos que establece la Constitución, estándares internacionales de derechos humanos y sentencias de la Corte Constitucional. Además, confunde el derecho a la consulta previa ambiental y consulta previa, libre e informada lo cual generará en la práctica vulneración de derechos.
La opinión pública debe conocer que, tanto el derecho a la consulta previa ambiental como el derecho a la consulta previa, libre e informada, por el principio de reserva de ley únicamente deben ser regulados mediante ley orgánica. En este sentido, su validez está viciada porque una autoridad con potestad normativa no puede regular un asunto que la Constitución destina a otro tipo de norma jerárquica superior, contraviniendo el artículo 84 de la CRE. Además, para instrumentalizar derechos constitucionales como el derecho a la consulta previa ambiental y consulta previa, libre e informada, se debe seguir el trámite previsto en los artículos 134 al 139 de la Constitución y las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Nos preocupa el anuncio realizado por el Ministro de Ambiente, José Antonio Dávalos, en el que señala: “Ecuador iniciará el 19 de junio un proceso de consulta ambiental para proyecto mineros, empezando por el de cobre y oro Curipamba, de US$ 250 millones, y el polimetálico La Plata, de US$ 176 millones” utilizando como base normativa el Decreto 754 pues claramente es inconstitucional. Si el gobierno insiste en utilizar este decreto para facilitar licenciamientos y contratos extractivos, entonces estaría violando el derecho de todas y todos a ser consultados, además de poner en tela de juicio la validez de los actos administrativas que se deriven de la aplicación de este decreto.
Las organizaciones de derechos humanos alertamos que el Decreto Ejecutivo No. 754 impone un proceso de Consulta Ambiental inconstitucional que pretende entregar permisos ambientales para proyectos extractivos sin que éstas cumplan con los requisitos que establece la ley y la Constitución. Por ello, para proteger el derecho de todas las personas que habitamos este país y a los territorios, los pueblos y nacionalidades que se oponen a las actividades extractivas que destruyen su territorio de vida y la naturaleza, la CEDHU solicita a la Corte Constitucional suspender la aplicación de este Decreto que evidentemente vulnera derechos y declarar su inconstitucionalidad pues constituye una amenaza al ejercicio de los derechos.
